La Policía Nacional ha comenzado el análisis del teléfono móvil de Sandra Peña, la adolescente de 14 años fallecida en Sevilla en un presunto caso de violencia escolar. Los agentes tratan de reconstruir los últimos días de la joven y recopilar pruebas sobre el acoso que, según su familia, venía sufriendo desde hacía un año.
Los investigadores están revisando en detalle, según destaca El Mundo, el contenido del dispositivo, incluidos los mensajes en redes sociales, con el objetivo de determinar la existencia de pruebas que confirmen las denuncias previas de la familia. Todo el material que se obtenga formará parte del atestado policial, en el que también se identificarán a las presuntas autoras de las humillaciones sufridas por la menor.
Dos expedientes para depurar responsabilidades
De forma paralela, la Fiscalía de Menores de Sevilla estudia la documentación remitida por la Inspección Educativa tras el suicidio de la joven. El Ministerio Público prevé abrir dos expedientes: uno centrado en las supuestas acosadoras y otro destinado a evaluar la posible responsabilidad del centro escolar, el colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba Sandra.
Fuentes del caso han señalado que, al no estar concluido todavía el atestado policial, la Fiscalía no ha comunicado la identidad de las menores investigadas. El primer expediente, de reforma juvenil, se centrará en los hechos atribuidos a las adolescentes, mientras que el segundo tendrá carácter supervisor, para determinar el grado de implicación o negligencia del centro educativo concertado.
Desde el colegio se emitió un comunicado en el que se apelaba a la prudencia y se pedía “cautela y responsabilidad”, al tiempo que se solicitaba el “cese de cualquier situación de violencia” dirigida contra la institución. El centro ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo necesario para esclarecer los hechos y evitar nuevos episodios de acoso.
La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se incorporen los resultados del análisis del móvil de la víctima, una pieza clave para entender el alcance de la violencia sufrida por la joven. Tanto la Policía como la Fiscalía buscan esclarecer si existieron fallos en la protección institucional y qué medidas pudieron haberse tomado para prevenir el desenlace.
