Cáritas publica un preocupante estudio en el que saca a la luz las miserias que sufren los vecinos del barrio. El director de la organización en Jerez, Paco Domouso, achaca el problema a la "incompetencia" de las administraciones, fruto de la "ineficaz lucha política partidista".
A los habituales problemas de trapicheo y delincuencia que maltratan a San Juan de Dios hace años que se unió el de la infravivienda. La ausencia de planes especiales para regenerar el barrio por parte de las administraciones y ese mirar hacia un lado por parte de los diferentes gobiernos municipales que han pasado por el Ayuntamiento han convertido a esta zona de Jerez en un gueto en el que escasean los servicios de limpieza, en donde hay ausencia de zonas verdes y de esparcimiento y en el que las aceras se encuentran en mal estado.
Solo hace falta darse una vuelta por algunas de sus calles para darse cuenta de la situación. Sin embargo, Cáritas ha presentado ahora un informe en el que analiza concienzudamente la precaria situación por la que pasan sus vecinos. “Ya no hablamos de infravivienda, que también, sino de alojamiento. Algunos solo tienen un lugar en el que resguardarse”, lamenta Paco Domouso, el director de la ONG de la Iglesia en Jerez, quien achaca la situación a la “ineficaz lucha política partidista”; al “escaso interés de seguimiento del Ayuntamiento” con respecto a otros estudios de infravivienda que han presentado en los últimos años, como el de la zona rural o el casco histórico; a la “incompetencia” de las administraciones que permiten que fondos, “principalmente europeos, sean devueltos por la no ejecución de programas o por no justificar los mismos”; y, en definitiva, al “escaso desarrollo de políticas coherentes y la escasez de trabajadores sociales municipales”.
San Juan de Dios lo componen ocho bloques de viviendas, de los cuales dos son de reciente construcción, mientras que los otros seis, compuestos por sesenta viviendas cada uno, tienen ya muchas décadas a sus espaldas. Es en estos donde Cáritas ha centrado su estudio, realizando 111 cuestionarios que han dejado datos preocupantes, como que casi seis de cada 10 familias viven hacinadas; que casi la mitad de los vecinos viven de forma insegura al estar viviendo de okupas, con cesiones en precario o a base de alquileres irregulares; que el 25 por ciento de las familias viven, al menos, con un miembro mayor de 60 años; o que una de cada diez tienen algún miembro con movilidad reducida, muchos de los cuales viven prácticamente en situaciones de enclaustramiento al ser viviendas en dos plantas cuyas estancias se conectan por estrechas escaleras.
En cuanto al estado de las viviendas, la situación tampoco mejora. Si bien el 78 por ciento de los vecinos disponen de luz y agua —aunque aquí Cáritas no indica si están o no enganchadas—, el 29 por ciento ha sufrido alguna interrupción del suministro eléctrico. Además, siete de cada diez sufren de humedades y goteras; cuatro de cada diez tienen parásitos y/o ratas, mientras que casi el 40 por ciento de las casas sufren problemas estructurales. En total, casi nueve de cada diez viviendas tienen características negativas, lo que hace que 11 de cada 100 sean inhabitables.
“Mientras que cualquiera que llega a su casa siente alivio, paz y tranquilidad, hay muchas personas que nunca sienten esas sensaciones”, lamenta Raúl Flores, del equipo de estudios de Cáritas Española y de la fundación Foessa, que lamenta que “muchas personas y familias son descartadas en esta sociedad”, indicando además que solo en Andalucía hay 221.000 viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que afecta a unas 800.000 personas. Flores añadió que el estudio realizado en San Juan de Dios también ha recogido el mal estado de las zonas comunes del barrio, lo que demuestra la falta de implicación de las administraciones y de los diferentes gobiernos municipales. Así, el 66 por ciento de dichas zonas (escaleras, paredes, buzones, barandas, bajantes, instalaciones eléctricas o quitamiedos, entre otras) se encuentran en mal estado. Además, una de cada diez viviendas no cuentan con todos los suministros básicos, mientras que en lo referente a las estructuras, seis de cada diez techos y paredes de hogares se encuentran en regular o mal estado, por el cuarenta por ciento de los baños que se encuentran en la misma situación.
Pepe Reyes, miembro del equipo de la Cáritas Parroquial de San Juan de Dios, afirmó que los vecinos de San Juan de Dios, unos 1.200 aproximadamente, solo representan un 15 por ciento del total que aglutina su parroquia, si bien son los que claramente se encuentran en peores condiciones. Desde su punto de vista, achaca también la situación actual a “cuestiones históricas”, señalando que en los 80 la droga golpeó fuerte en el barrio, pero también recordó que, en un principio, los bloques de vivienda se construyeron de urgencia y estaban destinadas a sobrevivir “20 o 25 años”, a la espera de que se construyeran otras con mejores calidades, como los dos bloques que se construyeron hace unos años y que sustituyeron a otros dos de la misma generación que la mayoría de los actuales.
Reyes, además, considera que la barriada “no es homogénea, no se le puede poner una etiqueta previa, porque hay mucha gente que no se quiere ir y otros que tienen sus casas en buenas condiciones, pero sin embargo viven en un entorno degradado”. Por eso, y debido a esta pluralidad, desde Cáritas plantean una valoración de cada caso en profundidad para que se hagan intervenciones diversas “ya que las políticas individuales y de carácter asistencialista no son suficientes”. Igualmente pide que se promueva la participación de los vecinos, de la asociación vecinal y otras entidades que trabajen en la zona a través de una mesa de trabajo, “y que los recursos técnicos que trabajan en el barrio colaboren con la ciudadanía y el equipo de gobierno municipal y autonómico”. También, y para darle una mejor cara al barrio, la organización eclesial pide la creación de espacios de esparcimiento y ocio, así como que en aquellos casos detectados de viviendas inhabitables, se concedan ayudas económicas municipales, o la realización de arreglos por parte de la empresa municipal de la vivienda (Emuvijesa) o las áreas de Infraestructura y Patrimonio.
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