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El fantasma de la gitanofobia ha recorrido Europa en paralelo al antisemitismo y a la islamofobia desde que llegaron los primeros gitanos desde la India hace cinco o seis siglos. 

El fantasma de la gitanofobia ha recorrido Europa en paralelo al antisemitismo y a la islamofobia desde que llegaron los primeros gitanos desde la India hace cinco o seis siglos. Curiosamente, rara vez se oyen o se leen noticias de denuncia o detenciones por agresiones verbales o físicas contra los gitanos. La impunidad es una de las señas de identidad de esta fobia. Cuando un político arremete contra los árabes o los judíos, sabe que se juega su prestigio y quizá su carrera. Si ese mismo político insulta, expulsa o maltrata a los romaníes, su popularidad puede subir como la espuma. Quizás por eso la persecución dura hasta hoy.

Encuestas de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los europeos de etnia gitana están excluidos de la vida económica, social y política. Comparados con los no romaníes, son más pobres, sufren más el desempleo, estudian y viven menos años y tienen menos acceso al agua potable, al alcantarillado y a la electricidad. Los gitanos tienen, además, más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas y menos acceso al sistema de salud.

La segregación en las escuelas es uno de los mayores problemas, y afecta a casi toda Europa del Este. En Ostrava (República Checa), por ejemplo, los niños gitanos son enviados a escuelas especiales donde algunos comparten aulas con alumnos discapacitados; otros van a colegios sólo para gitanos: un régimen de apartheid escolar. Este caso se dio a conocer en 2006 porque varias  familias lo denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Éste sentenció que el sistema educativo incurría en una discriminación indirecta al orientar a los chicos mayoritariamente hacia esas escuelas de menor nivel. Y obligó al Estado a indemnizar a los demandantes. No es el único país de Europa del Este en el que sucede. Al otro lado del continente, en Holanda, Austria, Francia, Bélgica o Reino Unido, el poder político lleva algunos años tratando de convertir a las exiguas minorías gitanas en el chivo expiatorio de la crisis. En 2008, Silvio Berlusconi censó y expulsó en masa a los gitanos en Italia; Nicolas Sarkozy tomó el relevo en 2010, y hoy el virus ha contagiado incluso a los supuestos progresistas.

Así, el apartheid económico y racial y el odio al diferente comienzan a ser una seña de identidad en muchos de los 28 países de la UE. El Ejecutivo socialista de Francia lleva dos años y medio derribando las chabolas y los campamentos de los 20.000 ciudadanos gitanos europeos que residen en el país. El Estado del Bienestar más caro de Europa se niega de forma sistemática a realojar y a prestar los servicios básicos a 17.000 personas de etnia romaní  -la mitad, niños-. De este modo, François Hollande incumplió su promesa electoral, la normativa internacional y la circular de Interior de agosto de 2012, en la que se señalaba que se trataría con humanidad y firmeza a las poblaciones “precarias”.

En Grecia y Hungría, el informe Racism, discrimination, intolerance and extremism: learning from experiences in Greece and Hungary, elaborado por la European Union Agency for Fundamental Rights en 2013, afirmaba que en los últimos años ha aumentado “drásticamente el número de delitos de odio por motivos raciales y étnicos", coincidiendo con la crisis económica.

En Suecia, en marzo de 2014, el Libro Blanco auspiciado por el Gobierno conservador reveló que, en entre 1934 y 1974, miles de mujeres gitanas fueron esterilizadas, perseguidas, marginadas y obligadas a abortar o a entregar a sus bebés a las autoridades, dentro de un plan oficial que consideraba que los gitanos eran una raza inferior.

Medidas similares se han puesto en práctica en países como Chequia o Eslovaquia hasta bien entrados los años noventa, sin que la comunidad internacional haya levantado la voz y sin que la UE haya sancionado a nadie. En 2003 mujeres de etnia gitana empezaron a denunciar su esterilización forzada por el Gobierno de la entonces Checoslovaquia que puso en práctica un programa para reducir la “alta e insalubre” tasa de natalidad de las romaníes. En diciembre de 2009 el Gobierno checo pidió disculpas y anunció que adoptaría medidas para que no volviera a ocurrir. En noviembre de 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Eslovaquia a indemnizar con 43.000 euros a una mujer a la que se esterilizó en un hospital público sin que diese su consentimiento claro.

