Cuando José Antonio se haga mayor, sus padres le contarán que cuando tenía apenas dos meses de vida, tuvieron que salir corriendo de su casa porque la ladera que da a su habitación se derrumbó, tiró la pared, y provocó enormes grietas y desperfectos en su vivienda, y en la de muchos vecinos.
O que, pasados los meses, llevaba más tiempo de vida residiendo en el camping de Alcalá de los Gazules, donde reside en estos momentos, que en su propia casa. En unos pocos metros cuadrados, junto a sus padres, José Antonio Montero y Ana Callealta, y sus tres hermanos, entonces de nueve, cuatro y dos años. Él, cuatro meses, apenas dos cuando tuvo lugar el desalojo.
Hace más de dos meses de la salida de esta familia, y de otra docena más, unos 40 vecinos de esta localidad de la Janda que siguen desalojados dos meses después del tren de borrascas que azotó España a primeros de año. Pero de los que nadie se acuerda. Todo volvió a la normalidad, aparentemente, pero en Alcalá de los Gazules falta mucho para eso.
José Antonio, Ana y sus hijos —entonces eran tres— habían llegado al piso apenas seis meses antes. "Toda la casa está nueva, pero no hemos podido disfrutarla", dice Ana. Su marido, José Antonio, recuerda que escucharon "una explosión muy fuerte", y que la sensación fue parecida a vivir un terremoto. Él estaba en casa, solo con el pequeño, y salió a la calle, donde estaban ya sus vecinos.
Ahora viven en un bungalow del camping Los Gazules, donde José Antonio, Ana y sus cuatro hijos se las apañan como pueden. Duermen repartidos en dos habitaciones, en las que tienen la ropa que pudieron coger, y apenas unos pocos juguetes, los que tenían en casa de los abuelos, porque el riesgo que corrían era tan alto que no les dejaron llevarse mucho más.
La baja por maternidad y paternidad se les acaba pronto. Él ya tiene el reconocimiento médico pasado para volver a las campañas agrícolas. Lo que no saben es cuándo podrán volver a su casa.
"Parecía un terremoto"
Estos vecinos de la urbanización Olivar del Santo, situada a las afueras del pueblo, tuvieron que salir de sus casas el pasado 3 de febrero, cuando sobre las 9:10 horas, se escuchó un tremendo crujido. Todo tembló, "parecía un terremoto", y entonces se produjo el derrumbe de una parte de la ladera situada a espaldas de la urbanización.
Unos minutos antes, una vecina había pasado con su coche para ir al trabajo. O una pequeña dormía en su habitación, pero estaba ya en el colegio cuando el muro se vino abajo y cayó sobre su cama. Bajo el muro derribado hay varios coches, una moto y una calle sepultada.
Hubo quien pudo sacar su vehículo in extremis, viendo el muro derrumbarse a pocos metros. Unas imágenes, y sobre todo unos sonidos, difíciles de olvidar. "Estuvimos varios días sin dormir", cuenta un vecino a lavozdelsur.es.
"Eso tronaba y crujía", recuerda este vecino. "Fue de película", dicen todos los preguntados por este periódico. Pero una película que, según cuentan, tenía un guion escrito desde hacía tiempo. Porque ya hubo un desprendimiento unos años antes. En aquel momento se colocó un mallazo y una malla de contención, "pero no se llegó hasta el final", lamenta un residente. Precisamente el derrumbe del 3 de febrero empezó por la zona sin mallar, y hubo un efecto dominó.
Ahora, quienes conocen bien el terreno señalan dos grietas que recorren el talud de arriba abajo. Una en la parte baja, visible desde la calle. Otra en la parte superior, que se pierde ladera arriba. La primera actuación pasa por estabilizar el terreno. Pero hay un problema burocrático pendiente.
Un lío burocrático con más de 25 años
Una vez hecho el balance de daños, un informe municipal cifra en 1,6 millones de euros el coste de la reparación, que pasa por reconstruir el muro, y afianzar la ladera para evitar nuevos desprendimientos en el futuro. Y acometer reformas en las casas afectadas.
Pero hay un problema: la urbanización es privada. Eso significa que el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules no puede intervenir, ni solicitar ayudas públicas para reparar estos daños, hasta que recepcione los terrenos, donde hay vecinos residiendo desde hace 26 años.
En el año 2000, el Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación de la urbanización. Durante dos años, estuvieron viviendo con "luz de obra", relata una vecina. Las calles no estaban ejecutadas. No había asfalto. En algunos tramos, ni suministro de agua ni luz. Ni una calle lateral contemplada en el proyecto original que nunca se construyó, que es clave como vía de evacuación, para cumplir así la normativa urbanística y para que el Ayuntamiento los recepcione.
Esta situación hace que ahora, con el muro derrumbado y familias en la calle, el Consistorio no pueda destinar dinero público a reparar una infraestructura que en la práctica es privada. La tasación del arreglo asciende a 1,6 millones de euros, unos 40.000 euros por vivienda, "inasumible" para muchos de ellos.
Hay residentes que llevan, al menos, 20 años solicitando al Ayuntamiento que recepcione los viales de la urbanización, se han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha habido reuniones, escritos... "pero nadie lo ha ejecutado", se queja esta residente.
Una carrera contrarreloj para poder solicitar ayudas
Para poder solicitar ayudas, con cargo al Real Decreto-ley 5/2026, que contempla subvenciones para financiar las obras de reparación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales dañados por las borrascas —que expira el 28 de abril—, deben realizar varios trámites burocráticos.
El proceso exige que los 99 propietarios de la urbanización Olivar del Santo constituyan formalmente una comunidad y nombren a un administrador de fincas, para lo que debe estar de acuerdo el 100% de los dueños de viviendas y garajes, que tienen que aceptar que el Ayuntamiento recepcione los viales. Un trámite que deberá pasar por pleno, antes de que el Consistorio pueda ejecutar la calle pendiente de contruirse, momento en el que la urbanización cumpliría todos los requisitos urbanísticos para solicitar estas ayudas.
En estos momentos, el tiempo corre en su contra. A nivel técnico, desde el Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de Medina, dependiente de la Diputación de Cádiz, se está redactando un documento de segregación, desafectación y cesión de los viales al Ayuntamiento, para que se pueda ejecutar antes del 28 de abril.
A Alcalá de los Gazules le han correspondido poco más de 200.000 euros de ayudas del Gobierno, una cantidad que está muy lejos de los 1,6 millones que necesitan estos vecinos para ejecutar la obra que necesitan.
El Ayuntamiento trabaja de la mano de los vecinos
El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules se encuentra en estos momentos preparando la documentación necesaria para poder solicitar subvenciones en materia de daños por catástrofes meteorológicas al Gobierno de España.
Lo confirma el alcalde, Javier Pizarro, en conversación con lavozdelsur.es. Los vecinos aseguran que el Consistorio alcalaíno es la única Administración que se ha involucrado en la búsqueda de soluciones.
"Aquí no ha venido la UME, ni nadie, solo los bomberos porque avisó el Ayuntamietno, y el alcalde", relatan vecinos de una urbanización de Alcalá de los Gazules en la que se está lejos de la normalidad. Los últimos desalojados del tren de borrascas, los olvidados.
