Es una frase comodín de Alberto Núñez Feijóo con recuerdo de un régimen ya pasado, aunque no haya pasado para él y los suyos. La usa cuando ejerce su derecho a la oposición, con todo el derecho a oponerse. Pero al mismo tiempo afirma hacerlo “por el bienestar de todos los españoles”. Pensará que nos lo vamos a creer. Porque oponerse es un derecho y casi siempre un deber, lo que hace pensar es el porqué y a qué se opone cada cual. Cuando la oposición es a mejoras, huelga esa oposición. PP y Junts tienen en esto un objetivo común que es todo lo contrario de beneficiar a la mayoría, pero con ello bucean en el mar de detritus del peor estilo, del más antidemocrático, cuando esa oposición provoca daño a la mayoría. O sea: a todos los españoles.
Feijoo es más rápido que Junts, tiene menos problemas para hacer la guerra al Gobierno porque la posición del PP es oponerse, no importa que el asunto a votar sea bueno o malo para todos los españoles, frase más que sobada por quien querría ser presidente en lugar del presidente, en clarísimo plagio de Uderzo y Goscinny, pero un poco más que los creadores franceses. Oponerse a todo, da igual lo que se vote, para ellos que su oposición desprestigie al gobierno está muy por encima del bienestar común o siquiera de una ligera mejoría, un alivio de diez mil millones de euros.
Pero el PP es claro, no tiene razones, pero tiene un motivo para oponerse: poner zancadillas, disminuir y si pueden anular mejor, cualquier posibilidad de mejora, si la mejora no es para sus amigos del IBEX. Se nota de lejos y nada es mejor para ellos que la posibilidad de achacar al Gobierno, su enemigo, la falta de inversiones o cualquier mejora que pudiera hacerse con esos diez mil millones a cuya recepción se están oponiendo ahora en la tranquilidad de saber que habrá quien los crea.
Lo de Junts es peor. Para quien les dio la razón en su reclamación independentista, para quien se sintió traicionado ante la inmediata vuelta atrás en la declaración unilateral de independencia, la traición ahora es más grave y más dolorosa. La oposición del PP está clara, como ya se ha dicho: persigue impedir poner en marcha medidas sociales, cosa que le preocupa muy poco; salvo que pudiera minorar, aunque fuera levemente, los intereses particulares del IBEX y la banca. Solamente eso y nada más que eso. Pero el motivo expuesto por Junts hace dudar de su capacidad craneal: No apoyar los decretos, si no se sanciona a las empresas que trasladaron sus sedes, no llega ni a pretexto. Ellos saben lo que sabe todo el mundo: ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué fundamente jurídico puede un gobierno sancionar a unas empresas por haber trasladado su sede social? Con esta oposición más cerril que cerrada, quien más perjudicado quede volverá a ser Andalucía. Otra vez. Pero su explicación da para otro artículo.
Y es que PP y Junts están en consonancia, más de lo que pudiera parecer a tenor de su discurso. Pero olvidemos la palabrería y vayamos a los hechos. El PP tiene todo el derecho a oponerse a los decretos, pero al menos podría exponer unos motivos basados en el contenido de esos decretos en vez de limitarse a crear malestar una vez más, para perjudicar al Gobierno, aunque en vez de al Gobierno perjudique a todos los españoles. Claro, ese es su estilo, el de quien no tiene estilo, capaz hasta de retrasar la recogida de los pellet, con tal de crear conflicto. El PP debería dejar guardada la pulserita, pues el patriotismo no se limita a los símbolos externos, es más bien de defensa de los derechos de la mayoría. No es de recibo privar a todos los españoles de alguna mejora, por pequeña que sea, solo porque para ellos es más importante las consecuencias que su negativa pudiera tener sobre el gobierno, que la que pueda afectar a la inmensa mayoría. A todos los españoles, Por quienes debería hacer más y hablar menos.
¿Y Junts? Tan acostumbrados están por amagar y no dar, que será imposible adivinar a qué obedece su intención de voto. Porque las sedes de las empresas volverán si a cada una de las que la trasladaron les parece oportuno, porque ni el hecho es susceptible de sanción, ni el gobierno, ningún gobierno puede sancionar a una empresa por trasladarse a otro lugar. ¿No había ningún resquicio, ninguna frase mejorable en los decretos capaz de justificar su revisión u oposición? Ante la falta de argumentos, ¿solo se les ha ocurrido exigir un absoluto imposible? Pues ¡en qué manos estamos!
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