El Gobierno del PP vendió viviendas de lujo con vistas a la Giralda a precio de saldo a la 'jet set' sevillana

El Gobierno de Rajoy vendió a precios asequibles hasta cinco casas en pleno centro de Sevilla a familias de alta alcurnia, como una prima del rey emérito o la viuda del presidente de honor de ABC

El Gobierno de Rajoy vendió viviendas de lujo con vistas a la Giralda a precio de saldo para la 'jet set' sevillana.
El Gobierno de Rajoy vendió viviendas de lujo con vistas a la Giralda a precio de saldo para la 'jet set' sevillana. JOSÉ LUIS TIRADO

Cinco viviendas de lujo, propiedad de la jet set sevillana, y situadas cerca de la Giralda, en pleno casco histórico de Sevilla, fueron vendidas sin subasta y a precio de saldo, entre 2014 y 2018, gracias al Gobierno del PP que lideraba Mariano Rajoy. Las familias que residían en estas casas y palacetes desde el franquismo se beneficiaron de la macrooperación inmobiliaria llevada a cabo por los populares, y que publica infoLibre. El diario desvela que fueron vendidas por precios que oscilan entre los 1.600 y 2.300 euros por metro cuadrado, un precio bastante asequible para el tipo de vivienda de las que se trata. 

Soledad García-Conde Tartiere, viuda del que fue presidente de honor de Abc, Guillermo Luca de Tena; los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega —familia del exministro franquista José María Martínez Sánchez Arjona—; o Margarita de Orleans y Braganza, prima del rey emérito; son algunos de los afortunados inquilinos de estas viviendas. Hasta hay un conocido empresario del sector minero —y luego turístico— a quien un juez ordenó desalojar por impago y que el Estado terminó vendiendo una vivienda de 415 metros cuadrados por 682.800 euros.

El llamado Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para el periodo 2012-2020 se propuso aligerar el número de inmuebles propiedad del Estado, e "incrementar las ventas", operación en la que se enmarcan las transacciones realizadas a familias de alta alcurnia, que se hicieron con cinco casas de lujo en el centro de Sevilla —con un total de 2.502 metros cuadrados construidos, o lo que es lo mismo, como 25 pisos de 100 metros—, por lo que el Estado ingresó 5.286.822 euros.

El inquilino más problemático, el okupa de lujo que estuvo tres años sin pagar alquiler —de entre 900 y 1.000 euros mensuales—, residía en una casa de 415 metros junto al Alcázar. Patrimonio le ofreció quedarse como arrendatario o propietario de la mansión, de tres plantas, pagando 682.800 euros, en marzo de 2016. En el entorno del Alcázar, Patrimonio tiene otras 13 viviendas alquiladas, con inquilinos elegidos de forma discrecional. 

“Tras dejar de abonar el alquiler en 2013, fue desahuciado mediante un procedimiento judicial, si bien se le permitió seguir ocupando la vivienda hasta formalizar la venta a su favor”, Patrimonio del Estado en respuesta a las preguntas de infoLibre sobre el nuevo propietario del inmueble, añadiendo que se le adjudicó directamente la vivienda “en su calidad de ocupante en situación excepcional”.

El "ocupante", llamado John Andrew Mackay Adam, descendiente del fundador de la primera empresa de aguas de Sevilla (Seville Water Works) le traspasó la vivienda como dación en pago a su hijo, John Mackay Adam Gilbert. Al comprar la casa, "abonó 30.539,4 euros en concepto de indemnización por ocupación indebida", para compensar los 35 meses que había estado sin pagar alquiler.

Las dos viviendas más pequeñas de las vendidas entre 2014 y 2018 por el Gobierno de Rajoy medían 141 metros cuadrados y tenían un precio de 262.142 euros, o lo que es lo mismo, 1.855,34 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio en el centro de Sevilla estaba en 3.184 según datos de la consultora Hogaria. Uno de esos pisos fue vendido a Soledad García-Conde Tartiere, viuda de quien había sido presidente de honor de Abc, Guillermo Luca de Tena. El otro es propiedad de los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega.

La explicación de Patrimonio 

Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, asegura que el precio de venta se fijó "conforme establece la normativa patrimonial”. La Ley de Patrimonio de las Administraciones apunta que cada venta debe ir precedida de una tasación y que ésta "deberá ser aprobada por el director general del Patrimonio del Estado”.

Desde Patrimonio señalan que las ventas se realizaron en base al artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio, “que contempla que puedan acordarse enajenaciones directas a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal”. "Las ventas directas se llevaron a cabo a favor de los arrendatarios de las viviendas", agrega, añadiendo que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) "contempla que puedan acordarse enajenaciones directas a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal, como es el caso de los arrendatarios de viviendas".

“Podríamos hablar de okupas privilegiados a quienes primero la República permitió vivir ahí, luego Franco y ahora la democracia”, asegura el antropólogo y analista hispalense Javier Aroca, en declaraciones al citado diario. “Cuando llega la República–relata– el Gobierno concede a Sevilla la propiedad del Alcázar pero comete un error porque hay una serie de lagunas que benefician a los privilegiados y aprovechados del régimen para que siguieran manteniendo sus viviendas. Se puede considerar que aquello fue un error administrativo. Pero también un abuso porque el régimen franquista siguió manteniendo los privilegios de familias muy ilustres”, añade.

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