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“…pero no a mí, adonde tienen que darla, quizá saldría de la deuda. Y después, yo no sé, me iría al estadio, con todos los que han dado esa peseta, o esas cien pesetas, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría”. Estas palabras pronunciadas por Lola Flores en 1987 marcaron de manera casi definitiva la percepción que se tiene del trabajo cultural en este país y que no parece posible que vaya a mejorar a corto plazo. Este año se ha publicado Cazado, de Pedro Farré, antiguo directivo de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) condenado por gastar 39.552 euros de la entidad en clubes de alterne. El libro narra la connivencia de la clase política con las entidades de gestión.

Con motivo de la detención de Teddy Bautista en 2011, se abrió un debate, que todavía persiste, sobre la viabilidad económica de la entidad. Entretanto, el Partido Popular en el Gobierno pero incapaz de afrontar la reforma del llamado canon digital. Recordemos que la compensación por copia privada (canon digital en medios) se pagaba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por obra y gracia del PP. El nuevo sistema que debería entrar en vigor el 1 de abril excluirá del pago de este gravamen a las administraciones públicas y a las personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales e introducirá, en teoría, la regulación del derecho de reembolso a algunos profesionales.

Todo esto en un contexto legal de incompatibilidad entre el cobro de pensiones y derechos de autor, unas redes sociales que se lanzan a boicotear películas por las razones más peregrinas, raperos condenados a penas de cárcel por sus letras y una “nueva política” que se sacude las políticas culturales para regalárselas al PSOE. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

1987

Ahora que gracias a una abogada del Estado sabemos que “Hacienda somos todos” es, en realidad, un lema, debemos analizar también qué sucedió en este país en 1987 con la llamada “gestión colectiva” de derecho de autor. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: en 1986 el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, decidió que actores, bailarines, músicos y escritores no eran trabajadores por cuenta ajena sino por cuenta propia, por lo que había que integrarlos en el régimen de autónomos. Esto generó una movilización explosiva por parte de los intérpretes dramáticos y propició la creación de un sindicato propio del ramo, la Unión de Actores y Actrices.

En paralelo se estaba desarrollando una compleja reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la primera desde 1879, que iba a suponer una merma del poder de la SGAE, con un presupuesto equivalente al de los ministerios de Cultura de la época. En función de su músculo organizativo e intereses, los distintos sectores lograron arrancar varios logros al Gobierno de Felipe González. La Unión de Actores consiguió que se les siguiera considerando trabajadores por cuenta ajena y, gracias a la reforma de la LPI, pudieron impulsar su propia entidad de gestión, AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión). La Asociación Colegial de Escritores logró que en la LPI los contratos editoriales tuvieran una serie de regulaciones muy beneficiosas para quienes se dedican a la literatura, y también impulsaron su propia entidad de gestión, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

La SGAE, con las editoriales musicales operando en su seno, transigió con una LPI que lesionaba (y lesiona) seriamente la actividad de los autores musicales al dar carta de naturaleza a contratos de edición musical abusivos. Además, los intérpretes musicales crearon su propia entidad de gestión, con Luis Cobos al frente, AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes). Sin organizarse en sindicatos como actores y actrices, los músicos asistieron pasivamente a la ascensión de una SGAE renovada con Teddy Bautista al frente, quien comenzó a recaudar y repartir entre los socios de más éxito enormes cantidades de dinero. Un modelo muy discutible (por opaco y muchas veces arbitrario) que llega hasta nuestros días.

¿La casta cultural?

No se pueden entender las industrias culturales en este país sin entender las ocho entidades de gestión (nueve con la vasca EKKI) surgidas de la reforma de 1987. El primer aspecto reseñable es que son entidades sin ánimo de lucro pero que, a pesar de ello, reciben cuantiosas multas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya que operan en régimen de monopolio. De hecho, sólo existe competencia en el sector audiovisual, ya que los guionistas siguieron los pasos de los actores. Los guionistas primero crearon su propio sindicato, ALMA (Autores Literarios Medios Audiovisuales), y posteriormente la entidad de gestión DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), que compite con la SGAE en la recaudación de los derechos de los creadores audiovisuales.

