Meses antes de las elecciones generales de 2019, los espectadores de La Sexta Noche asistieron a una escena que marcaría el rumbo democrático del país. Eduardo Inda, con la seguridad que otorga el foco mediático, exhibía un documento que supuestamente “probaba” que el gobierno de Venezuela había ingresado casi 300.000 euros en una cuenta personal de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas.
A pesar de que cronistas como el marciano Sardá advirtieron que el documento era una burda falsificación, sí que estaba convencido de que la formación morada estaba financiada por el gobierno bolivariano. La maquinaria ya se había puesto en marcha. El presentador, Iñaki López, leyó la "noticia" a la orden, sin el más mínimo contraste de objetividad o veracidad. Se impuso una máxima peligrosa: aunque el papel fuera falso, el contenido "tenía que ser cierto". Aquello no fue un error periodístico; fue un diseño calculado.
El montaje no fue fruto de la improvisación. Tiempo después se supo que la operación se cocinó en una "quedada" con el corruptor Villarejo donde participó "el Ferri" (Antonio García Ferreras), quien, a sabiendas de que la información era una falsedad burda, decidió seguir adelante con ella. Esta decisión tuvo una relación directa y devastadora en la intención de voto.
Aquella acusación falsa no solo buscaba erosionar la imagen de un candidato; fue, en la práctica, un "golpe de mano". El objetivo era alterar los equilibrios de poder para evitar lo que las encuestas daban como inevitable, que Podemos superase al PSOE ampliamente en votos y escaños. Mientras se difundía el bulo, un Pedro Sánchez en campaña no dudaba en alimentar la sospecha, declarando repetidamente su "preocupación" por la financiación de la formación morada. El resultado fue un éxito y Podemos llegó a las urnas con un puñal en la espalda y el PSOE logró mantenerse como la fuerza dominante entre el electorado de izquierdas.
Lo más grave no fue solo la invención de la mentira, sino cómo fue amplificada por quienes se autodefinen como referentes de la información veraz. La "progresía mediática", actuó como un altavoz necesario. El objetivo superior era "salvar al soldado Sánchez", y para ello, cualquier arma era legítima, incluso una calumnia fabricada en las cloacas.
Las encuestas posteriores revelaron la eficacia del plan: un 50% de las personas encuestadas se creyó la falsedad del albañar Inda, aumentada por el ecosistema de programas como Al Rojo Vivo. Esta legitimación de la mentira normalizó el uso del lawfare (guerra judicial) como herramienta política. Esto, sin embargo, no impidió el gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos, donde con el empuje de la formación se consiguieron importantes avances legislativos en derechos.
Con el terreno ya abonado, comenzó la fase de demolición interna. Miembros del propio grupo confederal pertenecientes al PCE e IU (Yolanda Díaz, Enrique Santiago y Alberto Garzón) fragmentaron Unidas Podemos, dando paso al "experimento" Sumar que actúa como muletilla del PSOE, siendo su principal finalidad sustituir a la hegemonía de Podemos.
Hoy vemos cómo esa estrategia de erosión continúa. En Aragón, se repite la narrativa de culpar a Podemos de la ruptura de la unidad. Lo más preocupante es como Izquierda Unida (IU), bajo la dirección de Antonio Maíllo, ha preferido abrazarse a un "fantasma político" antes que reeditar fórmulas de éxito y arraigo como fue Unidas por Extremadura.
Mientras tanto, los responsables del engaño inicial siguen en sus puestos. "El Ferri" continúa al frente de una cadena, La Sexta, que, aunque hoy sufre una debacle de audiencia —apenas superando el 6%—, sigue siendo el lugar donde la vicepresidenta Yolanda Díaz acude a normalizar la situación.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha condenado a Inda por la mentira de la cuenta en las Granadinas, imponiéndole una indemnización de 18.000 euros a Pablo Iglesias. Un precio irrisorio por haber alterado el curso de una democracia. Ningún medio ha pedido perdón; ningún medio de la progresía ha rectificado con la misma fuerza con la que difundió la duda, el motivo no es otro que impedir que Podemos vuelva al gobierno. Se ha demostrado que es la única fuerza que no se supedita al PSOE y la única garantía real de avanzar en derechos sociales y económicos sin tutelas ni farsas. Y, ahora que la falsedad ha sido desmontada y uno de los culpables condenado, debemos ser conscientes de que nuestra democracia exige situar a quienes viven de la calumnia fuera del espacio de confianza pública.
La unidad que necesita la izquierda no puede construirse sobre los escombros de la mentira o la deslealtad, ni sobre experimentos mediáticos vacíos de contenido territorial. La única garantía de avanzar en derechos es blindar la voluntad política transformadora frente a quienes pretenden dirigirla desde las cloacas, los platós y los medios. Fortalecer nuestra democracia exige la respuesta firme de expulsar a los profesionales de la calumnia de la confianza pública. El engaño no es el que decide. Solo desde la verdad la soberanía popular puede ser libremente expresada en el voto, situando, de una vez por todas, a cada uno en su sitio.