La escalada de precios en la vivienda y especialmente en el alquiler, sigue inflando la burbuja, pero cuando estalle, como siempre, nadie asumirá su responsabilidad, para no perder la costumbre. Hace un año, alquilar un piso en Sevilla costaba igual que en Suiza, pero en Suiza el salario mínimo era de 3.200€. Hoy el salario mínimo en Andalucía ha subido en torno a cien euros, en Suiza sigue siendo de tres mil doscientos, pero el alquiler aquí ha subido de promedio unos trescientos. Tres veces la subida del salario se lleva el alquiler. Después, cuando alguien deje de pagar, porque lo que percibe no le alcanza, el propietario correspondiente lo tachará de "canalla y sinvergüenza", que es lo que suelen hacer siempre. Jamás reconocerá que su codicia, avidez, mezquindad, egoísmo son insufribles y responsables directos de asfixiar literalmente a los arrendatarios.
Está claro que el precio se ha pactado con anterioridad, que el arrendatario ya sabía lo que le iba a costar. Pero no es menos cierto que la gente necesita un lugar dónde comer y dormir, dónde no vivir en medio de la calle y muchas veces fallan los números y los cálculos. Y la expresión, ya extendida "yo no soy una ONG", ya demuestra un egoísmo supremo. Y que la otra expresión “fulano cobra x”, “mengano cobra z”, no es una excusa válida. ¿O es que quien se basa en esa "razón" no quiere ser menos egoísta que el propietario a quien se refiere? Pues en cambio se acerca de forma muy peligrosa al ruin oligopolio, una figura prohibida expresamente en la Unión Europea.
Que tampoco sirva de amparo un salvaje recurso a una supuesta “libertad de mercado”. La vivienda es, antes que nada, un derecho constitucional. En ciudades tan poco sospechosas de comunismo como Berlín, Londres o Nueva York, están practicando ya una doble acción: por una parte combaten y sancionan el mantenimiento de viviendas vacías, a la espera de subida de precios y al mismo tiempo se está imponiendo tope al precio del alquiler. Al final resulta que no era "un empeño del coletas", que es una forma de aquellos gobiernos municipales de poner coto al criminal desmadre del precio de los alquileres.
No pican las ampollas que este artículo pueda levantar entre propietarios rapaces, oficinas inmobiliarias más rapaces aún porque marcan y aconsejan precios y miembros del partido cada vez más impopular, siempre opuesto a cualquier mejora capaz de beneficiar a la mayoría.
Algo similar cabe decir respecto a la vivienda nueva: hace cuarenta años, una vivienda de noventa metros costaba el equivalente al salario de treinta meses. Hoy una de setenta ha subido al equivalente de ciento cuarenta/ciento cincuenta meses. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué bolsillos? Lo peor es que la vivienda nueva arrastra a la usada y una vivienda desgastada, antigua, sin aislamiento o todo lo más con una cámara de aire, se acerca bastante a la nueva. Algo de imposible comprensión, porque ningún objeto ni artículo usado, se revaloriza salvo las obras de arte, al contrario.
Hay una solución: que ayuntamientos, diputaciones, Junta y gobierno construyan viviendas a precios verdaderamente asequibles y en suficiente número para acabar con tan cruel e inconstitucional carencia, que si en España se pudiera reclamar al gobierno como se puede en Inglaterra, ya habría sido condenado varias veces por no cumplir su deber constitucional. Sólo que si el gobierno hiciera viviendas a precios y en cantidad suficiente, poco se iban a vender ni alquilar las privadas. Pero ya no debe importarles, ya no tienen motivos para presionar al gobierno para convencerlo de que no hagan viviendas, ya no solamente no están al alcance de las familias, también han dejado de ser rentables como "inversión", es decir para la especulación. Porque al precio al que han llegado, con el menor porcentaje que le carguen para obtener beneficio, se harán invendibles para muchos años. Los verdaderos inversores lo saben, por eso se ha frenado la venta.
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