Aunque los consensos de 1987 en torno al trabajo cultural aparentemente permanecen incuestionados, comienza a haber movimientos sísmicos en torno a ellos

Estas entidades de gestión son totalmente refractarias al cambio, independientemente de los vaivenes electorales que se produzcan. El caso más célebre es el ya mencionado de Teddy Bautista, que para dejar de estar al frente de la entidad tuvo que ser detenido por la Guardia Civil, después de ejercer como vicepresidente de 1984 a 1995 y ser luego máximo responsable de la entidad con distintos cargos de 1995 a 2011. Luis Cobos lleva al frente de la AIE desde su fundación en 1989. Enrique Cerezo (presidente del Atlético de Madrid y empresario del mundo del cine) es presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), entidad de los productores audiovisuales, desde 1998. La entidad de los productores musicales es AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales), dirigida por Antonio Guisasola desde 2003, mismo año en el que Pilar Bardem accedió a la presidencia de AISGE.

El movimiento contra el canon digital que algunos caracterizaron como antecedente en las redes del 15M se centró sobre todo en denuncias contra la SGAE. En la guerra del canon casi ni se mencionó al resto de entidades de gestión existentes, aunque también se beneficiaban del cobro por la compensación por copia privada, que gravaba con una tasa determinados dispositivos. La llamada “cultura libre”, que no es más que la aplicación de los dogmas neoliberales al trabajo cultural, hasta ahora no ha logrado articular propuestas concretas de reforma de la LPI o la creación de alternativas a las entidades de gestión. Muchos activistas de la guerra contra el canon digital se encuentran ahora con cargos o contratados en los “ayuntamientos del cambio”, esos mismos que van renunciando a desarrollar políticas culturales para cederlas al PSOE, partido que aprobó el canon digital.

Llega el Estatuto del Artista

Mientras la reforma de la LPI de 1987 y las entidades de gestión surgidas de ésta intentan adaptarse a la existencia de un internet ubicuo y acceso a contenidos a precio de ADSL, las cifras relacionadas con el trabajo cultural son muy preocupantes. Un informe de AISGE hablaba de sólo un 8% de los actores que ingresan al año más de doce mil euros por ejercer su profesión. Los traductores, organizados en ACE (Asociación Colegial de Escritores), denuncian que sólo el 9% de su sector puede vivir únicamente de su trabajo.

Aunque los consensos de 1987 en torno al trabajo cultural aparentemente permanecen incuestionados, comienza a haber movimientos sísmicos en torno a ellos. Treinta años después que los actores y actrices, los músicos están legalizando sus propios sindicatos a nivel estatal mientras descubren unas cifras desoladoras: más de la mitad de los músicos gana menos de diez mil euros anuales, el 28% gana entre diez mil y veinte mil, y sólo el 15% gana más de veinte mil euros. El trágico accidente del grupo pop Supersubmarina en el verano de 2016, en el que sus miembros resultaron gravemente heridos, fue indicativo de la situación de un sector donde el trabajo se desarrolla en condiciones precarias y, por desgracia, muchas veces muy peligrosas.

La Unión de Actores y Actrices, junto al resto de sindicatos de trabajadores y técnicos de las industrias culturales, ha lanzado la propuesta de un Estatuto del Artista y Trabajador Cultural. Sus tres patas son propuestas relacionadas con la protección social, la representatividad y el modelo fiscal, además de que pueda haber derechos sindicales también para los autónomos (Competencia ha multado a guionistas y fotoperiodistas con cuantiosas multas sólo por recomendar tarifas). La propuesta del Estatuto ha tenido un éxito inesperado: todos los partidos políticos lo asumieron en sus programas y se ha creado, no sin esfuerzo por parte de Podemos, una subcomisión para desarrollarlo.

Mientras tanto, siguen las miserias y la falta de apoyo mutuo en el trabajo cultural. Un ejemplo: un conocido periodista, habitual de las secciones de cultura, debe al autor de este artículo 500 euros y se escabulle cual personaje de Bruguera para no pagar. Como homenaje tanto a la Faraona como a la cultura libre propongo lo siguiente, mientras se desarrolla el Estatuto del Artista: hagamos un crowdfunding, y, si sobra, nos vamos de copas por Malasaña. Para llorar de alegría.

David García Aristegui es autor de ¿Por qué Marx no habló de copyright? (Enclave de Libros, 2014). Participó con un capítulo sobre SGAE en CT o la Cultura de la Transición (DeBolsillo, 2012) además de realizar el prólogo de Criminales del copyright (Hoja de Lata, 2014). Fue el creador de uno de los pocos programas dedicados en exclusiva a la propiedad intelectual, Comunes. Actualmente imparte la asignatura de Propiedad Intelectual en el Grado de Creación Musical en la Universidad Europea de Madrid; colabora en Barrio Canino, realizado desde Ágora Sol Radio, y con los colectivos Ciencia Para el Pueblo y la Unión de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras. Su último trabajo ha sido el autoeditado Sin mono azul. Breve historia del sindicalismo en el trabajo cultural (1899-2015).

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