Una mujer colocando el cartel de alquiler.
Una mujer colocando el cartel de alquiler.

¿Cómo puede haber “fomento del alquiler” a los actuales precios ferozmente abusivos? ¿Cómo puede llamarse “fomento del alquiler” una empresa dedicada por voluntad propia a elevar precios y dificultar el acceso al inquilino y presumir de ello, para ganarse al propietario, a quien otorgan todas las ventajas posibles e incluso las imposibles. La culpa, naturalmente, es del gobierno. Pero no aprovechen la oportunidad para poner en marcha su repelente norma política de hacer política negativa a costa de los problemas de los demás. La culpa es de todos los gobiernos anteriores y actuales, tanto estatales como autonómicos. Y, según su comportamiento, algunos más. Porque por ejemplo el señor Moreno, Juanma, se apresuró a asegurar que no pondría en marcha las medidas para bajar precios y no las puso. Normal, teniendo en cuenta cual es su casta, a qué principios obedece y el principio de su casta es subir cuanto se pueda, menos los salarios, para que unos cuantos acumulen riqueza a costa de quienes menos tienen.

La avenida Gual Villalbí resultó beneficiada con un cambio de nombre hecho con el pretexto de quitar símbolos franquistas, pero en este caso hubo y hay otros motivos menos restauradores. En realidad, podría haber sido comprometido que alguien se preguntara quien fue aquel personaje. Porque habría descubierto que, en aquel tiempo, se hacían viviendas para las familias necesitadas. Ha habido que derribar y reconstruir muchas de ellas, sí; eran pequeñas y estaban hechas de prisa. También. Con toda la prisa exigida por las condiciones creadas por una riada destructiva, que dejó al aire todas las carencias, todas las miserias acumuladas en una ciudad en la que vivían, convivían o malvivían hasta cuatro familias en un piso de ochenta metros cuadrados, o en un corral a habitación por familia. Peor es que a eso se ha vuelto, sin rubor y sin que sea posible vislumbrar ningún Pedro Gual Villalbí, ni ningún Gregorio Cabezas.

Gregorio Cabezas no se escondía tras ninguna secretaria, escuchaba, resolvió el problema de muchas familias, y ofreció viviendas provisionales mientras se hacían las definitivas. La construcción continuó hasta el fin de la dictadura, para escarnio de quienes se auto proclaman “progresistas”: en realidad los no subsidiados por el Gobierno del General, pero mantenidos por el capitalismo alemán o el americano ¿qué más da? Era un régimen totalitario; lamentable. Lamentable, también, que ahora pueda parecer que sólo los regímenes totalitarios tienen en cuenta las necesidades de sus gobernados. Porque en este momento los pretendidamente democráticos –más lamentable aún por el dilema de dilucidar si son democráticos o solamente lo simulan sin mucho éxito- puedan llevarnos a añorar a aquel, aunque sólo sea en algunos detalles, pero en algunos detalles importantísimos, como que aquellas viviendas se podían pagar. Que el importe total desembolsado por las últimas, las más valoradas, traducido a la moneda actual, ni por asomo llegarían a los cincuenta mil euros, mientras las actuales empresas municipales las venden en ciento cincuenta mil, con unos filtros de difícil superación, más que eso: humillantes, como si en vez de un servicio y de cumplir un mandato constitucional, estuvieran haciendo un favor.

Ahora la autoridad ¿competente? tras dejar de considerar la vivienda un derecho, se permite ofrecer unas llamadas “ayudas al alquiler”. Por suerte no han especificado a quien va dirigida la ayuda, porque su sólo enunciado hace subir precios por la rapiña de propietarios, quienes lo elevan, para beneficiarse con una buena parte de la supuesta subvención o incluso de toda, y de inmobiliarias, quienes utilizan como gancho el precio con el descuento ya aplicado, independientemente de que luego se obtenga la subvención o no. Y de que se perciba a tiempo o que su falta de percepción provoque nuevos desahucios. Verdadera maniobra de la desvergüenza y el engaño institucionalizado, mientras los servicios ¿sociales? se permiten aconsejar la vuelta al pasado anterior a la gran riada de 1961. Lamentable que esos pretendidos servicios sociales, como alternativa a la concesión de una vivienda -necesaria para cualquier  mortal- en una ciudad con más de cien mil vacías, “sugieran” que se viva en una habitación, cosa que también ocurre, supera con creces el abuso, desinterés en resolver problemas apoyo a la especulación y todo cuanto pueda ser contrario a la ética. Aunque ahora, eufemísticamente, se disfrace con el apelativo de “vivienda compartida”. No puede darse un trato más inhumano, ni puede haber un comportamiento más anti social. La autoridad debería aclarar si esos sueldos se abonan solamente para aparentar, para cubrir el expediente o para hacernos creer que trabajan contra la pobreza mientras lo que hacen es fomentarla.

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