Este pasado domingo 29 de junio, la Catedral de Sevilla fue escenario de una insólita combinación: una misa en apoyo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar y, a sus puertas, una manifestación de rechazo al proyecto. El acto litúrgico contó con la presencia de altos cargos de la Junta de Andalucía, mientras en el exterior se alzaban voces críticas contra lo que consideran un nuevo riesgo medioambiental.
En medio del debate, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido con firmeza la iniciativa. Según viene señalando desde hacie tiempo, el proyecto de Minera Los Frailes —autorizado definitivamente hace un mes— no solo implica la explotación de recursos como zinc, plomo y cobre, sino también la restauración de los pasivos ambientales que dejó la anterior explotación. “La nueva mina viene también a resolver un problema ambiental heredado de prácticas del pasado”.
El proyecto representa una inversión de casi 500 millones de euros y, según la Junta, generará unos 2.000 empleos durante su fase operativa, además de otros mil durante la construcción. La mina tendrá una vida útil estimada de al menos 20 años, con una producción media anual de 2,7 millones de toneladas.
Paradela también puso en valor el carácter innovador del plan, que contempla una mina subterránea, sin balsas de residuos, y que empleará parte del material tratado como relleno interior, siguiendo lo que describió como la “mejor técnica disponible” reconocida por la UE. Además, se destinarán más de 60 millones de euros en garantías medioambientales: 42,5 millones para restauración durante y tras la actividad, y 20 millones como garantía financiera, la máxima permitida por ley.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la gestión del agua. Paradela aseguró que se han establecido requisitos sin precedentes, lo que ha prolongado el proceso de autorización, pero también garantiza —según sus palabras— un estricto cumplimiento ambiental. Más del 80% del agua utilizada se recirculará, minimizando así la huella hídrica del proyecto.
Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de la Junta. La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha alertado sobre los posibles riesgos que conlleva la reapertura del recinto minero, marcado por el trágico desastre ambiental de 1998, cuando la rotura de una balsa de residuos tóxicos bajo la gestión de la sueca Boliden arrasó miles de hectáreas. “No es un problema de cuatro ecologistas, sino de alcaldes, mariscadores o agricultores”, advirtió Gómez.
La diputada recordó que numerosos colectivos, desde ayuntamientos ribereños hasta asociaciones de pescadores y acuicultores, ya se han manifestado contra el proyecto. En abril, organizaron un acto ante el Palacio de San Telmo denunciando que los vertidos asociados a las nuevas explotaciones mineras podrían representar un peligro para la salud humana y para el desarrollo económico del estuario del Guadalquivir.
Además, Gómez aludió a un estudio de la Universidad de Sevilla que desaconseja el consumo de ciertas especies, como el albur, debido a una posible contaminación por metales pesados. Una advertencia que, según la diputada, no puede ignorarse cuando se está autorizando otro gran proyecto minero subterráneo en Gerena, Salteras y Guillena, promovido por Cobre Las Cruces, empresa participada por la multinacional First Quantum.
Mientras tanto, la Junta insiste en que el nuevo modelo de minería en Andalucía puede ser estratégico para Europa. Paradela recordó que la comunidad aporta el 90% de la minería metálica en España y alberga 22 de los 34 minerales que Europa considera esenciales para la transición ecológica y digital. “Hacer minería en Europa con los más altos estándares de seguridad y respeto ambiental es un ejercicio de responsabilidad”, concluyó.
La reapertura de Aznalcóllar, entre promesas de desarrollo y advertencias de desastre, reabre heridas que la sociedad andaluza aún no ha olvidado.