El 1 de julio de 2015 sufrimos un notable retroceso democrático. La libertad se colocó en el punto de mira. Ese día entró en vigor la conocida como Ley Mordaza, marcando un hito en las estrategias de regresión al autoritarismo que, con su mayoría absoluta, impuso el PP, reduciendo y penalizando el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Una ley ampliamente contestada por todos los partidos y por centenares de ONGs sociales y de defensa de los Derechos Humanos. Una Ley que suscita el rechazo de una amplia parte de la población y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, con escaso resultado hasta el momento. Resulta además llamativa la agilidad del Constitucional cuando se dirimen cuestiones relacionadas con Catalunya, en contraste con la recurrente lentitud del tribunal cuando se trata de derechos fundamentales de la ciudadanía.
Todos los partidos, menos el PP, se comprometieron a derogarla cuando cambiase la mayoría parlamentaria. Pero el Congreso hasta ahora ni ha podido empezar la tarea por el bloqueo sistemático desarrollado por el PP y Ciudadanos desde su mayoría en la Mesa. Este jueves próximo se constituye por fin la Ponencia para su modificación trabajando sobre una proposición del PNV.
Pero no ha sido sólo la Ley Mordaza la que ha puesto en marcha el profundo recorte de derechos. Se trata también de la Reforma del Código Penal aprobada en 2015 por el PP que no por casualidad entró en vigor el mismo día que la Ley Mordaza. Porque se retroalimentan y no se comprende la una sin la otra.
Ambas leyes son jalones destacados de una opción de supuesta defensa de la seguridad ciudadana que prevalece al ejercicio de las libertades, al que tendríamos que renunciar. Un concepto tan difuso y subjetivo como la inseguridad ciudadana, se restringe exclusivamente a la prevención de delitos y de conductas molestas. Pero que nunca se vincula a la inseguridad que siente la sociedad ante la pérdida de sus derechos: la vivienda, el trabajo, las prestaciones sociales, es decir, la seguridad y garantía de tener unas condiciones de vida dignas.
Digamos que el objetivo no declarado de estos recortes liberticidas fue el control de la disidencia política, la represión de la protesta social y la criminalización de determinados sectores sociales ya marginalizados por el sistema socioeconómico vigente. Por ello el entramado legal puesto en pie por el PP buscó la intimidación preventiva, la autocensura y la represión sobre acciones, palabras e incluso gestos que impliquen la defensa y ejercicio de los derechos.
El ataque desatado en los últimos años contra el ejercicio de derechos fundamentales como el de expresión e información, el de manifestación o reunión, o los atentados contra la integridad física y moral de las personas, ha sido auténticamente espeluznante. Tuiteros, titiriteros, artistas, cantantes, periodistas, sindicalistas, trabajadoras sexuales, manifestantes, gente que simplemente quería votar o simplemente hacer un chiste en las redes sociales… La lista sería interminable y no deja de crecer, no sólo en número sino en la variedad de las acciones o comportamientos punibles. Ello nos dibuja una democracia limitada de muy escasa calidad.
Como he dicho en otro lugar todo ello no sería posible sin que exista un buen número de jueces profundamente conservadores, patriarcales y reaccionarios cuya aplicación de los procedimientos legales es en muchos casos arbitraria y cuyas sentencias nos estremecen por la contundencia del sesgo ideológico y por el carácter ejemplarizante de las penas impuestas
Se hace visible un entramado integral que tiene unas lógicas contrarias a la libertad y el derecho de toda la ciudadanía. Con cada nuevo caso, se va produciendo una nueva vuelta de tuerca en la estrategia represiva, un modus operandi nada nuevo en modelos autoritarios, pero desconcertante en un Estado que pretende seguir ostentando un modelo democrático.
Entre leyes, sanciones, encarcelamientos y amenazas, lo que persiguen es que tengamos miedo antes de hacer o decir, para que ante la duda nos quedemos en casa, inmóviles y en silencio y cada vez más desorganizados.
Pero no lo están consiguiendo. Esa es justamente la rabia que muestran quienes promueven las mordazas y persiguen el ejercicio las libertades. Las personas represaliadas no están solas, numerosos colectivos están adquiriendo experiencia, formación y conocimientos con las que organizarse y apoyarse. La amplitud de los casos hace imposible que cualquiera no se sienta identificado con alguna de las causas, también genera experiencia para construir soporte jurídico para quienes continúan apostando por el ejercicio de la libertad y la reclamación de derechos.
Una buena muestra de ello son las jornadas que la APDHA (junto al Ayuntamiento y la UCA) organiza los próximos días 25, 26 y 27 de octubre. Unas más que oportunas jornadas en la que participarán muchas de las personas afectadas por esta deriva represiva, amén de personas expertas en las diferentes dimensiones tipológicas de la misma. Un programa de participantes que describen un panorama amplio y cohesionado a la vez, una imagen que muestra como caminos que quizás nunca habrían de encontrarse, acaban coincidiendo y generando sinergias cargadas de futuro.
Pero sobre todo será un clamor que rompa el miedo y el silencio rompiendo con el corsé represivo para conseguir que la libertad salga del punto de mira y se instale definitivamente en el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.
Comentarios