En el número del mes de julio de 1977, la revista ICE publicada por el Ministerio de Industria, reconocía que Andalucía “ha venido siendo algo así” como una colonia situada al sur”. Andalucía es tierra conquistada, nación colonizada dentro de la civilizada Europa. Además de ese artículo lo refrenda el tratamiento recibido de los distintos gobiernos en los últimos doscientos años. Si realmente fuera considerada parte integrante del Estado español al mismo nivel de las otras dieciséis comunidades, se reconocería el grado de discriminación y tendrían que repararlo, pero a las colonias no se les reconoce discriminación porque no tienen reconocido el mismo derecho que los estados, departamentos o provincias de la metrópoli. Por tanto, es el Estado español quien tiene el deber de definir y definirse. De reconocer cuál es el status de Andalucía respecto a España.
Una vez dentro de la Unión Europea, la banca, el gobierno autonómico, el central-centralista y Europa, solo precisaban continuar. Mantener el papel ya dispuesto por España para Andalucía. Pero, más que eso, lo han sublimado, lo han acrecentado, multiplicado. El proyecto en su aspecto genérico, elaborado, no ya por Europa, sino por el reducido puñado de amos del mundo, no es exclusivo para Andalucía. El proyecto es para todo el mundo, en tanto mantiene las diferencias entre estados y regiones naturales. Pero Andalucía es una de las más perjudicadas por eso mismo. Sufre una asignación específica, tiene tratamiento de tercer mundo pese a hallarse geográficamente en el primero. Pero solo en la fórmula y lo geográfico. De mantenerlo así se encargan muy bien los gurús de la organización mundial.
Andalucía tiene reservado un papel específico. El mismo que desempeña en este momento, ampliado. Los países y estados que tienen una industria fuerte sufrirán menos que aquellos que no la tienen, como ocurre en nuestro caso. Aunque la propia Andalucía tuviera un porcentaje de culpa, ni siquiera eso puede justificar el trato vejatorio que está sufriendo y el que le espera. Aunque fuera cierto, que no lo es. Cuando se habla de economía andaluza, de inmediato surge la crítica al cobarde capitalismo andaluz, con lo que se confunde capitalismo con terratenientes, entes que no tienen correspondencia, pues estos no alcanzan ni remotamente a aquellos. Los grandes capitales han crecido con la industria. Y en Andalucía las empresas son eliminadas, guillotinadas en cuanto empiezan a crecer. Pero continuemos. Porque «a lo mejor» resulta que tiene muy poca responsabilidad en su actual postración. O ninguna. Por su condición de tierra conquistada.
Resulta evidente que a Andalucía no se le permite tener una gran empresa. Por ejemplo, el Gobierno, que ha ayudado a otras muchas en mejor situación económica, y en peor, incluso cuando ya se veían cerca del cierre, no ha movido una pestaña por Abengoa, como tampoco las movió por ninguna de las citadas en páginas anteriores ni otras muchas no citadas. Resulta evidente que, lejos de intentar poner orden, de salvar alguna, lo que ha hecho es un esfuerzo por hundir el mayor número posible, o, en todo caso, quitársela a Andalucía, como ha sido el caso entre muchos otros de Sevillana de electricidad, La Hispano Aviación o Abengoa, castigada por no obedecer el ofrecimiento de trasladarse a Madrid. Estos son algunos ejemplos; botones de muestra. El papel asignado a Andalucía no tiene nada que ver con permitir su progreso ni con mejorar su nivel de vida; todo lo contrario.
Las condiciones sociales, humanas, económicas, culturales, impuestas a Andalucía tras la conquista no han cambiado desde entonces. Andalucía no fue integrada en el reino de Castilla, ni ha sido integrada en el de España en ningún momento. No ha sido integrada realmente. Aunque sobre el papel lo esté como una fórmula, para cumplir el formulismo, en los dos últimos siglos se le mantiene tal como reza la revista ICE, citada al principio.
El gobierno provocó la ruina de la economía andaluza para apoyar el nacimiento y crecimiento de industria en el norte peninsular. Como una concesión a los terratenientes, a los señoritos españoles con posesiones en Andalucía, que no andaluces, se les permitió ejercer de caciques en el campo y en las poblaciones medias y pequeñas. A cambio, debían guardar su dinero en entidades bancarias ajenas a Andalucía, ya que previamente habían obligado a cerrar las andaluzas para favorecer la industrialización del norte peninsular.
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