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Su bajo nivel de implicación económica en la gestión del sistema de la dependencia está suponiendo un negocio redondo para el Gobierno central: lleva cinco años ingresando vía impuestos y cotizaciones más de lo que aporta a través de los Presupuestos, que es, además y desde hace dos años, menos de lo que el sistema les cuesta a las propias familias de los dependientes.

El último informe del observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales revela cómo en los siete años de aplicación de la Ley de Dependencia la aportación estatal ha ascendido a 9.829 millones de euros, mientras que los retornos, materializados mediante la recaudación del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones a la Seguridad Social --básicamente-- se han elevado a 11.600.

La tendencia se ha acentuado en el último lustro: con los recortes económicos iniciados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos efectos sociales se intensificaron por los tijeretazos de los de Mariano Rajoy, el balance es de 6.511 millones aportados por 9.344 ingresados.

El Gobierno ha optado desde hace un lustro por mantener bajo mínimos su intervención para impulsar el desarrollo del sistema de dependencia

La Administración central ha ido mejorando la rentabilidad económica de su posición hasta ganar euro y medio por euro invertido, mientras la aportación de las comunidades autónomas crece progresivamente –el año pasado superó los 4.000 millones-- y ocurre lo mismo con la de las familias, que ya se sitúa por encima de los 1.300.

Los gobiernos autonómicos han puesto, desde 2009, 23.707 millones mientras la factura de las familias asciende a 7.147. Es decir, que un sistema diseñado para ser cubierto al 50% por el Gobierno central y las comunidades autónomas ha derivado en una cobertura autonómica del 58,2% y una aportación familiar del 17,5%, mientras el Estado se limitaba a aportar el 24,1%, menos de la mitad de lo previsto.

Y esa gestión ha tenido consecuencias en varios planos, entre los que destacan dos estrechamente relacionados: el económico y laboral, por una parte, y, por otra, el social. El Gobierno, atormentado por el déficit, ha optado desde hace un lustro por mantener bajo mínimos su intervención para impulsar el desarrollo del sistema de dependencia, con lo que mantiene también bajo mínimos una oportunidad para crear empleo y elevar su volumen de ingresos.

Recuperación del gasto y creación de empleo

Tras analizar varios estudios, los expertos que han elaborado el informe parten de “la hipótesis de que la tasa media de recuperación del gasto cuando se prestan servicios [en materia de dependencia] está en torno al 0,385”. Es decir, que de cada euro invertido se recuperan 38,5 céntimos.

“El global recuperado en 2015 asciende así a 2.022 millones de euros sobre un total de gasto público de 5.276”, señalan, al tiempo que llaman la atención sobre el origen y el destino de ambas cifras: “Resulta curioso observar cómo actualmente los retornos casi doblan en cuantía a la aportación estatal”, que supone poco más de la quinta parte de la autonómica, “mientras que, evidentemente, la distribución de estos ingresos fiscales (IRPF, IVA, Sociedades, Seguridad Social, etc…) va por otros derroteros”.

Eso, matizan, sin incluir “retornos inducidos derivados” como el descenso de las prestaciones por desempleo como consecuencia de la creación de puestos de trabajo: “Si el saldo en 2015 es de 23.000 nuevos empleos es lógico pensar que pueden tener un importante impacto de ahorro para la Seguridad Social”.

El estudio se refiere a los cuidados para dependientes como “uno de los sectores de actividad económica y de generación de empleo potencialmente más interesante de los existentes en todo el sector servicios”, ya que, según sus estimaciones, genera en España 182.000 puestos de trabajo directos –casi la mitad de los 373.521 afiliados en Servicios Sociales-- a un ritmo medio de “35 empleos directos, estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público”, aunque con una horquilla que va de los 19 a los 50 en función de la comunidad autónoma de que se trate.

Los recortes de la era Mato

Sin embargo, el actual gobierno no se ha mostrado muy partidario de explotar ese filón de empleo. Algo coherente, por otra parte, con su tendencia a recortar servicios sociales como consecuencia de su obsesión por atajar el déficit, aunque en la práctica sus políticas económicas de adelgazamiento del Estado se traducen en un aumento de la deuda tan desmesurado como paradójico.

El informe estima en 1.684 millones el recorte estatal en dependencia desde julio de 2012

El informe estima en 1.684 millones el recorte estatal en dependencia desde que, en julio de 2012, con Ana Mato como ministra del ramo, entró en vigor el decreto que suprimía el llamado “nivel acordado” de financiación con las comunidades y reducía un 13% la cuantía del “nivel mínimo” de atención a los dependientes --provocó a las comunidades autónomas un quebranto de esa misma cuantía, ya que tuvieron que asumirlo--, además de generar una merma de ingresos de 1.181 millones por la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales durante tres años.

