Sevilla se prepara para una nueva protesta por la vivienda. Más de 25 organizaciones sociales, junto a sindicatos y colectivos de izquierda, han convocado una manifestación el 14 de febrero a las 12:00 para denunciar lo que califican como una “situación insostenible”. La marcha arrancará en Gran Plaza y concluirá ante la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía bajo el lema 'Su negocio, nuestras vidas'.
Los convocantes alertan de que los alquileres en la capital rondan ya los 800 euros mensuales, mientras —afirman— grandes entidades acumulan miles de pisos vacíos para mantener precios elevados o destinarlos a usos turísticos. A su juicio, esto empuja a muchas familias a la pobreza tras pagar la renta y bloquea la emancipación juvenil.
Como ejemplo señalan el caso de 11 familias de Palmete cuyas viviendas VPO en alquiler con derecho a compra fueron adjudicadas a un fondo buitre a través del Banco Santander por entre 30.000 y 50.000 euros, con un valor total cercano al medio millón. Reclaman que esos inmuebles pasen automáticamente al parque público y que se garantice el derecho de estas familias —con informes de vulnerabilidad y 9 menores— a permanecer en sus casas, rechazando “alternativas” que consideran inestables.
También recuerdan que las entidades que pretenden desalojarlas fueron rescatadas con 65.000 millones de dinero público aún no recuperados. Denuncian además la actuación de Emvisesa, señalando que el lanzamiento llegó a fijarse para el 5 de diciembre y sólo se aplazó tras denunciarse el caso ante el pleno municipal el 20 de noviembre. La prórroga, de 60 días, expira en estos días.
Las organizaciones exigen medidas urgentes y proponen la expropiación sin indemnización de viviendas en manos de bancos y fondos para integrarlas en el parque público. Este jueves, la consejera Rocío Ruiz será interpelada en el Parlamento andaluz sobre este caso y el de 62 familias en Manilva, mientras los convocantes llaman a la ciudadanía a movilizarse el sábado.