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El sindicato CCOO Sevilla ha instado a los empresarios del sector agrario a asumir una mayor responsabilidad y ha pedido la implicación de las administraciones públicas, así como más recursos para la Inspección de Trabajo, con el fin de prevenir casos de explotación laboral en la provincia.
La denuncia se produce tras la reciente operación de la Guardia Civil en Brenes, que permitió liberar a 52 personas de nacionalidad rumana sometidas a condiciones laborales abusivas. En el operativo fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una red criminal. La localidad sevillana ha sido protagonista en los últimos años por episodios parecidos de explotación de personas migrantes en fincas agrícolas.
Mónica Vega, responsable del Sector Primario del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, ha recordado la necesidad de adoptar medidas contundentes ante estas prácticas. Según ha señalado, muchas de las víctimas fueron captadas en Rumanía a través de anuncios en redes sociales que les prometían empleo legal, salarios competitivos y alojamiento gratuito.
Sin embargo, al llegar a España, los trabajadores eran trasladados a viviendas en condiciones insalubres y se les imponía una deuda desproporcionada por los gastos de traslado. Además, se les retiraban los pasaportes, se restringía su libertad de movimientos y se les obligaba a realizar jornadas extenuantes con salarios muy inferiores a los establecidos en el Convenio Colectivo del Campo en la provincia de Sevilla.
"Mano firme" contra quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes
Ante esta situación, Vega ha exigido "mano firme" contra quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. En particular, ha denunciado la explotación de mujeres que abandonan su país en busca de mejores condiciones de vida y acaban siendo víctimas de redes de abusos laborales.
La sindicalista ha reclamado también un refuerzo en los recursos destinados a la Inspección de Trabajo, para que pueda actuar con mayor eficacia contra las jornadas abusivas, el incumplimiento de convenios y la infracotización de las peonadas. A su juicio, estos problemas siguen estando extendidos en el sector agrícola de la provincia.
Además, Vega ha hecho un llamamiento a los empresarios del campo en Sevilla para que asuman su responsabilidad en la erradicación de estas prácticas. En este sentido, ha exigido que la responsabilidad del empresario principal con respecto a las subcontratas y empresas de trabajo temporal sea solidaria y no meramente subsidiaria.
El sindicato ha reiterado la urgencia de reforzar la vigilancia y el control en el sector, subrayando que la lucha contra la explotación laboral debe ser una prioridad tanto para las administraciones como para los agentes económicos implicados.
La operación de la Guardia Civil en Brenes ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de actuar con determinación contra las redes de explotación en el campo andaluz. CCOO insiste en que la única forma de erradicar estos abusos es mediante la aplicación de sanciones ejemplares y un mayor compromiso por parte de todas las partes implicadas.


