El Ayuntamiento destina 500.000 euros al pago de alquileres y de las facturas de luz y agua en sus primeros 3 meses.
El Cádiz que se encuentra José María González Kichi (Por Cádiz sí se puede) es la ciudad española más castigada por el desempleo. Con una tasa de paro del 40'7% en el primer trimestre y con un desempleo joven que alcanza el 65%, según la EPA, González también se enfrenta a una pérdida constante de población -la ciudad se ha dejado 40.000 habitantes en tres décadas- y a una economía basada en los servicios y la estacionalidad del turismo. Además, la nueva corporación afirma que la deuda de 200 millones que dio a conocer el Partido Popular antes de las elecciones asciende a 275 millones.
A Kichi le queda por delante en los próximos cuatro años una ardua tarea en cuanto a creación de empleo. La nueva corporación se ha comprometido a potenciar nuevas fórmulas para romper con la estacionalidad del turismo de sol y playa y el impulso del valor cultural de la localidad; así como la reactivación de las bolsas municipales de empleo que el anterior gobierno dejó en el olvido. De momento, el Plan de Empleo del PSOE aprobado en el último pleno es la única medida estructural de inversión y desarrollo local puesta en marcha durante la nueva legislatura.
Los primeros meses de Kichi tenían como objetivo que no hubiese ninguna casa sin luz ni agua para sus primeros cien días como alcalde. Desde el mes de julio, la nueva corporación ha realizado una inversión económica que ya ha alcanzado el medio millón de euros (de acuerdo con los datos municipales), destinados al pago del alquiler y los recibos de luz y agua. En esa dirección, el regidor ha mantenido reuniones con Endesa con el objetivo de alcanzar un acuerdo marco para garantizar el suministro eléctrico y estudiar un protocolo de actuación para que las familias que no puedan hacer frente a los pagos mantengan este servicio básico.
En cuanto al agua, la gestión municipal de Aguas de Cádiz ha llevado a que los gaditanos pagaran el año pasado el tercer suministro más caro de España, solo superados por Murcia y Barcelona (conforme al estudio realizado por Facua, los gaditanos pagaron 22,82 euros para un contador de 13 mm y un consumo de 10 m3). Además, el equipo de gobierno ha decidido paralizar el proceso de contratación en la empresa al haber detectado que siete personas que llevaban varios años trabajando para el ente se habían saltado los cauces legales de contratación mediante el uso de empresas de trabajo temporal. En el mes de agosto los partidos de la oposición (PSOE, PP y Ciudadanos) rechazaron la propuesta de Por Cádiz sí se puede de vincular la empresa municipal de agua a la organización AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) por estar presuntamente vinculada a Podemos. Esta organización se creó en 2009 para luchar contra la privatización del agua.
En desahucios, Kichi se ha comprometido a que aquellas familias desahuciadas encuentren una solución habitacional temporal acudiendo al Ayuntamiento. En este sentido, pudimos ver al nuevo alcalde nueve días después de jurar el cargo en el número 35 de la Calle Benjumeda para tratar de evitar el desahucio de una familia. Aunque la mediación con la Policía no tuvo éxito, el Ayuntamiento se hizo cargo de la situación pagando una pensión a la familia hasta que, a los pocos días, un vecino le alquiló su vivienda a un precio asequible para que tuviera una solución estable. Con el objetivo de paralizar todos los desahucios, el regidor gaditano ha propuesto a la Junta de Andalucía y a los juzgados la puesta en marcha de una Oficina en Defensa de la Vivienda similar a la que ya existe en Granada (promovida por la Junta de Andalucía), y que ha logrado atender más de mil casos de posibles desahucios. De la misma forma, Kichi también ha mantenido reuniones con las entidades financieras en aras de ofrecer una solución habitacional a las familias que no puedan pagar la hipoteca.
