La crítica carece de valor cuando le falta personalidad, inventiva, cuando se limita a seguir otras críticas, peor aún si esas “otras” están inspiradas por algún partido político. Los partidos buscan sus propios intereses, incluidos sus compromisos económicos, unas veces porque sus dirigentes formen parte al mismo tiempo de grupos de poder o de influencia, otras porque esos grupos les hayan inducido a defender sus preferencias políticas. Y alguna vez, las menos, por pura coincidencia ideológica (más bien económica, pues la ideología murió hace tiempo). Gran parte de la cúspide económica está muy enfadada con el gobierno de coalición, porque ha obligado a la oligarquía financiera y bancaria a colaborar con el Estado para mejorar la situación económica y levemente el nivel de vida de los más desfavorecidos y, lo que más les ha dolido, a tenor de la oposición frontal de Garamendi y Feijoo: la subida de salarios y pensiones, en especial la primera, porque las pensiones salen de la Seguridad Social, pero los salarios los tienen que satisfacer los empresarios quienes, en principio, han creído ver ligeramente mermados sus beneficios.
Según decían tan preclaros defensores de los que más tienen y de que sigan ampliando su poder a costa de los que menos tienen, “sería imposible sostener la subida de salarios”, y además “perjudicaría a la economía”. Sin embargo, como se ha podido ver, ha sido al contrario: si la gente gana más puede gastar más y eso va en beneficio de la producción, por lo que aumenta el beneficio de las empresas. Sin embargo, la subida ha sido insuficiente y su efecto todavía no ha llegado a todos. Pero eso no significa que sea inválida, sino todo lo contrario: esa es la línea en la que se debe incidir porque es la que mejora y dinamiza la economía. Todavía los salarios españoles son los más bajos de Europa, es otro dato también a favor de la subida, a pesar de las quejas y la oposición del financiero y el político.
Sólo el mosqueo de la banca, el IBEX y la cúspide empresarial, puede explicar por qué el término “sanchismo”, aunque ninguno de sus inventores ni sus usuarios sea capaz de explicar qué significa tal palabro. Las decisiones del gobierno actual han sido de una coalición que el propio Sánchez se ha visto obligado a aceptar, como se verá obligado a aceptar otra si no alcanza mayoría absoluta. Pero eso no es una responsabilidad de Sánchez, ni siquiera es una responsabilidad. Es una ventaja que decida una mayoría que constituye una mayor representatividad de la que podría ostentar ninguna mayoría absoluta de ningún partido, sólo útil para implantar su dictadura personal, como ya hemos sufrido sobradamente en varias ocasiones.
Por eso lo único verdaderamente peligroso sería una mayoría absoluta o formada por la agrupación de quienes se han negado de forma sistemática a cualquier mejora, como han venido haciendo Feijoo y Abascal durante toda la legislatura que termina. Está claro que ni uno ni el otro han disparado “tiros en la nuca”. Tampoco lo hizo nunca Otegi y se le recrimina por el sólo hecho de ser independentista, a pesar de haber sido fundamental para que ETA abandonara las armas y terminara por disolverse. ¿Qué es lo que molesta, entonces, que ETA se haya disuelto? Es lo que parece a la vista de las críticas conservadoras y filo-fascistas.
Lo que debe o al menos debería preocuparnos es la gestión. Eso es lo que mejor se puede dilucidar a tenor del comportamiento de cada uno en estos cuatro años; no si algunos miembros de uno de los grupos coaligados formó parte de una organización ya extinguida a quienes lo que se le pedía era precisamente su integración en el juego democrático. Es ruin y mezquino recurrir al pasado cuando han cumplido el rol que se les pedía. Y más ruin y más mezquino aún valorar positivamente el comportamiento de quienes se han negado reiteradamente a la defensa de las víctimas de violencia, a la reforma laboral, al aumento del salario mínimo, a los ERTEs, al ahorro para las familias aportado por la excepción ibérica, a las becas para que todos puedan estudiar, al apoyo a la enseñanza pública, a mejorar la atención sanitaria, a una ley para suavizar mínimamente las condiciones leoninas de los alquileres de vivienda, a que las grandes fortunas coticen para colaborar con el Estado como lo hacen los trabajadores por cuenta ajena y autónomos.
Aquí está la “obra” de unos y otros. Lo único presumible es que si gobernara el amigo del capo, activaría la ley mordaza y los salarios no subirían en muchos años, y si no bajaran sería a su pesar, por imposibilidad manifiesta, entre otras “lindezas” reflejadas unas líneas más arriba.
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