Ahmad era profesor universitario en Afganistán, y su mujer, una abogada que “luchaba por los derechos de las mujeres”. Eso, en un país en el que las mujeres sufren infinitas restricciones por parte de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021 después de 20 años, suponía que la familia que forman estuviera en peligro.
A ambos se suma su hijo, que tenía un año en el momento de la llegada del régimen talibán —ahora casi dos—, los suegros de Ahmad y su cuñado, en silla de ruedas tras recibir un disparo de los talibanes que lo dejó paralítico. “Nuestro futuro no estaba claro y queríamos salir”, comenta Ahmad, uno de los afganos que dejó el país al poco de conocerse la vuelta de los integristas al poder.
Ahmad, Frozen y Mohamed, que atienden a lavozdelsur.es, son tres de los más de mil refugiados afganos que han pedido asilo en España, pero que siguen esperando que se resuelvan sus solicitudes para pasar a formar parte del programa de acogida temporal. Después de estar en primera acogida y de solicitar la entrevista de asilo —un trámite que se ha llegado a realizar en unos pocos días—, se encuentran con que no tienen cita hasta principios de 2023. Cuando se celebra el Día Mundial del Refugiado, cada 20 de junio, reclaman que se agilicen los trámites.
“En la provincia de Cádiz los plazos se han dilatado mucho”, se queja Marina Orin, abogada de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, encargada de acoger a familias, en este caso, afganas, como las de Mohamed, Frozen y Ahmad. “La brigada provincial de Extranjería de Cádiz es la única comisaría con competencias en toda la provincia”, aclara. Las solicitudes de ucranianos y el hecho de que sea la única provincia andaluza en la que no se realizan entrevistas de asilo durante julio y agosto hace que los trámites se alarguen demasiado.
“Hasta que no hagan esta entrevista, el Ministerio (de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) no les asigna una plaza de acogida temporal”, explica la abogada, que es una de las integrantes del equipo multidisciplinar de CEAR que trabaja con estos refugiados, compuesto también por trabajadoras sociales, psicólogos, orientadoras laborales e integradoras sociales. “Siempre trabajamos sobre la dignidad de las personas y la autonomía para rebajar en lo posible el asistencialismo”, reseña.
Pero los refugiados afganos no aguantan más. Después de salir de su país a duras penas, sorteando bombas en el aeropuerto de Kabul y soportando amenazas de todo tipo, estuvieron siete meses en un campo de refugiados en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Allí se sentían poco menos que en una cárcel, porque compartían una habitación toda la familia, y no podían salir.
“Éramos como prisioneros, no podíamos ir a ningún sitio”, recuerda Frozen, quien llegó al campo de refugiados de Abu Dabi junto a sus padres y sus dos hijas. “Estuvimos siete meses así, era muy doloroso”, incide la afgana, que en su país ejercía como abogada. Así describe su estancia en el emirato: “Todo el tiempo comíamos lo mismo, mis niñas no querían comer ya”. A ella y a otros afganos que iba a acoger España les dijeron que estarían unos pocos días, pero pasaron meses.
“Ahora estamos en España, y compartimos espacio con otros refugiados que han venido ilegalmente”, sigue contando Frozen, quien lamenta que a pesar de tener la documentación en regla, su situación no se pueda resolver antes. Pasará casi un año, con suerte, antes de que ella y su familia cuenten con una plaza de acogida temporal y dejen de compartir habitación en un hostal. “Lo que queremos es vivir”, proclama.
De las 69.891 resoluciones de asilo que hubo en España a lo largo de 2021 —un 26% menos que en 2020, cuando se registraron 88.762—, 7.371 fueron favorables. 1.622 de esas solicitudes fueron de afganos, una nacionalidad que aumentó sobremanera tras el regreso al poder de los talibanes. Por delante solo están venezolanos (15.995), colombianos (11.567), marroquíes (6.536), malienses (4.647) senegaleses (3.198), peruanos (2.356), hondureños (2.254) y pakistaníes (1.632).
Los habitantes de Afganistán son los segundos con mayor tasa de solicitudes aprobadas, con un 99,73% —solo por detrás de Libia, con el 100%—, pero el problema es que tardan mucho los trámites y se exceden con mucho los plazos legales. Desde febrero en adelante, más de 35.000 personas han obtenido la protección temporal —sobre todo para ucranianos—, un reconocimiento especial que se ha activado por primera vez en la historia tras la decisión adoptada por unanimidad en el Consejo de la UE tras la invasión de Ucrania. Un agravio comparativo que los afganos no ven con buenos ojos.
“A los ucranianos les dan mucha atención y a nosotros no”, se queja Mohamed, que era fiscal en Afganistán. “No hemos venido ilegalmente y esta situación nos causa más dolor”, apunta cuando atiende a lavozdelsur.es. “Estamos sin destino”, dice, porque como sus compañeros, tendrá que esperar meses antes de realizar la entrevista de asilo. “Mis hijos ahora no tienen futuro”, lamenta.
Mohamed ejercía como fiscal en su país, donde encarceló a muchos hombres que, con la llegada de los talibanes al poder, recobraron la libertad. “Abrieron las cárceles y salieron muchos prisioneros a los que investigué durante años”, explica. “Era una amenaza muy grande para nosotros, porque están dispuestos a cualquier cosa”. Muchos de los presos a los que impuso penas tenían relación con los talibanes, por lo que su puesta en libertad suponía “una gran amenaza para mí y para mi familia”.