Eso suma 2.865 millones, aunque a esa cifra habría que restarle el agujero de 1.034 en cotizaciones impagadas desde 2007 que el Ejecutivo saldó en 2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El tijeretazo baja así a 1.831 millones, aunque, en la práctica, creció por otro lado: el recorte del 15% en las prestaciones económicas por cuidados familiares, inicialmente previsto para paliar los efectos de la Ley de Dependencia en las cuentas autonómicas, estranguló transferencias a los hogares por valor de 772 millones.

Un balance social estremecedor

Eso, en términos económicos. Sin embargo, la Ley de Atención a la Dependencia no nació para girar en torno a los números sino sobre las personas. Y, en ese aspecto, el balance de la legislatura resulta estremecedor: 384.326 ciudadanos a los que las administraciones han reconocido distintos grados de dependencia se encontraban a 31 de diciembre en lista de espera para acceder a los servicios y ayudas a los que tienen derecho --37.764 de ellos requieren atención permanente por su pérdida total de autonomía--, y que ya reciben otros 796.109. Es decir, que un tercio de los dependientes se encuentra fuera del sistema, al que falta por entrar el grueso de los 106.164 solicitantes pendientes de valoración, al que desde el 1 de julio de 2015 tienen derecho de acceso los 324.115 de Grado I –el menos severo, cuya entrada fue aplazada dos años y medio por decreto en 2011-- y al que, por último, nunca llegarán los más de 125.000 fallecidos en lista de espera desde 2012.

Mientras tanto, la cifra efectiva de atendidos apenas varió entre 2011 y 2014, cuando se mantuvo en el entorno de los 750.000, como tampoco fluctuó apenas la de reconocidos, que, de hecho, lleva cinco años tendiendo a la baja, desde los 1.280 de 2011 a los 1.180 de 2015. El primer indicador aumentó en 2015, cuando, coincidiendo con el cambio de equipos de gobierno en la gran mayoría de las comunidades autónomas, se elevó hasta los 796.109.

Esos recortes, en un “escenario generalizado de estabilidad presupuestaria forzada y forzosa para los gestores autonómicos, supusieron el estancamiento total del sistema por la imposibilidad de ofrecer atención a más personas aun considerando las abultadas listas de espera”, señalan los expertos, que resumen así la situación: “Lo que ocurrió en 2012 fue simple y llanamente el taponamiento general del sistema”.

Los efectos del cambio autonómico

Por el contrario, en 2015, “los parámetros básicos de la gestión del sistema han evolucionado de manera favorable por primera vez en varios años, y muy especialmente en el último semestre”, señala el informe, que refiere un aumento de 16.022 solicitudes activas, un avance de 286.713 personas con derecho reconocido, un crecimiento de 59.842 atendidos y un incremento de 51.011 asignaciones de servicios. Pese al descenso de 18.944 valoraciones y 13.843 planes de cuidado familiar, suena, efectivamente, a desbloqueo de los expedientes por un cambio de política en las comunidades autónomas.

El informe del observatorio concluye que la financiación del sistema requeriría, con la inclusión de los 384.000 dependientes en lista de espera, un aumento de 2.643 millones anuales que situaría la factura en 9.232. Sin embargo, pronostican que “no existirá solución a este galimatías” si solo se hace “la lectura parcial y cortoplacista del gasto, sin atender a los evidentes retornos, a la generación de empleo y a la necesidad de avanzar en políticas inteligentes de mejora de la atención a las personas con problemas sociosanitarios relacionados con la cronicidad que contengan y reduzcan el incremento del gasto sanitario a medio plazo”.

Los recortes aplicados a partir de 2011 impidieron, según el informe, la creación de 44.000 empleos y generaron una merma de la recaudación de 680 millones de euros. “¿Qué habría ocurrido si, en lugar de estrangular la financiación de la ley, el Gobierno hubiera apostado por invertir simplemente manteniendo lo existente?”, se preguntan. “Un escenario hipotético de plena atención”, responden, “reportaría 92.500 empleos directos y estables, además de la recuperación al erario público de 1.012 millones de forma casi inmediata”.

Sin embargo, anotan, “lo peor no ha sido el recorte, ni el coste de oportunidad, ni el incumplimiento de las leyes. Lo peor ha sido la falta de respeto y el maltrato hacia las personas en situación de dependencia y sus familias”.

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