14 Estados miembros han recibido ya fondos de la UE para establecer los esquemas de registro de pasajeros, mientras los partidos debaten los límites del control sobre los ciudadanos.
El coordinador antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, junto con un representante de la Comisión y otro miembro del Consejo Europea llegaron a la Cámara del Parlamento Europeo de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) este lunes 1 de diciembre con la intención de explicar las decisiones adoptadas en la última cumbre del pasado 20 de noviembre. Fue un intento de poner de relieve la necesidad de enfrentarse con envergadura a la aplicación de las medidas de la lucha antiterrorista que tras el 12 de febrero de 2015 se iniciaron con motivo de la matanza de Charlie Hebdo.
Europa quiere elaborar una base con todos los datos de las personas relacionados con sus viajes y reservas; ya sea de avión, hotel o el alquiler de un automóvil. Para ello la Comisión Europea emitió una directiva denominada API/PNR (Advanced Passenger Information-Passenger Name Record) que abordaba la recopilación masiva de esta información, pero se olvidaba del acceso a los registros de pasajeros en el contexto de una investigación específica. Meses más tarde, el 15 de julio de 2015, comenzaron distintos diálogos y reuniones sobre el Registro de Nombre de Pasajero (PNR, por sus siglas en ingles) para acercar posturas entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros.
Los PNR son uno de los temas tratados con más celo entre las medidas antiterroristas ya que la privacidad y la protección de datos son derechos fundamentales. Tras los últimos atentados de París, el Partido Popular Europeo (PPE) fue acusado de instrumentalizar el dolor para imponer su posición y atacó duramente a uno de sus rivales directos en este cruzada, los liberales (ALDE) y los socialistas (S&D). “Los grupos de centro e izquierda en el Parlamento Europeo están bloqueando la directiva de la UE sobre PNR”, dijeron los portavoces en plena maniobra.
“Hay que establecer reglas que no impidan o restrinjan el uso de los datos de los pasajeros pero que aseguren una protección adecuada de sus derechos,” explica la experta en protección de datos, seguridad y vigilancia masiva además de vicepresidenta del grupo liberal, Sophie in't Veld, sobre algunos de los temas que generan más división en el seno de la Eurocámara.
La postura de ALDE tiende hacia una regulación, cuya entrada en vigor sería inmediata al no necesitar implementación a nivel nacional, en detrimento de una directiva. El Consejo y la mayoría de los grupos en el Parlamento Europeo se decantaron por una directiva, motivo que retrasó, según n 't Veld, “la introducción de un sistema europeo PNR”.
El problema de la directiva es que debe trasponerse en los 28, si no los Estados miembros que no tienen legislación nacional no gozarán de base legal para adquirir datos de las compañías, como busca el PNR. En caso de que un Estado o varios se negaran a implementarla o lo hicieran mal, el valor añadido del sistema se vería perjudicado. Además, el proceso puede conllevar varios años.
“Estoy harta de que usen las negociaciones en el Parlamento Europeo sobre este tema para achacarnos lo que es una responsabilidad suya”, expresa con vehemencia la socialista portuguesa Ana Gómes sobre los Estados miembros. “¿Para qué hubieran servido? Los viajes de los terroristas que atacaron París eran totalmente conocidos por Bélgica. Lo que hace falta es voluntad política, trabajar de manera europea —como no hacemos— y comunicación con los servicios de inteligencia”.
Hay 14 Estados miembros que ya han recibido fondos de la UE para establecer los esquemas de PNR, entre ellos, Francia, y París maniobra con independencia en el seno de la Cámara del Parlamento en su favor. En su discurso ante el Congreso reunido en Versalles el pasado 16 de noviembre, el presidente francés, François Hollande, estableció como una de sus prioridades para incrementar la seguridad del país la adopción de la directiva PNR de aquí a fin de año o comienzos del próximo año.
Lo que realmente divide a los Estados miembros y supone un gran obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre la directiva es que algunos se niegan a aprobar una cláusula relativa a que la información sea compartida de manera obligatoria.
Y ahí radica el problema, según Fernández Aguilar. “Hay muchos reproches al Parlamento Europeo por haber bloqueado el PNR”, sostiene el socialista que momentos antes se dirigía a Gilles de Kerchov. “Usted es el encargado de la lucha antiterrorista y sabe que no ha habido coordinación”, le dijo lamentando la vulnerabilidad europea ante la amenaza. “Los ciudadanos están comenzando a pensar que no somos capaces de resolver sus problemas”, sentencia.
Los viajes de los terroristas que atacaron París eran totalmente conocidos por Bélgica. Lo que hace falta es voluntad política, trabajar de manera europea
Al respecto, el conservador Axel Voss sigue la línea de su grupo, el Partido Popular Europeo, y pide más tranquilidad y menos debates viscerales. “Hablamos de situaciones de emergencia y necesitamos datos sobre el movimiento de las telecomunicaciones para luchar contra el terrorismo. ¿Cuáles son las trabas?”.
“La contrariedad es que la seguridad no puede primar sobre los derechos humanos. La seguridad se está convirtiendo en banal”, expresa de nuevo Sophie in 't Veld, quien se harta de repetir la necesidad de entender la política europea de forma común. “No tenemos que convencer a sus servicios de inteligencia. Habría que decirles lo que van a hacer y punto”.
En una entrevista, el difunto Helmut Schmidt sostenía que ya no existe el concepto de soberanía nacional con tantos acuerdos internacionales y menos con las medidas tomadas tras la crisis. “Hay autoridades que no colaboran y esto no es sólo un problema europeo. ¿Cómo es posible que siga siendo un juego de niños entrar en Europa y que la policía no tenga ni idea?”, vaticinó.
En definitiva, la máxima que defiende los sectores más críticos del Parlamento con la directiva de Europa es que se trata de una lucha contra el terrorismo, no contra Internet y la privacidad.
El 19 de septiembre de 2007, el entonces alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, nombró a Gilles de Kerchove coordinador de la lucha contra el terrorismo. Ahora se harta de lidiar entre los Estados miembros y las instituciones europeas para preparar una estrategia a largo plazo. “El Tratado de Lisboa lleva años tratando que la Comisión pueda ejercer presión sobre los Estados Miembros, pero no se dejan”, lamenta en una escueta conversación. “Lo único que estamos tratando de hacer es recabar información para unir la piezas del puzle que nos lleven a vigilar mejor los atentados terroristas”.
De Kerchove termina remarcando varias veces un término. “Estamos sufriendo una esquizofrenia institucional y algunas partes no se dan cuenta de que cuanto mayor credibilidad tenga la Unión Europa, mas posibilidades habrá de propiciar un trabajo conjunto frente a los retos del terrorismo”, sentencia.
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