El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la retirada de los patinetes eléctricos de alquiler operados por la empresa sueca Voi Technology, que prestaba servicio en la ciudad desde 2021. La decisión se produce tras rechazar los argumentos presentados por la compañía para continuar con la actividad, considerada desde abril como no autorizada por el Consistorio.
Según han comunicado fuentes municipales a través de sus canales oficiales, la empresa opera sin respaldo legal desde que quedó sin efecto la autorización temporal que le permitía explotar el servicio. Esta autorización formaba parte de un proyecto piloto que, según el Ayuntamiento, no se ha prolongado debido a que no cumplió con las expectativas previstas.
A principios de julio, representantes de ambas partes mantuvieron una reunión en Sevilla en un intento de abrir un canal de diálogo. El encuentro se produjo después de que el Ayuntamiento emitiera una orden para la retirada inmediata de los vehículos y la cancelación del servicio. Voi Technology argumentó entonces que el acuerdo alcanzado en 2021 avalaba su permanencia en la ciudad y que la interrupción abrupta del servicio podría suponer una situación de inseguridad jurídica.
La empresa no contaba con licencia, según el Ayuntamiento
Desde el Consistorio se ha reiterado que la empresa no contaba con una licencia permanente, ya que su participación se limitaba a un proyecto experimental aprobado en enero de 2021. En ese momento, Voi y otra compañía fueron seleccionadas para poner en marcha el plan piloto, aunque esta última renunció y Voi quedó como única operadora autorizada de forma temporal.
Posteriormente, a petición de la empresa, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente concedió una prórroga en marzo de 2023 para seguir prestando servicio con un máximo de 1.000 patinetes hasta que se iniciara un nuevo proceso de autorizaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió no convocar una nueva licitación al considerar que los resultados del proyecto no fueron satisfactorios. Además, las autoridades locales han recalcado que no existe ningún contrato en vigor con la empresa, por lo que su actividad actual se considera ilegal.