Cuando Jairo cruza las puertas de lo que fuera su negocio familiar y, más tarde, su casa, no puede evitar que se le escape una frase de resignación: “Lo que fue y lo que es ahora…” Unos cuantos años tardaron, su padre y sus hermanos, en construir lo que durante casi dos décadas se vino a llamar venta El Gallo de Oro, ubicada en los terrenos anexos al Circuito. Las malas hierbas se han apoderado de los terrenos, de 33.000 metros cuadrados, donde resiste a duras penas la estructura de un lugar en el que pararon para saciar su hambre jerezanos y foráneos que circulaban por la antigua carretera de Arcos, que pasa justo por su puerta, ahora carente de rejas. Las robaron. En realidad, tampoco existe puerta como tal, solo queda el marco. El edificio está saqueado. Hay grafitis en las paredes, escombros en el suelo, el techo al descubierto por el robo de cables, signos de haber sufrido algún que otro incendio… A Jairo González y a su madre, Isabel Postigo, les cuesta pasear por las instalaciones. Les duele verlas así. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Para entender el presente hay que viajar al pasado, concretamente a los años 80. Por aquel entonces, un joven Pedro Pacheco comenzó a expropiar terrenos a los propietarios de Los Garciagos, donde esperaba levantar uno de sus proyectos faraónicos, Sherryworld, un parque de atracciones temático para el que había prevista una gran inversión y que nunca llegó a hacerse realidad.
Pero el caso no quedó ahí. Fue uno de los grandes quebraderos de cabeza del exalcalde, que incluso llegó a sentarse en el banquillo acusado de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entendió que no actuó con mala fe y lo absolvió. Aquel proceso, aún hoy, sigue pasando factura a Jairo y a su madre. La expropiación iniciada en 1989 les impide vender los terrenos, por lo que se encuentran en una encrucijada. “Tengo tierras solo para pagar impuestos”, se queja Isabel, quien cuenta que abonó más de 1.000 euros en concepto de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) del último año, que paga con mucha fatiga, pues se mantiene con los 454 euros que percibe de pensión. Pero se niega a dejar de pagar, para que le embarguen la propiedad y termine perdiéndola sin recibir nada a cambio. Ha intentado venderla, pero los posibles compradores que se han interesado se han chocado contra un muro: el Ayuntamiento les dice que está en proceso de expropiación… desde hace casi tres décadas.
Hace casi diez años que los terrenos no tienen uso. Su último inquilino, a quien Isabel le tenía alquiladas las instalaciones, se fue porque, con la construcción de la autovía, se quedó sin electricidad, ya que se eliminó una torreta y el transformador de energía eléctrica que los abastecía. Ahí empezó a tener nuevos problemas. Su trabajo le impedía a Isabel vigilar los terrenos todo lo que le gustaría, por lo que cada vez que iba se daba cuenta de que le faltaba algo. Poco a poco lo fueron desvalijando. En una ocasión, hasta vio cómo unos jóvenes se colaron en las instalaciones y se llevaron todos los objetos metálicos que pudieron, para luego venderlos como chatarra. Isabel intentó impedirles el paso plantando su coche delante de la citada furgoneta, lo que desembocó en una persecución digna de película, con el cuartel de la Guardia Civil como meta, donde la propietaria denunció los hechos, que acabaron con los ladrones en la cárcel durante una temporada y con ella con una frustración y una impotencia cada vez mayor. Hasta sufre problemas de corazón, cuenta su hijo, a raíz de una situación que se viene alargando demasiado en el tiempo y que parece no tener solución.
“No queremos dinero, lo único que queremos es que nos expropien los terrenos y nos den lo que quieran o nos lo conmuten por otros; o que nos dejen venderlos”, dice Jairo González, al que se le quiebra la voz cuando recuerda su infancia en la antigua venta El Gallo de Oro. “Esto lo construyeron mis padres, y nosotros también, yo hice la mezcla para levantar esto —dice señalando las paredes—; cuando cerrábamos, echábamos colchones en el suelo y dormíamos aquí para que no nos robaran”, rememora. La conexión de su familia con la finca es tal que su padre, ya fallecido, pidió que se esparcieran sus cenizas en la propiedad, por la que tanto luchó estando en vida. “Si estuviera aquí, le daba algo”, señala Jairo. El expediente de expropiación, muchos años después de iniciarse el proceso, sigue estancado. Isabel se queja de que, aun habiendo pagado una tasa de 300 euros en Urbanismo reclamando esta información, aún no lo tenga en su poder. “Quiero esos documentos, me pertenecen”, reclama quien lleva casi una década intentando darle salida a los terrenos sin éxito.
El Ayuntamiento, a través de la delegación de Urbanismo, asegura que la finca en cuestión está calificada como suelo no urbanizable de especial protección, según la última revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), y que el desarrollo del sector SG Montecastillo —donde se encuentra la propiedad— “no está previsto en los presupuestos municipales”, lo que “imposibilita la inmediata puesta en marcha del expediente de expropiación forzosa”. Además, desde la delegación aseguran que Isabel “no figura como propietaria”, pero sí es heredera, por lo que debe regularizar la situación “para que pueda ejercitar cualquier acción o derecho sobre la finca”. Este asunto ha ido a pleno en reiteradas ocasiones e IU hará lo propio para volver a poner de manifiesto la problemática de la familia González Postigo e intentar avanzar hacia una posible solución.
La asociación de parcelistas de Los Garciagos, creada en 1989 tras anunciarse el proyecto de Sherryworld, logró llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en el año 2000, con Pedro Pacheco como alcalde, por el que el Consistorio concedía la permuta de terrenos a 41 de los 48 propietarios afectados. Una de los que no lo hizo fue Isabel, al que un antiguo cargo político municipal le dijo en una ocasión: “Como no vendáis ahora, no lo vais a vender nunca”. ¿Una premonición? “Yo no creo en las casualidades”, dice Jairo, que hasta habla de una posible “mano negra”. Urbanismo explica que, en 1989, “los terrenos quedaron afectados por un proceso de expropiación forzosa, por la propuesta de instalación de un parque de atracciones temático”, y un año después, dada la conformidad de los propietarios con el justiprecio ofrecido, “la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo remitió el expediente al jurado provincial de expropiaciones, quien decidió ejecutoriamente el justiprecio expropiatorio de las fincas afectadas”.
Los propietarios de terrenos de Los Garciagos ya denunciaron en 2009 al Ayuntamiento al considerar que les había hecho “la vida imposible”, según relataba Francisco Pérez, abogado de los perjudicados, en las páginas de La Voz de Cádiz, donde denunciaba que llevaban padeciendo “continuas tensiones” para que cedieran sus terrenos a manos municipales. La rocambolesca historia que narran Jairo e Isabel parece no tener fin: el inicio de la expropiación, la falta de electricidad, los continuos robos y la imposibilidad de deshacerse de unos terrenos que les cuesta mantener más de 1.000 euros anuales a pesar de no poder sacarles rendimiento… merman la moral de cualquiera. También de ellos, que se van de la finca echando la vista atrás, sorteando malas hierbas, latas de refresco oxidadas y restos de ladrillos que un día formaron parte de la pared de su negocio, del que solo queda parte de lo que fue la barra y una chimenea medio derruida.
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