La reforma del sistema de financiación autonómica ha dejado de ser una cuestión de números para convertirse en la batalla ideológica central. No asistimos a una mera actualización contable, sino a un pulso por el alma de lo público y la configuración de un Estado que, si quiere ser plurinacional y federal, debe basarse en la justicia social y no en el privilegio territorial.
El reciente acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana abre un escenario incierto. No está claro si dicho pacto camina realmente por la vía de la solidaridad, ya que nace cojo: no se presenta vinculado a una reforma fiscal profunda. Tras escuchar los argumentos de la ministra María Jesús Montero, queda en evidencia que el PSOE ni siquiera contempla esta transformación estructural.
La cuestión no es simplemente "dar más dinero" a las comunidades, sino cómo se distribuye este bajo una lógica distributiva y justa. Sin una reforma que garantice que pague más quien más tiene, cualquier nuevo modelo corre el riesgo de ser un mero reparto de cuotas de poder entre élites, dejando intacta la desigualdad de base que castiga a las clases trabajadoras y a los territorios periféricos.
La financiación debe nacer de una reforma fiscal integral. Esto exige una revisión profunda del reparto proporcional del IRPF, del IVA, del impuesto de sociedades y de otros posibles impuestos como el de los beneficios de la banca o el oligopolio energético, bajo una distribución justa.
En este tablero, las interpretaciones como las de Maíllo, pretendiendo normalizar la ordinalidad como un principio "más" del sistema, son inaceptables. La ordinalidad —que los más ricos reciban más— es incompatible con el principio de bilateralidad que consagra el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Andalucía no puede aceptar marcos que jerarquicen a los ciudadanos según la riqueza de su territorio. Necesitamos datos propios, obtenidos por el conocimiento acumulado en las universidades andaluzas, y transparencia para saber exactamente dónde se genera la riqueza, qué impuestos se evaden y cómo el drenaje de plusvalías hacia otros centros de poder empobrece nuestras las arcas públicas andaluzas.
Además, un sistema de justicia fiscal territorial debe incorporar un mecanismo corrector: si el Gobierno de Juanma Moreno decide perdonar impuestos a las grandes corporaciones y fortunas, esa pérdida de ingresos debe descontarse de su partida general. No se puede pedir justicia fiscal territorial al resto de los pueblos mientras en San Telmo se practica el "dumping" fiscal para favorecer a una minoría. Moreno Bonilla no defiende a Andalucía; defiende el negocio y el lucro privado. Reclama fondos con una mano mientras con la otra los transfiere a la sanidad y educación privadas, ignorando el drama de la vivienda o la pobreza estructural.
Nuestra singularidad andaluza está blindada por ley. El Estatuto, en su Artículo 184, exige suficiencia financiera, y el Artículo 175 establece la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales como el órgano para una relación bilateral con el Estado. Andalucía no es menos que nadie y tiene el derecho a negociar de tú a tú su suficiencia financiera, garantizando fondos finalistas para el fortalecimiento de la sanidad, la educación y la dependencia.
Andalucía tiene el derecho y el deber de exigir un pacto bilateral con el Estado. No podemos esperar a que las élites catalanas, madrileñas o vascas pacten en despachos cerrados un modelo que nos convierta en meros espectadores. El Estatuto nos otorga las herramientas para una disponer de una Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, como la que tenemos, que gestione, recaude y liquide impuestos, garantizando que la financiación sea finalista para blindar la sanidad, la educación y la dependencia.
Bonilla no defiende a Andalucía. Sus políticas no buscan combatir la pobreza ni garantizar el acceso a la vivienda —que sigue siendo un negocio en lugar de un derecho—, ni mejorar el sistema productivo andaluz, ni la industrialización verde, sino alimentar la maquinaria de las empresas extractivistas y los intereses de las élites.
Un sistema de financiación autonómica y de justicia fiscal debe incorporar un mecanismo corrector que detenga la carrera hacia el abismo de las rebajas de impuestos a los ricos. Si Moreno Bonilla decide perdonar tributos a las grandes corporaciones y fortunas, esa pérdida de ingresos debe descontarse de su partida general. No se puede pedir solidaridad al resto de los pueblos para compensar el regalo fiscal que se le hace a una minoría privilegiada. Poner a pelear a los territorios solo beneficia a los ricos madrileños, catalanes, vascas y andaluces.
El modelo de financiación autonómica debe ser fruto de un pacto entre pueblos, una alianza para garantizar que el bienestar sea un derecho universal, no una mercancía sujeta a pactos entre élites madrileñas, catalanas o vascas. Todo lo que no sea avanzar hacia una fiscalidad donde la riqueza contribuya proporcionalmente, será perpetuar una estructura extractivista. Andalucía debe ejercer su bilateralidad para que el sistema de financiación sea, de una vez, una herramienta de liberación y no de sumisión y llanto. Andalucía no quiere solidaridad, exige justicia.