Pregunta. ¿Qué pulsión le ha llevado a escribir este libro? ¿Por qué en este momento?

Respuesta. El libro lo publiqué en junio de este año. Era el último título de una trilogía que comenzó después de la covid con La encrucijada, Los disfraces del fascismo y ahora La democracia amenazada. Todos van en el sentido de analizar la situación, tanto en España como en el mundo, y los riesgos que hay con la polarización política, con la desconexión de la sociedad con la clase política, la desconfianza en la Justicia, y finalmente estamos en un momento crucial para todos y cada uno de nosotros. Es decir, el título de La democracia amenazada, cuando el fascismo amenaza la convivencia, implica esto, es decir, que hay unos riesgos ciertos y evidentes y, desafortunadamente, cada vez los vemos más constatables.

Firmaba en el libro de honor del Ayuntamiento y decía: este es el libro que no querría haber escrito, porque desafortunadamente lo que digo ahí que podía suceder está sucediendo, y tenemos un ejemplo en este momento, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con una situación muy grave para toda la seguridad democrática de todos y cada uno de nosotros.

P. ¿Cuál es la mayor amenaza para la democracia española en la actualidad?

R. Sin lugar a dudas, el autoritarismo y la ruptura de los equilibrios de respeto a las garantías y los derechos que la tendencia y expansión de la extrema derecha está produciendo en todo el mundo. Se están cuestionando aspectos que ya parecía que estaban superados y que, con toda la trayectoria vivida desde Núremberg, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, y toda la arquitectura internacional construida, ahora se pone en cuestión.

Se socava principalmente en Occidente y se tiende a la eliminación y a la restricción de derechos. Eso es un hecho constatable, ya sea focalizando hacia la inmigración, o ya sea hacia la seguridad, la paz mundial, la propia confianza en las instituciones, los cuestionamientos de las mismas, la desconexión de la juventud, que es un sector muy importante, o la conexión con planteamientos que no son precisamente los que fortalecen la democracia. Ese es el reto, el desafío que tenemos, y en ese sentido el libro apunta a qué hacer para detener esta deriva.

P. ¿Cómo ha cambiado su percepción de la Justicia desde que no la vive desde dentro?

R. Es un proceso doloroso, en el libro lo digo así. Lo que estamos comprobando es que la polarización que se está viviendo en España se refleja especialmente en la Justicia. Ha habido no ya unos intentos, sino unas realidades de instrumentalización de la Justicia, y lo que es más grave es que determinados sectores de la Justicia se han dejado instrumentalizar al servicio de determinadas acciones políticas y el corporativismo judicial se ha acentuado, lo cual no quiere decir que no haya jueces y juezas, fiscales y fiscalas buenos y que cumplen con su obligación. Pero en los momentos concretos y más trascendentes mediáticamente tenemos unos ejemplos que hacen desconfiar de la imparcialidad de los jueces, y si desconfiamos de la imparcialidad y de la independencia de los jueces y les ponemos adscripciones en un sentido u otro, pues estamos a un milímetro del abismo.

P. ¿Cómo vivió la decisión del Supremo, que denegó su recurso, ratificando la inhabilitación que lo expulsó de la carrera judicial?

R. Ya era digamos, utilizando el título de una obra de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Era normal que el Tribunal Supremo hiciera lo que ha hecho, lo cual no quiere decir que sea correcto. Yo voy a seguir impugnando la decisión ante el Tribunal Constitucional y ante la Justicia europea, porque creo que si ratificamos los tratados y pasan a formar parte de la estructura legal de nuestro país, están para cumplirse y no para hacer unas interpretaciones contrarias a las víctimas o a quienes favorecen. Por tanto, yo lo que he hecho ha sido reclamar esa reparación a la que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo por unanimidad que tenía derecho. Los jueces han dicho que no. Yo seguiré cuestionando esa decisión, lo cual implica que todavía sigo confiando en la Justicia. Pero lo hago porque, si no, ¿qué vamos a hacer? Discrepo de esa interpretación, pero habrá que seguir empujando, la resistencia se tiene que llevar hasta el final.

P. Lleva tiempo defendiendo que en España existe el lawfare. ¿Qué ejemplos recientes diría que son los más sangrantes?

R. Hay muchas derivadas, porque hay lawfare político, lawfare económico, lawfare dentro de la Justicia... Hay ejemplos de algunos procesos judiciales en los que, sin perjuicio de que pueda haber algún tipo de responsabilidad de quienes están afectados, todo el desarrollo de esos procesos ha sido instrumentalizado por razones políticas, mediáticas y corporativas, y lo que es más grave, desde dentro de la propia corporación judicial.

Tenemos desde el procés en su momento a los procesos que se han seguido y se están siguiendo contra la mujer del presidente del Gobierno, contra el fiscal general del Estado... En el libro hay uno de los capítulos que comienza diciendo: "Claro que existe el lawfare". Pongo una serie de ejemplos, hay muchos, desgraciadamente más de la cuenta.

Pero también, afortunadamente, lo importante es neutralizarlos. Y mientras que haya este debate y esa crítica, que es sana… pero es muy grave. No sé hasta qué punto me complica la vida afirmar que exista el lawfare, pero bueno, recientemente tenemos un ejemplo que, si no es lawfare, se le parece mucho, que es la propia interpretación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto de la Ley de Memoria Democrática y la suspensión por vía cautelar del derecho al voto de más de 160.000 ciudadanos españoles que tienen todos sus derechos, y por mor de una decisión cautelar se ha decidido suspender mediante un proceso electoral que en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, porque aquí coinciden ambos, no va a permitir esa votación.

De modo que hay que tener cuidado, porque el problema del lawfare mina la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si los ciudadanos no confían en la imparcialidad de los jueces, estamos perdidos. Y aquí no vale que sean de una ideología o de otra; normalmente, por el sesgo de la ideología o de la tendencia ultraconservadora de gran parte de la Justicia española, va en un sentido determinado, pero es un hecho objetivo.

P. Y, a pesar de todo, insiste en que sigue confiando en la Justicia.

R. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es tratar de cambiarla, tratar de que haya unas dinámicas, y explicarlo, y que la ciudadanía perciba cómo es su Justicia y que exija su cambio. Es decir, es necesario hacerlo, necesitamos que la Justicia sea creíble. Movilizaciones como las que se están produciendo ahora en todas las grandes ciudades de España por la exigencia del derecho a la vivienda hay que seguir haciéndolas y exigir que la Justicia de una vez tome medidas positivas, porque debe ser confiable. Y si no es confiable, estamos perdidos. Y si no es confiable, la tenemos que hacer confiable. Es un servicio público. El titular de la Justicia en España no son los jueces, es el pueblo.