La Fiscalía de Menores de Sevilla ha comenzado a analizar la documentación remitida por la Inspección Educativa tras el suicidio de Sandra Peña, alumna de 14 años del colegio Irlandesas de Loreto, ocurrido el pasado martes en la ciudad. El objetivo es determinar si se abren las diligencias correspondientes por un posible caso de acoso escolar.
El caso está siendo evaluado directamente por la fiscal coordinadora de Menores en Sevilla, Marta Valcarce, quien revisa la información remitida por la Inspección Educativa, dependiente de la Junta de Andalucía. El enfoque principal del informe se centra en cómo el centro aplicó el protocolo frente al acoso escolar y en las medidas adoptadas antes del trágico suceso.
Desde la Consejería de Desarrollo Educativo de Andalucía se informó que la Inspección constató la adopción de ciertas medidas por parte del colegio, aunque no se activaron los protocolos oficiales de acoso ni los relativos a conductas autolíticas. El análisis pretende esclarecer si las actuaciones del centro se ajustaron a la normativa vigente y si resultaron suficientes ante los indicios de hostigamiento entre estudiantes.
Acciones legales
La familia de la menor ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales necesarias ante lo que considera una inacción del colegio. Según los familiares, la única medida que el centro aplicó fue trasladar de aula a las presuntas acosadoras, una decisión que, a su juicio, no abordó de manera adecuada la situación de acoso sufrida por la adolescente.
El suceso ha generado conmoción en Sevilla y ha abierto un debate sobre la efectividad de los protocolos de prevención del acoso escolar en los centros educativos. La Fiscalía continúa evaluando la documentación recibida para determinar si es necesario abrir una investigación formal o recabar información adicional, mientras la comunidad educativa y la sociedad en general reclaman reforzar los mecanismos de protección y apoyo a menores en riesgo.
