Sube el precio del alquiler en la provincia de Cádiz.
Sube el precio del alquiler en la provincia de Cádiz. MANU GARCÍA

Especular no es elucubrar, ni imaginar, es “alterar el precio de las cosas para obtener beneficio”. Y no hay precio más alterado que el de la vivienda. Hace tres días el Ayuntamiento de Sevilla pagó por viviendas a varios particulares casi el doble de lo que le hubiera costado construirlas. Lamentable forma de alterar su precio y dar motivos a otros propietarios para elevar los de su ambición. Todo ello a pesar de la crisis económica, que en situación y país normal obligaría a bajarlos. Pues aún así, hay quienes hacen verdaderos juegos malabares para impedir que bajen los precios. Hace una semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (¡anda ya!), se descolgaba con un concepto absolutamente inválido de nacimiento. Dicen sus conclusiones: “Limitar administrativamente los precios de los alquileres puede beneficiar en un principio a los inquilinos, pero a largo plazo les perjudica, porque desincentiva la salida al mercado de muchas viviendas y la escasez acaba encareciendo los precios”. La Organización (¿para la cooperación?) no estará promoviendo el incumplimiento de la ley, seguramente tan sólo olvida, olvido lamentable, que si los precios están regulados por ley, quien los elevara cometería delito.

La OCDE se suma así al criterio canalla y egoísta de defender la “libertad” (supuesta) de unos, para empobrecer y esclavizar a otros, que es a donde vamos. La esclavitud, aparte por secuestro, se establecía cuando el pago de la deuda se hacía imposible por el monto de los intereses. En este caso, la dependencia de bancos y caseros en general, viene por la imposibilidad de disfrutar un precepto constitucional, por sufrir la humillación del desahucio y el nomadeo resultado del contrato, siempre complaciente con los gustos del casero; por vivir de por vida forzado a enriquecer a quien un piso le equivale a un sueldo extra.

La OCDE se equivoca en su defensa de promotores y constructores, porque a su sombra intentan aprovecharse inmobiliarias y propietarios de todo tamaño, en busca del máximo beneficio. Unos y otros se equivocan porque el camino es el menos directo, el menos seguro para obtener beneficio real: para que las viviendas se vendan hace falta que hagan falta, es decir, que la oferta iguale o supere a la demanda, en primer lugar. Y para que  se vendan y se alquilen de forma no intermitente, es necesario que los verdaderamente necesitados, las familias, puedan afrontar su pago.

La OCDE también desaconseja limitar los desahucios y, como no hay otro, el pretexto es el mismo: si los voraces propietarios no pueden echar a la gente para ganar más pasta se retraerá el número de viviendas en alquiler. Sin pretenderlo, la organización destaca la falta de perspectiva de la usura, pues la inmensa mayoría de los desahucios se dan por falta de medios para hacer frente a los elevados precios del alquiler. El remedio, pues, no es dejar en la calle a quien no disponga de medios suficientes, es llevar los precios a un nivel razonable, acorde a la situación económica.

También aconseja al Gobierno con justeza y sabiduría: la mejor forma de contribuir a bajar precios es el desarrollo público de viviendas (que puede ser directo, por construcción, o por adquisición de algunas de las miles de promociones sin futuro. Naturalmente, no a los precios exigidos por sus especuladores propietarios). Si se cubre la necesidad de viviendas, la actual escalada de precios tiene que minorar, porque la demanda dejará de superar a la oferta, como ocurre ahora con creces, circunstancia de la que se aprovechan propietarios, promotoras e inmobiliarias. ¿Se opondrán a la iniciativa pública bancos y promotoras con pretextos como el de competir con la privada? Manifestaciones probablemente no habrán, pero presiones, ya las hay. Los promotores y propietarios de viviendas ven peligrar su boyante negocio si el Ejecutivo entra a resolver el problema de las familias necesitadas. “Torpe y ciego te hace el egoísmo …”, porque las que ellos construyen y promocionan no pueden ser compradas más que por quien tiene dinero para eso. Y esos, ya tienen vivienda.

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