La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), entidad profesional a la que estoy asociado como periodista y que se supone que tiene como objetivo defender los derechos de la profesión, lleva unos días ejerciendo de lobby de los periodistas contratados a dedo en la Junta de Andalucía por los sucesivos gobiernos socialistas. Una entidad profesional que, en lugar de defender la igualdad y el libre acceso a la función pública, se dedica a defender los privilegios de un personal que fue contratado sin ni siquiera pasar una entrevista de trabajo es muchas cosas, menos una asociación profesional.
Como han sido pillados con el carrito de los helaos, han sacado un segundo comunicado. No para rectificar y decir que se equivocaron en la redacción del primero o que, vista la contestación, han decidido dar marcha atrás a la propuesta. Nada de eso. En lugar de pedir perdón, soberbia como respuesta.
En un segundo comunicado acusan de mentir y de lanzar bulos a los medios de comunicación y periodistas que hemos publicado su primer comunicado, que lo enviaron con el siguiente titular: “La Asociación de la Prensa de Sevilla pide al nuevo presidente de la Junta que garantice la continuidad de los periodistas de la administración andaluza”.
Resulta que los periodistas de la administración andaluza han sido todos contratados sin pasar un concurso u oposición, a dedo, porque el PSOE no ha tenido a bien en 36 años crear la categoría profesional de periodista dentro de la estructura de personal de la administración autonómica.
Rafael Rodríguez, presidente de la APS.
Así, cuando los periodistas, que trabajamos a este otro lado de la información, hemos llamado a los gabinetes de la Junta a pedir datos no nos hemos encontrado siempre con profesionales que velaran por el derecho a la información y la transparencia, sino con criaturas temerosas que actuaban para agradar al partido gobernante y no al artículo 20 de la Constitución Española. Los periodistas son víctimas, en ningún caso responsables de esta anomalía democrática.
Yo recuerdo una información que trabajé sobre un brote de hepatitis, sin existencia de vacunas en los hospitales por desabastecimiento de los laboratorios, que a la periodista que me atendió le faltó colgarme el teléfono. Se negaba a darme datos que yo ya tenía a través de fuentes médicas. Eran datos epidemiológicos, de salud pública, que deben ser públicos más que ningún otro porque de lo que se trata es la seguridad ciudadana.
La calidad democrática de una administración se mide por la libertad con la que trabajan sus responsables de prensa. Andalucía es la única comunidad autónoma donde los periodistas se nombran a dedo, porque no existe la posibilidad de opositar. Pues bien, la Asociación de la Prensa de Sevilla, en lugar de pedir un proceso selectivo abierto a toda la profesión, donde, siendo generosos, los periodistas que ya están trabajando pudieran contar con algún punto por la experiencia acumulada en los años de ejercicio, no se le ha ocurrido otra cosa que defender el enchufismo a cielo abierto y criticar a los medios y periodistas que denunciamos que eso es un atropello y una barbaridad.
La Asociación de la Prensa de Sevilla podía haber pedido a Juanma Moreno que no dé subvenciones públicas a los periódicos que tienen a periodistas trabajando por sueldos de 500 y 600 euros al mes. O incluso pedirle al nuevo presidente autonómico que apruebe una ley que permita que el reparto de la publicidad institucional sea de acuerdo a la audiencia y no dependa de la arbitrariedad del partido gobernante, como ha ocurrido hasta la fecha.
Incluso, la APS podría haber salido a defender a los trabajadores de Canal Sur que llevan meses vistiéndose de negro, todos los miércoles, en defensa de una RTVA pública, de calidad y plural, después de años de mordazas y con un consejo de administración bloqueado por el PSOE para evitar la entrada de Podemos y Ciudadanos y que Joaquín Durán, el comisario del PSOE en la RTVA, pudiera ser cuestionado. También podría la APS haber hecho alguna crítica o sugerencia de mejora, en lugar de comunicados panegíricos a petición de la dirección de la RTVA, de la nefasta cobertura mediática de Canal Sur de los incendios de Huelva en 2017 o las recientes inundaciones de Málaga.
Ya puestos, la APS podría haber denunciado en algún momento los sueldos de los altos cargos de Canal Sur, los famosos pluseados de la RTVA, que han ganado más incluso que los presidentes de la Junta de Andalucía. O decir algo de las productoras 'pata negra' que contratan con Canal Sur a precios superiores de lo que cuesta un programa producido por la casa y que, en los años donde atábamos los perros con longanizas, llegaron incluso a facturar por encima del doble, como era el caso de la productora del periodista Jordi Petit.
Pero no, nada de esto ha hecho la Asociación de la Prensa de Sevilla. Para la posteridad quedará un comunicado laudatorio, a petición de la dirección de una RTVA acosada por las críticas, en medios de comunicación autonómicos y nacionales, por la vergonzosa cobertura de los incendios en Huelva en el verano de 2017. Mientras 50.000 criaturas estaban aisladas en la playa de Matalascañas, Canal Sur emitía un programa de María del Monte en televisión y otro de toros en la radio, en una metáfora perfecta de lo que han hecho con Canal Sur sus actuales gestores, a los que la APS defiende a pies juntillas.
Los periodistas sevillanos tendremos que empezar a buscarnos una entidad profesional que nos defienda y no nos haga sentir vergüenza, porque está claro que una asociación que no siente el más mínimo pudor por salir a defender privilegios no representa a la profesión, sino a una casta decimonónica que no se parece en nada a la realidad en la que los periodistas ejercemos el oficio en Andalucía, con unos niveles brutales de precariedad y donde cuesta mucho ganarse el pan intentando ser lo más libre y honesto posible en esta tierra de silencios y silenciadores.
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