El consejero de Educación, Javier Imbroda, seguido de Elías Bendodo. FOTO: JUNTA DE ANDALUCÍA
El consejero de Educación, Javier Imbroda, seguido de Elías Bendodo. FOTO: JUNTA DE ANDALUCÍA

El pasado lunes 13 de abril, a las 19:00 horas, el sindicato conoció por la prensa, como ya viene siendo costumbre con este Gobierno, las posibilidades que se barajan desde la Consejería de Educación con respecto a las clases:

«La primera, que se pueda recuperar la normalidad de las clases una vez que se relajen las medidas de distanciamiento social», solo sería viable si se encontrase una vacuna a tiempo y pudiese protegerse de manera masiva al total de la población. Todas desearíamos poder retomar las clases de manera presencial pero, tal y como afirma la propia Consejería, «esta opción es hoy por hoy muy improbable», ya que en tanto que se vayan relajando las medidas de confinamiento, irán ascendiendo los casos de coronavirus y será necesario volver a endurecer las medidas sanitarias de aislamiento.

«La segunda, que se prolongue la situación actual (con alumnos y profesores trabajando desde casa) hasta final de curso». Esta medida cuenta con numerosos inconvenientes, como ya hemos denunciado en CGT: profesorado sobrecargado que prolonga su jornada laboral más allá de su horario lectivo; alumnado estresado y saturado de deberes; familias desbordadas que no saben o no pueden atender a sus hijos e hijas; familias que tienen que compaginar su propia jornada laboral con la conciliación familiar; familias sin recursos materiales o con recursos escasos o no disponibles (un solo móvil u ordenador por familia, madres y padres que necesitan salir a trabajar y se llevan el móvil, hogares sin conexión a internet, tarjetas de prepago con megas limitados…); falta de coordinación entre equipos docentes; alumnado ausente que lleva sin conectarse desde que comenzó el confinamiento; alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no está recibiendo la atención adecuada; etc. Con todo, a medida que pasan los días, profesorado, alumnado y familias se están acostumbrando a esta situación y cada vez están resolviendo las dificultades mejor. Dentro de lo que cabe.

«La tercera y más plausible, que los docentes vuelvan a trabajar de forma presencial a los centros pero sin alumnos, de manera que la misma tarea que ya realizan individualmente se pueda seguir desarrollando de forma mejor coordinada y efectiva y con los medios que la Consejería pueda poner a disposición de los colegios e institutos». Esta medida, que a la Consejería le parece «la más plausible», es sin duda la peor opción de todas. No entendemos que se obligue al profesorado a desplazarse a los centros educativos, reconvertidos ahora en call centers, para hacer desde allí lo que ya está haciendo desde su casa. Los problemas que se plantean son muchos y diversos: ¿Cómo se va a garantizar la seguridad del profesorado y del PAS? ¿Se le dotará de EPI (mascarilla, guantes, gafas y mono con calzas y capucha? ¿Se desinfectarán los centros educativos? ¿Habrá un ordenador con conexión a internet y cámara para CADA UNA de las personas docentes? ¿Y las personas con interinidad que trabajan fuera de su hogar habitual? ¿Tendrán que volver a trasladarse de localidad? ¿Es preferible aumentar los desplazamientos y con ello el riesgo de contagios?

Cabe preguntarse si esta última y «más plausible» medida no vendrá motivada por un afán fiscalizador para controlar que las docentes efectivamente está trabajando, como si desde sus hogares no lo estuvieran haciendo ya, como si estuvieran de vacaciones y para justificar su sueldo tuviesen que poner su salud y la de sus familias en riesgo.

Nuestra organización ha requerido por escrito a las Jefaturas de Recursos Humanos de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación, de quienes dependen los Comités de Seguridad y Salud, que velen por el cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales, como les compete. Hemos pedido que se informe de cómo va a ser el proceso de desescalada.

Tras no obtener respuesta a nuestra petición, nos dirigimos a usted, que, en último extremo, es responsable de la seguridad y salud de todo el personal que trabaja en los centros educativos andaluces. Por lo que le exigimos:

  • Que establezca un protocolo claro para el personal que deba acudir a los centros.

  • Que se coordine con los ayuntamientos para que fumiguen los centros antes y después de cada jornada. El Ministerio de Sanidad, en el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 8 de abril de 2020, indica: “Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza”.

  • Que las personas que tengan que ir a trabajar a los centros educativos sean dotadas del material necesario (EPI) para garantizar sus condiciones de salud y seguridad.

  • Que no escatime en ello (guantes, mascarillas, mamparas…), pues será responsable en caso de que alguno de sus trabajadores contraiga el COVID-19 o pueda fallecer como consecuencia del mismo. El BOE de 8 de abril de 2020 incluye un Decreto Ley en el que se modifican varias de las medidas tomadas hasta el momento para hacer frente a la crisis sanitaria. La modificación, que entró en vigor el 9 de abril, establece que si se prueba que el contagio se ha producido de forma exclusiva por la realización del trabajo se trata de un accidente de trabajo normal. Y, si se diera el caso, se le aplicarían las indemnizaciones por fallecimiento o las responsabilidades civiles o penales.

  • Que tenga en cuenta como grupos vulnerables para COVID-19 a las personas: con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.

  • Que se establezcan unas normas sobre el espacio en las aulas y la distancia mínima de separación, dada la saturación de ratios en muchos casos.

  • Que se tenga en cuenta que gran parte del alumnado puede corresponder a casos asintomáticos, por lo que es preciso que se tomen todas las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del virus no solo a los docentes, sino a sus familiares y, en especial, a los familiares que se consideran grupos de riesgo.

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