El Consejo de Ministros aprobaba esta semana remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma vinculada a los objetivos de la reforma laboral de 2021 y que busca delimitar claramente la frontera entre formación y empleo. La iniciativa, conocida como Estatuto del Becario, pretende evitar prácticas fraudulentas que encubren relaciones laborales, además de reforzar los derechos de los estudiantes en prácticas. En cualquier caso, y a pesar de que ha sido una reivindicación histórica de este colectivo de jóvenes, no se impondrá la obligación a las empresas de que se pague a los estudiantes en prácticas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que la aprobación llega en un momento significativo: desde el 1 de enero de 2024 más de dos millones de jóvenes han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas, de los cuales el 56% son mujeres. “El conocido como Estatuto del Becario que hoy hemos aprobado incide en esta línea, garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que el objetivo de la norma es “calibrar qué es la formación de calidad en España, preservarla y convertirla en un elemento de excelencia”. El texto establece que las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a enseñanzas vinculadas a los sistemas públicos de empleo. En caso contrario, se considerará que existe una relación laboral. También se entenderá como empleo si la persona en prácticas sustituye el trabajo de un empleado. Además, las prácticas deberán formalizarse por escrito mediante un acuerdo o convenio entre la empresa y el centro formativo, donde se detallen la formación a recibir y la duración máxima del periodo de prácticas.
El sistema también introduce una doble tutorización, con un responsable dentro de la empresa o administración y otro en el centro educativo. La nueva regulación incluye otras garantías para las personas en formación. Entre ellas, se prohíbe acceder a prácticas mediante el pago y se reconoce el derecho a recibir una compensación por los gastos derivados de la actividad formativa. El Gobierno también prevé endurecer las sanciones en caso de incumplimientos. Según explicó Yolanda Díaz, las multas podrán superar los 250.000 euros, dentro de un refuerzo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. La ministra reiteró que el Ejecutivo está comprometido con la lucha contra la precariedad y el paro juvenil y aseguró que esta norma responde a una demanda de los jóvenes. Además, agradeció el diálogo mantenido con los agentes sociales e instó al principal partido de la oposición a respaldar la ley durante su tramitación parlamentaria.