Alimento, atuendo y cobijo son los derechos básicos más antiguos reconocidos en la historia contemporánea. Y en nuestro país son demasiadas personas las que están en serio riesgo de no poder disfrutarlos.
La crisis económica nos ha dejado exhaustos. Y el aprovechamiento de la misma, por las élites políticas y económicas, nos ha dejado, también, vacíos los bolsillos. Vacíos de pelas y de derechos. Porque la reforma laboral de Rajoy sirvió para facilitar el despido y abaratarlo, al tiempo que, para debilitar a los sindicatos, pieza clave, incluso constitucionalmente, en nuestro marco de relaciones laborales. Ciertamente, algunas de las actuaciones de los sindicatos mayoritarios, en estos últimos años, han facilitado el hecho de que su debilitamiento no contase con la contestación que hubiese sido deseable.
Las reformas impulsadas por la derecha política, en estos años de deterioro económico, y vistas desde una perspectiva global, deben ser analizadas por sus efectos, más que por cualquier otro criterio. Y todos los datos indican claramente el incremento de la brecha entre ricos y pobres. Siendo los primeros, los ricos, los claramente beneficiados por los efectos de estas reformas.
Una segunda consecuencia de este conjunto de reformas ha sido el debilitamiento de la parte trabajadora en nuestras relaciones laborales. Las facilidades establecidas para el despido, su abaratamiento, y una muy lasa regulación de los expedientes de empleo, los famosos ERE, junto al fortalecimiento, y consiguiente proliferación, de los denominados convenios de empresa, han perjudicado nítidamente tanto a los asalariados de nuestro país, como a su representación sindical. Y estas circunstancias han venido a poner de manifiesto dos realidades radicalmente distintas y sobre las que no se ha prestado suficiente atención. Esto es, los trabajadores del sector público, de gran dimensión en nuestro país, han vivido la crisis de manera muy diferente a los trabajadores del sector privado. O dicho de manera más clara, han sufrido mucho menos las consecuencias de la crisis económica y han padecido en mucha menor medida (aunque en alguna si, quien lo sufrió lo sabe) la regulación liquidatoria que, de nuestras relaciones laborales, ha efectuado la derecha política con sus reformas, redimensionando nuestro mercado de trabajo a la baja, tanto en costes como en calidad.
La tercera consecuencia que, en mi opinión, resulta destacable es la aparición de grandes bolsas de exclusión social. Los expulsados del mercado de trabajo, redimensionado a la baja, como ya se ha dicho, la reducción de los salarios de los que consiguieron salvar el empleo, imposibilitándoles en su gran mayoría mantener una vida digna y llegar a final de mes, los miles de desahucios producidos en nuestro país en los últimos años, la drástica reducción de las políticas de protección social impulsadas durante la crisis, la subida de los precios de los consumos imprescindibles como la electricidad, el agua, y otros, han dibujado un tejido de exclusión social que, más pronto que tarde, resultará insostenible, si no se adoptan las medidas necesarias que permitan corregir el rumbo.
Alimento, atuendo y cobijo son los derechos básicos más antiguos reconocidos en la historia contemporánea. Y en nuestro país son demasiadas personas las que están en serio riesgo de no poder disfrutarlos
Nadie, en su sano juicio, puede justificar y comprender que en nuestro país existan millones de personas sin salario o con uno de miseria -instrumento imprescindible para el alimento y el atuendo-, cientos de miles de personas expulsadas de sus viviendas -lo que dificulta su cobijo-, ni millones de jóvenes con un futuro más que negro –a los que están robando la esperanza-. Alimento, atuendo y cobijo son los derechos básicos más antiguos reconocidos en la historia contemporánea. Y en nuestro país son demasiadas personas las que están en serio riesgo de no poder disfrutarlos, si no están ya en tan lamentable situación. Y robarnos la esperanza es un crimen de lesa majestad al que nadie parece prestarle la atención debida.
Estas son, groso modo, las consecuencias de la regulación que de la crisis ha hecho la derecha política. No son todas, sin duda, pero sí que me parecen las más destacables. La crisis económica, en nuestro país, ha unido a la crisis financiera de carácter global (donde se dejaban caer a los bancos tramposos sin ningún miramiento: recordar el caso de USA y el de Gran Bretaña, mientras aquí nos dedicábamos a rescatarlos), la explosión de la burbuja inmobiliaria. Desde esta perspectiva, la primera consecuencia del deterioro económico internacional fue el crecimiento del paro y cierre de empresas, fundamentalmente del sector servicios, que resulta siempre el primer damnificado cuando aparecen las dificultades económicas. Y en nuestro país tal efecto fue extraordinariamente notable, pues al mismo tiempo, o como consecuencia precisamente de esto, el sector de la construcción se vino abajo, tal y como venía siendo vaticinado por los expertos desde hacía años. Y no es baladí, esta reseña, habida cuenta que se vino abajo un sector intensivo en el uso de la mano de obra. Por ello, las consecuencias, desde la perspectiva del empleo, fue doblemente mortal (sin detenernos siquiera en los denominados efectos multiplicadores).
