El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que las entidades bancarias tienen que abonar lo percibido desde el inicio de la implantación de esta cláusula en las hipotecas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencia que la banca debe devolver de forma retroactiva todo lo cobrado por las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas, con lo que desde este momento se inicia el proceso para que los afectados puedan reclamar las cantidades que han abonado de más a sus respectivas entidades bancarias con las que tienen suscritas sus hipotecas.
El Tribunal Supremo ya dictaminó sobre la nulidad de estas cláusulas en mayo de 2013 por considerarlas abusivas y acusar a los bancos de "falta de transparencia". Estas cláusulas suelo afectan a un tercio de las hipotecas del país e imponen a los usuarios el interés mínimo que deben pagar por sus préstamos hipotecarios, algo que con el Euríbor en mínimos históricos, es muy gravoso para los bolsillos de los afectados.
El Supremo consideró que estas cláusulas son abusivas porque no se había informado sobre ellas al firmar la hipoteca e imponía una fecha, mayo de 2013, a partir de la cual se podía reclamar la devolución de los importes pagados de más. Pero ahora el TJUE amplía el plazo a toda la vida del crédito, lo que se calcula que pueda tener un impacto en el sector bancario de 4.000 millones de euros, según el Banco de España, aunque Goldman Sachs lo reduce a 3.000 millones.
Bancos como BBVA han cifrado su coste en unos 1.200 millones y Caixabank aporta que les afectará en 750 millones, 684 al Banco Popular y 200 millones a Bankia, según datos publicados por Europa Press. El Tribunal de Justicia de la UE rechaza que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser "incompleta e insuficiente", ya que priva a los afectados "del derecho de obtener las cantidades que pagaron indebidamente a los bancos".
El TJUE ha resuelto con esta sentencia tres casos prejudiciales acumulados, que afectan a Cajasur, BBVA y Banco Popular. En el caso también estaban personados la Abogacía del Estado, que defendía la sentencia del Supremo y la Comisión Europea, cuyos servicios jurídicos consideraban que los bancos deben reintegrar la totalidad de los importes cobrados de más.
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