Es deber de la oposición oponerse, pero la oposición debe estar acompañada de otro deber: hacer oposición razonable y razonada, sensata, no obtusa. En el caso del Estado español, capaz de buscar beneficios para la mayoría en vez de arropar los fáciles recursos al amigo constitucional, que por algo se niegan a renovar tribunales. El deber y el compromiso de la oposición no es poner palos en las ruedas, es ofrecer alternativas válidas, posibles y beneficiosas, no simplemente entorpecer la labor del gobierno en busca de su desprestigio. Pues esa búsqueda de desprestigio para “el otro”, es un argumento egoísta e ilegítimo porque se desarrolla a costa de perjudicar, casi siempre gravemente, al conjunto de la población del Estado.
El deber de la oposición no es el final del chiste: “¿De qué se trata?, que me opongo”. Es, por el contrario, informarse bien de las propuestas para saber a qué o contra qué deben proponer a su vez; para saber a qué replican. O, en su caso, qué deben apoyar si lo que buscaran fuera mejorar las condiciones de vida de la mayoría. No es, no debe ser un recurso fácil para lavar la imagen y apoyar a una presidenta de Comunidad que sólo se interesa por llamar la atención diciendo “no” a todo, sea lo que sea.
Cuando la oposición se limita a la demagogia, la mentira o el desconocimiento supino de aquello a lo que se muestra repulsa, la oposición puede debilitar al ejecutivo. Y a medio plazo también se debilita se debilita a sí mismos. Y se debilitaría más y se debería debilitar más, si el votante fuera persona de amplia memoria para recordar lo que se ha rechazado desde la oposición y se practica desde el poder, en ocasiones ampliado. O al revés, para recordar lo que se ha hecho desde el poder para luego criticarlo cuando les toca estar en la oposición.
La oposición debe corregir los errores del poder, no defender errores que el poder no haya cometido. Y cuando la defensa de los postulados de la oposición sólo se hace con adjetivos deben llevarnos a todos a su rechazo, porque los adjetivos se utilizan cuando se carece de razones, cuando los argumentos se cambian por adjetivos, quien los utiliza se desautoriza, está demostrando no tener consistencia, carecen de razón porque no puede aportar razones, porque adjetivizar no es razonar, es despotricar, es comportamiento destructivo. Y destruye quien es incapaz de construir, de explicar qué tiene de malo o al menos de deficiente la propuesta de la Administración y por el contrario qué tiene de bueno su propia propuesta. Pero esto solamente sería posible cuando esa oposición adjetivizadora pudiera presentar y razonar una propuesta. Pero para presentarla y razonarla primero sería indispensable tenerla.
En definitiva, lo que no beneficia a la población es rechazable venga de quien venga. Y si son PP y sus socios quienes contradicen normas necesarias aunque pudieran ser insuficientes en lugar de reclamar el complemento de esas normas supuestamente insuficientes, estos contradictorios elementos deben ser rechazados por la mayoría. Más aún si no sólo no benefician sino que perjudican con su equívoca labor opositora. El PP y sus socios, seguramente, se oponen a ahorrar electricidad, por ejemplo, para proteger el beneficio de sus amigas las energéticas. Pero es y siempre será una acción plenamente deleznable que merecería ser respondida tal como corresponde a un posicionamiento contra los intereses de toda la ciudadanía, con independencia de que una parte de esa ciudadanía comprenda el perjuicio que se le está causando directamente, o continúe pensando y actuando de forma inconsciente.
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