Los gobiernos de la derecha han aprovechado esta circunstancia para modificar la regulación con el objetivo liquidar el marco de relaciones laborales existentes en nuestro país hasta la llegada de la crisis
Ahora bien, señalada la intensidad de la crisis, los gobiernos de la derecha han aprovechado esta circunstancia para modificar la regulación con el objetivo liquidar el marco de relaciones laborales existentes en nuestro país hasta la llegada de la crisis. Y en este punto, conviene recordar, que no es el marco legal, ni las supuestas rigideces del mercado de trabajo, ni el excesivo poder de las centrales sindicales, los causantes de la crisis. Fue una crisis financiera global (provocado fundamentalmente por la falta de regulación del más poderoso de los sectores globalizados), que empeora sus consecuencias con las caída del sector inmobiliario. Lo que ha hecho la derecha es aprovechar el Pisuerga de la crisis para pasar por la Valladolid de la flexibilización y el abaratamiento de las relaciones laborales. Y ahí están su regulación y sus consecuencias. Por otra parte, el devenir de nuestra prima de riesgo fue un ataque, en toda regla, coordinado por los grandes grupos del sector (que sí tienen poder suficiente para crear corrientes), y así imponernos las reformas (que ya sabemos a quienes benefician) que el ultraliberalismo internacional ha puesto en marcha, en los países de la Europa del Sur, aprovechando la crisis sufrida por su propia causa.
Y este es uno de los mitos aceptados como axioma de manera unánime: la situación de España, ante la crisis, era la que era debido a su rigidísima regulación laboral. Esta es una de las grandes mentiras que nos han vendido (sin entrar a discutir las posibles diferencias en eficacia y eficiencia entre distintos modelos de regulación). Durante la última legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, se crearon en nuestro país alrededor de cinco millones de empleos. Y todo ello con aquella regulación tan denostada, rígida y entorpecedora de nuestras relaciones laborales. Cuando vino la crisis, financiera e inmobiliaria, conviene recordarlo, sufrimos una consecuencias terribles, se perdieron alrededor de cinco millones de puestos de trabajo, no por la regulación, sino por la debilidad de nuestro sector terciario y la caída de la construcción (intensivo en mano de obra). Pero como ya se ha señalado, han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Ahora, a propósito de la recuperación, las macromagnitudes económicas nos son favorables, y los beneficios empresariales crecen de manera notable. Sin embargo, los salarios y las pensiones siguen reduciéndose
Ahora, a propósito de la recuperación, las macromagnitudes económicas nos son favorables, y los beneficios empresariales crecen de manera notable. Sin embargo, los salarios y las pensiones siguen reduciéndose. Y crece el empleo, pero qué empleo. Precario, mal pagado y volátil. Como siempre, los neoliberales enriquecen a unos pocos y producen miseria, mucha miseria, para la gran mayoría. Uno de los argumentos que se aducen, para explicar los problemas del empleo, es la baja formación de la mano de obra de obra española. Un nuevo mito, un nuevo mantra, una nueva mentira. Claro que la formación de los trabajadores es algo fundamental, tanto para las personas, como para el sistema económico y para el conjunto de la sociedad. Pero no es esta la causa. Si no, observen la “espantá” hacia el exterior de nuestros jóvenes, universitarios en su mayoría. ¿Cuántos jóvenes se han visto obligados a emigrar al extranjero? Y muchísimos de ellos con una formación excelente. ¿No les parece contradictorio que se aduzca como causa del desempleo la falta de formación de la mano de obra, cuando los más formados de entre los nuestros han de buscarse la vida allende nuestras fronteras?
La causa es que no hay empresas suficientes para contratar a nuestra mano de obra. Nuestro tejido empresarial no crece, al menos hasta el momento, en modo suficiente para absorber la mano de obra que busca trabajo. Este es el verdadero problema. Por otra parte, la formación exigida para muchos de los empleos que se crean en la actualidad, o que se pudieran crear, no exigen niveles de especialización tan insalvables. Sin duda, un ingeniero no se puede improvisar. Pero todos conocemos cursos de pocos meses en los que se puede uno formar para realizar muchas de las tareas exigidas por las empresas y el mercado. Por cierto, Reagan tuvo mucho éxito con esta política formativa, según leí en una ocasión, en los años ochenta. La formación es importante per se, pero ni por asomo es la primera de las causas del desempleo. Es más sencillo, también más doloroso, no hay empresas que los puedan contratar.
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