Junto a la solución de la vivienda y de los gastos que ésta genera, la nueva corporación ha completado durante el verano la alimentación de 218 niños que iban a quedar fuera del servicio habitual de la Junta debido al cierre estival de los comedores escolares. Para esta medida, los servicios sociales municipales han optado por realizar un ingreso bancario a cada familia del dinero correspondiente (a razón de 8,8 euros por día y niño; y de cuatro comidas diarias) para evitar un tratamiento estigmatizante hacia los niños. De esta manera, el Plan de Continuidad Alimentaria ha supuesto una inversión económica de 54.000 euros para las arcas municipales. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía han financiado esta medida al 50% gracias al acuerdo conseguido por el equipo de gobierno local.
La intención del nuevo alcalde es que estas medidas sociales queden englobadas en el nuevo Plan de Emergencia Social en el que se encuentran trabajando, para así tener una visión más global del problema.
Pese a las medidas de carácter urgente llevadas a cabo este verano, los inicios de José María González no han sido fáciles. A finales de agosto, Kichi declaraba que el Partido Popular liderado por Teófila Martínez había dejado en una situación de “quiebra institucional las arcas municipales con una deuda viva de 275 millones de euros y una deuda de pago a proveedores de 60 millones de euros”, según recoge la auditoría interna realizada por el nuevo equipo de gobierno. El portavoz municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, defendió la herencia de su gestión, “dejando una ciudad modernizada gracias a una buena gestión urbanística y financiera, habiendo multiplicado por diez el patrimonio y con una deuda asumible de 275 millones de euros”. A su vez, Romaní afirmó que les han dado las ideas y los formatos de gestión a Por Cádiz sí se puede y que si no se ven capaces de gobernar “que den un paso atrás y dejen a los que saben gestionar”. Debido a esta situación económica, el Ayuntamiento ha comenzado a trazar la siguiente fase de la auditoría de la deuda que será examinada por la Cámara de Cuentas y que, una vez conocidos los resultados, será sometida al escrutinio ciudadano para que decidan la parte de dicha deuda que es legítima.
Por el momento, estos primeros cien días han dejado patente la tensión entre los distintos grupos municipales. Su llegada a la alcaldía, gracias al apoyo comprometido del PSOE y Ganar Cádiz en Común, ha encontrado barreras para sacar adelante su propuesta de organización del consistorio. El nuevo alcalde quería que sus propuestas se debatieran en el pleno, en contra de la opinión de los grupos de la oposición que eran partidarios de un acuerdo previo cerrado en los despachos. Los puntos conflictivos de la propuesta inicial del nuevo alcalde giraban en torno a la pluralidad de representación política en las empresas municipales, la oposición defendía una representación proporcional de todos los grupos políticos; y acerca de la retribución de los concejales por asistir a los plenos, cuya previsión era mucho más austera que la de la oposición. Un pleno después se acordaba la organización de la corporación que tendrá un ahorro de 300.000 euros en las remuneraciones de ediles y grupos políticos, además de garantizar la pluralidad en los organismos municipales. Kichi ha pasado a cobrar solo su sueldo como representante en la Diputación Provincial donando parte de su sueldo a dos organizaciones solidarias, Ánfora y Calor en la noche. En concreto, dichas organizaciones recibirán 2.500 euros procedentes de su sueldo de julio y agosto (Kichi cobra 1.880 euros, lo mismo que percibía por su labor docente).
Precisamente, la representación de los distintos grupos municipales en los organismos dependientes del ayuntamiento ha traído cola este verano. En la constitución del Patronato del Carnaval, según PP y Ciudadanos, “el alcalde deja fuera de las juntas ejecutivas a todos los grupos políticos para nombrar a dos miembros de su partido ejerciendo el voto de calidad que le otorga su cargo”. Esta aprobación solo tenía dos propuestas encima de la mesa, la del equipo de gobierno y la del PSOE, sin que PP y Ciudadanos presentaran otra alternativa. De ahí que desde la nueva corporación se hayan mostrado extrañados por dichas afirmaciones.
Kichi ha calificado de “justicia social” la lucha de los astilleros de la Bahía de Cádiz para que la empresa Navantia dotara de un nuevo contrato que suponga mayor carga de trabajo para los trabajadores. José María González considera que ese nuevo contrato de 21 meses de trabajo para la construcción de petroleros en Navantia es bueno pero insuficiente para garantizar la viabilidad de las tres plantas y la mejoría en las “escandalosas” cifras de paro de Cádiz.
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