La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado al juez instructor que dicte una orden de busca y captura nacional e internacional contra el jeque catarí Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, en el marco de la causa por su gestión al frente del Málaga CF.
La resolución se produce tras el recurso presentado por la Fiscalía de Málaga, que ya había solicitado en octubre del año anterior la detención de los investigados por presuntas irregularidades en la administración del club.
En fases anteriores del proceso, el letrado José Carlos Aguilera, personado en la causa, había advertido de la estrategia de los acusados, consistente en no personarse de forma efectiva ni designar representación legal, una circunstancia que fue posteriormente respaldada por el Ministerio Fiscal.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso y ha ordenado que se proceda a emitir la orden de detención, tanto en territorio nacional como fuera de España, aunque el órgano instructor todavía no la ha ejecutado formalmente.
Argumentos judiciales y riesgo de incomparecencia
En su fundamentación jurídica, la Audiencia sostiene que los investigados habrían utilizado su derecho de defensa y su residencia en el extranjero "con fines dilatorios y de entorpecimiento de la marcha del procedimiento, manteniendo una actitud de clara desidia a la hora de hacer valer su derecho de defensa".
Actualmente, los acusados no cuentan con representación legal activa tras haber renunciado a sus anteriores defensas y no haber designado nuevos abogados de su elección, lo que ha complicado la continuidad del procedimiento ordinario.
Asimismo, el intento de cooperación judicial internacional con Catar ha resultado infructuoso, según consta en la resolución trasladada por fuentes judiciales citadas por EFE, lo que ha reforzado la percepción de riesgo procesal.
Para los magistrados, en "este dilatado procedimiento" los acusados habrían mostrado una actitud de pasividad deliberada, interpretada como posible estrategia procesal para evitar su comparecencia, lo que lleva al tribunal a considerar necesario "asegurar la presencia física de los ya acusados, ante el riesgo de que la lentitud de la comisión rogatoria permita su incomparecencia".
Finalmente, tras su eventual detención, el tribunal deberá valorar su situación procesal hasta el juicio, mientras que la Fiscalía mantiene su petición de hasta 14 años de prisión por delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos, además de multas e inhabilitación para administrar sociedades mercantiles.