No faltan palabras de elogio por parte de reputadas instituciones y pedagogos que pretenden sacar lustre al término guardería y al tan denostado sector; “La Educación Infantil es la base del sistema educativo”, “La importancia de la Educación Infantil en la compensación de desigualdades sociales y la prevención del fracaso escolar”, “La Escuela más importante es la de los primeros años”... ¡Y qué decir del interés expreso por parte de la mayoría de los partidos políticos en la universalización y gratuidad de la Educación Infantil! Curioso consenso....
Mientras que con el discurso enaltecen la función de los centros responsables de la educación de los más pequeños, con las medidas administrativas que se han articulado, durante la crisis provocada por el covid-19 para paliar todas las dificultades que está sufriendo el sector, la han devuelto a su cruda realidad, la de guarderías.
Dirijo un Centro de Educación Infantil desde hace ahora diez años. Nuestra Escuela surge como iniciativa de una cooperativa sin ánimo de lucro, fundada en el año 2000, por unas compañeras de estudio que teníamos el firme propósito de crear un espacio educativo para investigar y desarrollar nuestro trabajo en la línea pedagógica en la que creíamos. Hemos padecido en estos diez años muchos momentos de crisis que han hecho tambalear nuestra continuidad, pero en los últimos meses estamos asistiendo a un menosprecio absoluto por parte de la administración pública y su administración paralela (sí, esa, la que con vehemencia criticaban cuando estaban en la oposición, que prometieron eliminar y que ahora cínicamente sostienen).
Somos muy conscientes del lugar que administrativamente ocupamos dentro del Sistema Educativo, pero eso en ningún caso justifica el trato que estamos recibiendo. ¿Por qué la Administración andaluza ofrece como ayuda, desde mediados de marzo hasta julio, un importe (180,20 euros por niño/a matriculado) por debajo del precio oficial del servicio de atención socioeducativa, que ha puesto en riesgo (aún más si cabe) la continuidad de una red de centros conformada en su inmensa mayoría por mujeres autónomas o pequeñas empresas que contratan a miles de mujeres? ¿Por qué a estas alturas del mes de agosto muchos centros de toda Andalucía aún no han recibido la segunda mitad de la ayuda concedida correspondiente para los meses de marzo a junio?
Esta red de centros tan elogiada, no sólo por la relevancia que, desde el punto de vista del desarrollo, tiene para la primera infancia, sino por su importancia para permitir la conciliación laboral y familiar, ante la insuficiencia de las medidas ofrecidas por la administración, se ha visto abocada en muchos casos a los ERTE o a seguir acumulando deudas (la banca se ha vuelto generosa con la crisis).
La situación de vulnerabilidad que vivimos nos lleva a estrangular cuentas ya difíciles, aceptar el amable ofrecimiento de los bancos cargados ahora de “productos” muy ventajosos y acogernos a una ayuda que no ha hecho más que poner de manifiesto la indefensión aprendida de nuestro sector.
Nuestra existencia, la de miles de centros en Andalucía, surge de iniciativas laborales particulares (eso tan alabado y reconocido en estos tiempos que llaman ¡mujeres emprendedoras!) y viene a paliar la insuficiencia de la Administración para atender un derecho fundamental que es la educación de la población infantil menor de tres años. A pesar de nuestra incuestionable contribución en este sentido (suponemos casi el 90% de los centros de primer ciclo), hemos ocupado un lugar, social y administrativo, que ha estado siempre atravesado por una enorme incertidumbre ocasionada por múltiples factores; la inconsistencia y la provisionalidad de las formulas administrativas que se han utilizado con nuestro sector (ahora adhesiones), la progresiva bajada de la natalidad, la voluntad de la administración para que siga habiendo centros que se adhieran (y así engrosar datos estadísticos que le dan rédito político) obviando el notable descenso de matrículas y con ello el elevado porcentaje de vacantes, el planeamiento sobre nuestras cabezas de las consecuencias que tendría para nuestros centros, que se materializase la propuesta de universalización y gratuidad de la Educación Infantil del primer ciclo, el firme rumor (ya realidad en algunas comunidades autónomas) de desmembrar el primer ciclo y pasar el tramo de 2-3 años al segundo ciclo de Educación Infantil y un larguísimo etcétera....
Esta incertidumbre se agrava aún más con el silencio atronador de la administración con respecto a un futuro incierto y alimenta la indignación del sector, que ha asumido en silencio todas las instrucciones y exigencias recibidas por parte de la Consejería de Educación respecto a la puesta en marcha de un curso que dará comienzo en breve, sin respuesta alguna a preguntas esenciales; ¿Cómo se va a proceder en caso de que se detecte un caso en nuestros centros?, ¿este hecho implicará un cierre parcial o total?, ¿se nos va a tener en cuenta como parte beneficiaria de ese compromiso de ampliación de personal de apoyo y limpieza como a otros niveles educativos?, ¿se va considerar la merma económica que van a provocar posibles bajas, de niños/as, ocasionadas por el temor de las familias al contagio o por circunstancias de desempleo (ERTE) producto de la pandemia?, ¿se ha previsto el sobrecoste en personal que puede suponer, para el funcionamiento de nuestros centros, el que ante síntomas compatibles con Covid-19 las educadoras tengan que estar en cuarentena o de baja?, ¿qué ocurre con la financiación de nuestros centros en caso de que se determine otro cierre o se produzca algún contagio?, ¿se nos abonará el precio oficial del servicio de atención socioeducativa (completo) por niño/a? Quedamos a la espera de que los responsables públicos se dignen a ofrecernos, al menos, respuesta a estas cuestiones y un compromiso firme para garantizar dignamente nuestra continuidad y la de miles de puestos de trabajo, ocupados esencialmente por mujeres, que ahora están en jaque... esperemos que no mate.
Manuela Castaño Garrido es maestra y licenciada en Psicopedagogía
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