Once familias residentes en la calle Verdad, en el barrio de Palmete de Sevilla, se enfrentan a un posible desahucio dentro de dos meses, tal y como ha denunciado la plataforma vecinal Barrios Hartos.
Entre los afectados hay menores de edad, familias monoparentales y hogares en situación de vulnerabilidad social, según señalan los vecinos.
El colectivo denuncia que estas familias, muchas de ellas trabajadoras y con escasos recursos, podrían quedar en la calle si no se produce una intervención institucional. Subrayan que Palmete es una de las zonas más desfavorecidas de Andalucía y con menor dotación de servicios, y consideran que el desalojo tendría consecuencias especialmente graves para los menores, que podrían perder su entorno, colegio y vínculos sociales.
La petición: que Emvisesa rescate las viviendas
Desde el colectivo se reclama que Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, rescate estos inmuebles de protección oficial y los incorpore al parque público de vivienda, con el objetivo de evitar los desalojos por razones de justicia y humanidad.
Asimismo, se insta a que las familias puedan permanecer en sus hogares mientras se busca una solución habitacional estable y digna. “La Constitución reconoce el derecho a una vivienda, y en pleno siglo XXI no se puede dejar a familias vulnerables sin alternativa habitacional”, señalan desde el colectivo.
Llamamiento vecinal y solidaridad
Las familias afectadas hacen un llamamiento a los vecinos de Palmete y al conjunto de Sevilla para que apoyen su reivindicación, bajo el lema: “Hoy por mí, mañana por ti”. Aseguran que el desahucio, previsto para después de las fiestas navideñas, les mantiene en una situación de angustia e incertidumbre.
Consideran que se trata de “un desahucio social e institucional” que afecta a personas “humildes y vulnerables” que no tienen alternativa habitacional. Confían en que la solidaridad vecinal y la intervención pública permitan frenar el procedimiento.
Una 'prórroga' de 60 días
El Banco Santander, propietario de las viviendas, comunicó recientemente la "suspensión del lanzamiento" durante 60 días hábiles, por la presión vecinal. El desahucio estaba previsto para el 5 de diciembre.
En un comunicado, Barrios Hartos señalaba que los problemas entre una promotora, Emvisesa y el banco "no están por encima del derecho a una vivienda digna".
“Llevamos años deseando que el pleito se resuelva para que se regularice nuestra situación, a lo que el juez se ha negado una y otra vez, a pesar de los múltiples intentos por nuestra parte de personarnos en el procedimiento”, apuntaba la plataforma.
“Nuestra reivindicación es quedarnos en nuestras casas, porque no queremos que después de años de incertidumbre y ninguneo todo esto acabe con nuestras vidas en cajas de cartón”, remataba Barrios Hartos.