En 2003 mujeres de etnia gitana empezaron a denunciar su esterilización forzada por el Gobierno de la entonces Checoslovaquia que puso en práctica un programa para reducir la “alta e insalubre” tasa de natalidad de las romaníes

La persecución y discriminación contra el pueblo gitano no es nueva. Ya en 1912, Francia colocó a la comunidad gitana, a la que llamó “nómada”, en un estado de excepción que dura todavía: les negó el carné de identidad normal y les obligó a portar un permiso de circulación antropométrico. Un siglo después, el Consejo Constitucional estableció que ese carnet es discriminatorio e inconstitucional. Pero la mayoría de los gitanos franceses sigue usando esos papeles.

Según ha escrito la historiadora Marie Christine Hubert, “el nomadismo de los gitanos siempre fue combatido por las autoridades francesas, que pensaban que los gitanos realizaban tareas de espionaje”. La ley de 1912 respondió a esa paranoia regulando el ejercicio de las profesiones ambulantes y prohibiendo la circulación de nómadas. Eso permitió identificar y controlar a los gitanos no sedentarios: ese sería el paso previo a su exterminio masivo durante el Holocausto. Más de medio millón de gitanos murieron en el Porrajmos.

Las persecuciones comenzaron mucho antes de la ocupación alemana, según Hubert, y se prolongaron mucho más allá del final de la II Guerra Mundial . “Ya en septiembre y octubre de 1939, la circulación de nómadas fue prohibida en varias provincias. Y en Indra-Loira los gitanos fueron expulsados. La ocupación nazi agravó aún más las cosas”. Los datos de Hubert indican que al menos 6.500 personas gitanas vivieron entre 1940 y 1946 en 30 campos de concentración franceses. Sus bienes fueron expropiados y sufrieron la mayor precariedad material y moral de la historia.

Francia y Alemania, en la etapa histórica en la que fueron enemigos, tuvieron en común la obsesión contra la población gitana de sus respectivos países. Ian Hancock, profesor de la Universidad de Texas, ha escrito que la cacería de gitanos en Alemania fue el primer anuncio de lo que vendría después: “Durante la República de Weimar, que instauró la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la policía de Bavaria y, después, la de Prusia, abrieron oficinas especiales para controlar a los gitanos. Los fotografiaban y tomaban sus huellas como si fueran delincuentes comunes. En 1920, se les prohibió entrar en los parques y en los baños públicos. En 1925, fueron enviados a campos de trabajo. En 1935, los nazis rescataron leyes anti-gitanas de origen medieval para oprimirlos más”.

El III Reich exigió a los gitanos cumplir un requisito que duplicaba el exigido a los judíos para clasificarlos como no arios: si solo dos de sus bisabuelos eran parcialmente gitanos, no podrían salvarse. A día de hoy, las cifras del Holocausto gitano siguen siendo aproximadas aunque, según escribió Simon Wiesenthal a Elie Wiesel en 1984, “los gitanos fueron asesinados (en una proporción) similar a la de los judíos; en torno al 80% (murieron) en el área de países ocupados por los nazis”. Ningún gitano ha sido indemnizado por haber sido encerrado en los campos de concentración franceses o europeos, y tampoco hubo compensación moral porque esa realidad no dejó el menor rastro en la memoria colectiva.

A partir de hoy, CTXT publicará y actualizará cada semana un mapa sobre la discriminación y la persecución que sufre el pueblo gitano en Europa. La responsable del Observatorio es la activista Mónica Santos Carrillo, que ha dedicado tres meses a recopilar y expurgar los datos existentes, casi siempre parciales, inexactos y poco fiables. Han colaborado con ella las redactoras Olalla Uriarte, Diana Sanz, María Matos Rebeca Mateos, y el infógrafo Esteve Boix.

La decisión editorial de CTXT obedece a una convicción: negar los derechos básicos al pueblo gitano, la minoría más numerosa y culturalmente más rica de Occidente, es incompatible con la democracia. Es una barbarie intolerable y un delito de odio racial. Pero sobre todo es un peligro que Europa no se puede permitir. La Historia nos enseña que la persecución estatal y sistemática de los gitanos, y su explotación con fines electoralistas, racistas o políticos, han antecedido siempre a las peores infamias imaginables.

Para más información, recomendamos ver la película Liberté, de Tony Gatliff, que narra la persecución nazi de los gitanos.

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Jorge Miró

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