La Unión Europea (UE) ha activado, de manera provisional, la aplicación del acuerdo que alcanzó hace una semanas con Mercosur, un espacio económico del que forman parte Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y con el que mantienen acuerdos de asociación otros países de América Latina. Es cierto que el proceso solo se considerará plenamente cerrado cuando se apruebe por el Parlamento Europeo, pero se trata de un paso significativo que deja a las claras las prisas que tiene la Comisión que preside Ursula von der Leyen por finiquitar este asunto. Este anuncio se produce justo después de que tanto Argentina como Uruguay hayan ratificado el acuerdo (Paraguay y Brasil aún no lo han hecho).
Han sido más de 25 años de negociaciones para luego tomar decisiones a un ritmo acelerado, algo con lo que, sin duda, tiene mucho que ver la política beligerante que en el plano económico –e incluso político– vienen manteniendo contra Europa los Estados Unidos bajo la administración Trump y la necesidad europea de reforzar su propia voz en el mundo, más allá incluso del contenido económico del tratado. Desde Bruselas se habla de "necesidad estratégica" para ganar autonomía frente a las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, además de decir que se trata de un acuerdo que "van a apreciar de manera positiva los ciudadanos europeos".
El acuerdo entre la UE y Mercosur creará un mercado de más de 700 millones de personas y una reducción notable de los aranceles que aplican ambas zonas –no desaparecen por completo, pero lo harán aproximadamente en un 90%– que se irá haciendo a plazos, de manera escalonada.
Los agricultores europeos están abiertamente en contra de este tratado, de hecho es el sector que hasta ahora más se ha significado en contra del mismo. Los franceses, por ejemplo, han conseguido con sus protestas que el gobierno de su país se desmarque del acuerdo, aunque no puede hacerlo de su aplicación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado de "sorpresa negativa" la decisión adoptada (y la manera 'unilateral' de hacerlo) por parte de la Comisión. Macron afirmó también que "no se ha respetado de manera suficiente a los ciudadanos europeos" ni tampoco a sus representantes políticos, ya que entiende que antes de proceder a la aplicación se debería haber ratificado el acuerdo por parte del Parlamento Europeo.
El campo, en definitiva, se considera el gran perjudicado en este contexto en el que se dan la mano intereses de 'alta política' –la estrategia de Europa por volver a tener peso específico real en el mundo– e intereses para la industria ya que entienden que, en absoluto, hay reciprocidad –las llamadas cláusulas espejo– en cuanto a la normativa medioambiental que regula las producciones y que, en definitiva, se sacrifica a la agricultura en aras de otros intereses. Francia, en cualquier caso, no tira la toalla sobre el tema agrario, ya que el presidente de la República, bajando a la arena, ha afirmado que su país va a ser especialmente vigilante con el uso de pesticidas y con todo lo relacionado con los controles sanitarios en las fronteras de la UE en todo lo relacionado con terceros países, "temas que llevamos meses hablando", dijo.
La postura de Francia contrasta abiertamente con la de Alemania y España, que son dos de los principales impulsores en cerrar este nuevo tratado. España, es evidente que respalda este acuerdo atendiendo a criterios de influencia geoestratégica, aunque la posición oficial es "compensar" las pérdidas por los aranceles de Estados Unidos, mientras que Alemania, más prosaica, entiende que se abre un importante mercado para industria automovilística.