Con su vida en peligro, Mohamed dejó su casa y pasó a dormir en viviendas de familiares, una cada noche, para no ser encontrado. A finales de agosto, poco después del asalto al poder de los integristas islámicos, pasó la noche junto a su familia cerca del aeropuerto de Kabul, e intentaron salir del país. “Era imposible entrar”, recuerda. Estando allí, vivieron de cerca el atentado que se cobró la vida de un centenar de personas. Ellos fueron evacuados a Abu Dabi, donde estuvieron hasta el pasado mes de mayo.
Mohamed, junto a su mujer, sus cinco hijos y sus hermana estuvieron meses compartiendo espacio en el campo de refugiados del emirato, al igual que Ahmad y Frozen con sus respectivas familias. Él lo recuerda así: "La vida en el campo no era mala, teníamos comida y ropa, la habitación estaba limpia, pero hemos estado siete meses sin poder salir”. Desde su salida de Afganistán quisieron venir a España, porque una hermana de Mohamed trabaja para una organización española y le habló bien del país, pero los interminables trámites hacen que pierdan la paciencia.
La hija mayor de Mohamed, de 22 años, estaba en segundo de la carrera de Medina. “Quería ser doctora y estudió mucho para llegar hasta ahí”, comenta. “Me da mucha pena cuando la veo ahora”. Otro de sus hijos estaba a punto de comenzar su etapa universitaria y un tercero, en el último año de bachillerato. “Siento muchísimo dolor, ahora ya no pienso en mí, sino en ellos, en qué va a ser de sus vidas, porque llevan un año sin estudiar y no sabemos qué va a pasar con nosotros”.
“¿Cuándo va a terminar esto?”, se pregunta Ahmad, quien reside con su mujer, su hijo de dos años, sus suegros y su cuñado en un hostal facilitado por CEAR, una de las organizaciones que gestionan las plazas de protección internacional, junto a Accem, Cruz Roja o Cepaim. Desde que salió de su país, no para de pensar en un hermano que dejó en Afganistán, con el que puede hablar cada cierto tiempo. Ahora sabe que trabaja en una clínica, en la que duerme, cobrando (al cambio) unos 35 euros al mes.
“Hemos dejado nuestra casa, nuestro coche, un buen salario y una vida buena… pero eso da igual. Me produce mucho dolor pensar en mi hermano, no sé qué va a pasar con él, porque está solo”, dice Ahmad, quien durante su estancia en el campo de refugiados de Abu Dabi asegura que no dormía. “Hasta las siete de la mañana me llevaba despierto pensando qué futuro nos espera”, dice. La falta de libertad, los familiares y amigos que se quedaron en Afganistán y la larga estancia en el emirato eran sus principales preocupaciones.
Frozen, una abogada afgana muy activa en su defensa de los derechos de las mujeres, estaba acostumbrada a recibir muchas amenazas de los talibanes, “pero el Gobierno nos podía proteger con la Policía”, reseña. Cuando llegaron al poder, abrieron las cárceles y dejaron libres a presos a los que ayudó a encarcelar. “He luchado mucho por las mujeres que tenían conflictos con sus maridos y por eso tuvimos que irnos”.
La embajada española ayudó a Frozen y a su familia, pero en el aeropuerto tuvieron muchas dificultades para coger un avión. Ella hasta llegó a separarse de sus padres y sus dos hijas, arrastrada por la multitud. “Me tiraron al agua, que estaba muy sucia, y perdí de vista a mis niñas”, recuerda sobrecogida. Gracias a la ayuda de un militar español, al que enseñó el salvoconducto de la embajada, pudo llamar a su madre y reencontrarse con ellas. “Hubo un ataque de bomba en el que murió mucha gente, así que dejamos el aeropuerto y volvimos a casa”, cuenta.
En casa de un tío suyo estuvieron un tiempo, pero querían salir cuanto antes, porque temía que su exmarido volviera a por sus hijas. Con el régimen talibán, “él podía hacer cualquier cosa con mis niñas, tenía miedo de que viniera por ellas”, dice Frozen, una abogada que vio derrumbada su vida de un día para otro. “Estudié mucho —una carrera un máster y dos años de inglés— para tener una vida mejor, era feliz, pero de repente cambió todo”.
Ahora Frozen solo piensa en el presente, en el día a día. No puede hacer planes de futuro más allá de las próximas 24 horas. “Queremos un poco de tranquilidad mental, solo pienso en eso, no en el futuro, porque los talibanes no se van a ir tan rápido. Y con ellos es imposible volver y trabajar en mi país”. “Tengo mucho dolor, estudié mucho y ahora no tengo nada. Es un dolor que nunca se me va a olvidar”.
El futuro de Frozen, Ahmad y Mohamed, al menos el más inmediato, está en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que debe resolver sus solicitudes de asilo para que puedan dejar el programa de emergencia de CEAR. “Las familias afganas, después de todas las violencias que han sufrido de los talibanes, deberían estar en un recurso mucho más específico”, comenta Marina Orin, abogada de la entidad.
Este año es la primera vez que CEAR acoge a afganos en la provincia de Cádiz desde 2020. Unos refugiados cuyo asilo se ha visto demorado por la irrupción de ucranianos llegados tras el estallido de la guerra en su país. “Ahora se ha aplicado una normativa europea de 2001 que no se había aplicado con ninguna nacionalidad. Hay una discriminación, migrantes de primera y de segunda clase, en detrimento del resto de nacionalidades”, reseña Orin, quien asegura que el conflicto de Afganistán ha quedado “invisibilizado”.
Entre 2018 y 2020 se formalizaron 317 demandas de asilo por parte de afganos, una cifra que se disparó en 2021, con 1.622 peticiones, de las que 1.469 derivaban de los vuelos fletados por el Gobierno para proteger a trabajadores que habían colaborado con la embajada española en Afganistán. Pasada la ola mediática, solo les queda esperar que la lenta burocracia resuelva sus expedientes.
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