una_escena_de_la_obra
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El juez y expolicía Ismael Moreno acusa a los artistas de marionetas de enaltecer el terrorismo islamista y vasco.

La tradición del Carnaval implicaba la alteración del orden social en el plano simbólico. O así dicen los antropólogos, una fiesta en la que se liberan las tensiones sociales y cualquiera puede ser rey, general o cambiar su género si lo desea. Sin embargo, este año, en el carnaval de Madrid, la sátira ha llevado a dos jóvenes artistas a la cárcel por hacer un espectáculo de marionetas.

Dos titiriteros permanecen en prisión preventiva, acusados de apología del terrorismo, desde el viernes. El magistrado de guardia en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó el sábado 6 de febrero prisión provisional sin fianza para Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García, a la espera de juicio. Los dos pertenecen a Títeres Desde Abajo, una compañía de marionetas malagueña que se dedica a hacer espectáculos con contenido político.

La representación de guiñol por la que se les acusa, titulada La Bruja y don Cristóbal, tuvo lugar el viernes 5 de febrero a las 17:00 horas en el barrio de Tetuán –Madrid– dentro de los actos festivos organizados por el Ayuntamiento madrileño. La obra se había estrenado el 29 de enero en la Biblioteca Social Libre Albedrío de Granada, y se representó de nuevo en el centro social La Redonda de esa misma ciudad dos días después.

En el blog creado por los artistas para explicar la función, estos cuentan que la obra se inspira en los personajes clásicos del teatro de marionetas, Polichinela y su cachiporra, y la bruja, y que se inspira en la pervivencia de las cazas de brujas: “La caza de brujas fue un hecho histórico real que puso en práctica mecanismos represivos que todavía hoy se siguen utilizando contra la disidencia: la tortura y la pena de muerte, el falseamiento de pruebas, la construcción de una imagen falsa en la opinión pública que genera miedo y rechazo, la elaboración de leyes específicas, la recompensa a los delatores, etcétera”.

La policía detuvo a los titiriteros tras la denuncia de un adulto que presenciaba la obra, a raíz de que una de las marionetas exhibiera una pancarta en la que se leía: “Gora Alka-Eta”. Según recogieron distintos medios, también hubo algún revuelo entre los asistentes porque la obra incluía escenas como el ahorcamiento de un muñeco que representaba a un juez, y una violación.

La pancarta fue el detonante de la alarma entre los medios, que se apresuraron a titular que la obra hacía apología del terrorismo y enunciaba “Gora ETA”. Según la CNT de Granada, a la cual pertenece uno de los detenidos, la trama del guiñol, aunque de contenido político, no tiene nada que ver con la banda, ni a favor ni en contra, sino que quiere denunciar “los montajes policiales contra el movimiento libertario”, como el de la Operación Pandora.

Irónicamente, la pancarta en la obra es usada por una marioneta que representa a la policía para acusar a la protagonista de terrorista y llevarla ante el juez. El contenido del cartel –“Gora Alka-Eta”– pretendía ser un juego de palabras entre “alketa” –alcalde–, ETA y Al Qaeda. El juez ha recogido en el auto (ver PDF adjunto) que este juego de palabras prueba que el enaltecimiento no iba dirigido sólo a la banda vasca sino también a la yihadista.

El juez Ismael Moreno Chamarro lleva 28 años en la Audiencia Nacional. Antes de ser juez fue policía, un puesto que ocupó todavía durante la dictadura y en los primeros años de la transición –desde 1974 hasta 1983–. Respecto a sus actuaciones como miembro de la institución policial, destaca la que llevó al Tribunal Supremo a anular una sentencia de doce años por asesinato frustrado. El policía Moreno fue acusado de forzar a un testigo a firmar un reconocimiento del acusado pese a que el testigo no estaba seguro. El acusado, un hombre con problemas de retraso mental, estuvo preso por ese hecho cuatro años hasta la anulación de la condena.

Otros hitos parecidos jalonan su carrera judicial. Según Infolibre, en 2008, ya como juez, Moreno acusó a once inmigrantes del Raval (Barcelona) de intentar atentar en el metro partiendo del falso testimonio de un confidente policial. Ese mismo año, también imputó a un empresario sirio-español de financiar a Al Qaeda a partir de pruebas manipuladas por la policía.

Moreno, según el auto, dicta prisión preventiva sin fianza para los titiriteros para evitar que la obra u otras similares puedan ser representadas y porque entiende que existe riesgo de fuga. En el auto indica como prueba de la peligrosidad de los detenidos que en uno de sus cuadernos figuraba la portada de un libro aparecido en el proceso de la Operación Piñata, un proceso que tuvo gran alcance mediático y  donde se actuó contra una supuesta organización “anarcoterrorista”. Es uno de los procesos que la obra quería denunciar, y que ahora atraviesa las paredes del escenario: los artistas pueden enfrentarse a cuatro años y seis meses de prisión si la causa prospera.

Quien también ha sido denunciada por este caso es Celia Mayer, concejala de cultura de Madrid, a quien el PP quiere acusar de delitos de "colaboración en enaltecimiento del terrorismo", "desprotección de menores" e "incitación al odio".

Ahora Madrid, la formación municipalista que gobierna el Ayuntamiento con el apoyo del PSOE, ha afirmado en un comunicado que el incidente de los títeres era "sátira" y no "enaltecimiento del terrorismo” y que defiende "la libertad de expresión y el derecho a la crítica social y política a través de la sátira”. Aún así el Ayuntamiento ha destituido a los responsables de la programación de carnaval y ha demandado a los titiriteros por actos “ofensivos o lesivos para la sensibilidad del público, especialmente el infantil”.

En este caso, queda por dilucidar por qué la obra fue anunciada como para “todos los públicos”, ya que en la propia página web de los titiriteros el espectáculo aparecía clasificado como “Teatro popular” y no como “Espectáculos infantiles”, que es otro de los menús disponibles.

Este ataque del PP se enmarca en la ofensiva lanzada contra el departamento de cultura de Ahora Madrid por la aplicación de la ley de Memoria Histórica. El PP había pedido ya la dimisión de Mayer, y la Fundación Francisco Franco ha llegado a querellarse contra la alcaldesa, Manuela Carmena, por el derribo de un monolito.

#LibertadTitiriteros

Mientras, en las redes sociales ha comenzado una campaña para pedir la liberación de los dos titirimundis detenidos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha expresado su solidaridad a través de Facebook, donde ha dicho que la obra no es delito y que los detenidos “van a tener que lidiar con la maquinaria mediática sin escrúpulos de una derecha vengativa que no soporta la disidencia y aún menos perder elecciones, y que sigue recurriendo machaconamente al ‘todo es ETA’”.

Alberto Garzón, dirigente de Unidad Popular, ha tuiteado sobre el caso afirmando que cree que “estamos instalados en un clima de autoritarismo terrible e inaceptable”.

Mientras tanto, desde el mundo del espectáculo, el actor Alberto Sanjuan también ha mostrado su apoyo a los artistas detenidos: ”Una cosa es hacer algo políticamente incorrecto delante de niños, que es cuestionable, y otra cosa es que una persona pueda terminar en la cárcel por algo así", ha dicho durante una rueda de prensa.

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