Eran tiempos de móviles sin Internet, de DJ Karpin y Prodigy a todo volumen en coches de cristales tintados y motos trucadas, pelados estrambóticos y mucho piercing y argolla. Los años noventa tenían su propia estética y también su particular manera de entender la noche. Antes de que alguien supiera qué era una red social y cuando para localizar a un amigo había que llamarlo a casa —con el riesgo añadido de que descolgara su padre—, miles de jóvenes comenzaron a hacer algo tan sencillo como comprar una botella, hielo, refrescos y vasos de plástico y reunirse en la calle para beber. El botellón en Sevilla comenzaba a formar parte del paisaje.

La imagen no pertenece precisamente al pasado. Esta misma semana, la llegada de la Policía provocaba una estampida de decenas de jóvenes en el Sector Sur de Sevilla, después de otra noche de botellón denunciada por los vecinos. La carrera fue cuestión de segundos; el problema que había detrás lleva casi treinta años recorriendo las calles de la ciudad.

No había historias de Instagram que anunciaran dónde era la previa ni grupos de WhatsApp que modificaran el punto de encuentro en cuestión de segundos. Mucho menos TikTok. El boca a boca funcionaba razonablemente bien y, cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles, un SMS hacía el resto. Tres décadas después, casi todo aquello pertenece a la arqueología tecnológica. El botellón, no.

La última alarma ha saltado en el Sector Sur de Sevilla, donde los vecinos denuncian concentraciones de jóvenes, ruido durante la madrugada, suciedad y episodios de vndalismo. Las carreras cuando aparece la Policía duran unos segundos. Después quedan botellas, vasos, bolsas y desperfectos. Y quedan quienes viven allí, mirando desde sus ventanas una escena protagonizada ahora por jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Sevilla comenzó a preguntarse qué hacer con aquel fenómeno. Porque el botellón no ha vuelto. Nunca terminó de marcharse.

Cuando beber en la calle se convirtió en costumbre

A finales de los noventa el asunto ya había pasado de la calle a los despachos. En 1998, la Junta de Andalucía estudiaba alternativas nocturnas culturales y deportivas para los jóvenes y planteaba reforzar el control sobre la venta de alcohol a menores. El problema comenzaba a adquirir dimensión política mientras aquella forma de ocio se extendía con una velocidad que las administraciones no parecieron saber interpretar.

Diego de Caralt, presidente de la AVV Puerto de Sevilla, llegó a la ciudad en 2001 y recuerda la sorpresa que le produjo aquello. "No daba crédito a lo que se veía en las calles", explica. Venía de un entorno donde sacar una copa de un establecimiento y consumirla tranquilamente fuera resultaba mucho menos habitual. En Sevilla observaba a grupos bebiendo delante de los bares para después entrar prácticamente sin consumir.

Caralt cree que ahí se cometió uno de los primeros errores: asumir que emborracharse de la manera más barata posible era simplemente otra forma de diversión juvenil. Las administraciones, sostiene, debieron combinar los límites con alternativas de ocio y un discurso mucho más claro sobre el alcohol. También introduce una responsabilidad menos cómoda, la de los propios adultos. "Durante nuestra infancia nos divertíamos con nuestros amigos y socializábamos sin ningún tipo de tomar alcohol", recuerda. Después llegaron generaciones que crecieron observando cómo buena parte de las celebraciones de sus mayores estaban acompañadas por una cerveza, una copa o una botella de vino.

Resulta tentador contemplar las actuales denuncias como una consecuencia de la evolución de la noche sevillana. La hemeroteca estropea rápidamente esa teoría. En 1997, vecinos de El Arenal acudieron a los tribunales por las consecuencias de la denominada movida juvenil. Cinco años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón y reprochó al Ayuntamiento su "pasividad" ante unas molestias que afectaban al descanso. La cronología tiene algo de desesperante. Los vecinos iniciaron aquella batalla en 1997, la sentencia llegó en 2002 y la ley antibotellón de Andalucía no sería aprobada hasta 2006. Mientras tanto, las denuncias hablaban de ruido, suciedad, orines, vómitos y desperfectos. Basta cambiar los nombres de las calles para trasladar buena parte de aquellas quejas a 2026.

"Un botellón trae degradación a la zona", sentencia Caralt. Habla de basura, pero también de algo bastante más difícil de retirar a la mañana siguiente: el desgaste de quienes viven encima. El dirigente vecinal asegura conocer residentes que se plantean abandonar sus viviendas. "Hay gente que te dice: 'Yo voy a vender mi vivienda, yo en cuanto pueda me voy de aquí'". Otros terminan simplemente cansándose de denunciar. "El vecino se rinde y convive con él", lamenta.

De la botellona al macrobotellón

El fenómeno creció y el vocabulario tuvo que adaptarse. Ya no bastaba con hablar de botellón. Llegó el macrobotellón. Reina Mercedes se convirtió en uno de sus grandes escenarios y en 2005 varias concentraciones reunieron a miles de jóvenes en el entorno universitario. Había que cortar calles, desplegar policías y asumir que una noche cualquiera podía congregar a varios miles de personas alrededor de unas cuantas botellas.

En 2006 aquello adquirió otra dimensión. Una convocatoria difundida por Internet volvió a reunir a miles de personas en Reina Mercedes y Sevilla terminó convertida en referencia de una peculiar competición nacional. Otras ciudades comenzaron a convocar concentraciones con la intención de superar las cifras sevillanas. Correos electrónicos, foros y SMS hicieron el trabajo que hoy resolvería cualquier red social en unos minutos.

Caralt recuerda aquellos años como el momento en que la respuesta institucional terminó aceptando el fenómeno en lugar de intentar cambiarlo. "Se crearon aquellos grandes botellódromos y, de aquellos polvos, estos lodos", sostiene. Para el presidente vecinal, trasladar a miles de jóvenes a un espacio alejado de las viviendas podía reducir las molestias inmediatas, pero dejaba intacta la cuestión principal: por qué había que asumir como inevitable que miles de adolescentes y universitarios necesitaran reunirse para beber.

Del SMS a TikTok

El botellón ha sobrevivido incluso a las herramientas utilizadas para organizarlo. Primero funcionó el boca a boca. Después llegaron los SMS y el correo electrónico. Más tarde, Tuenti. Hoy basta con WhatsApp, Instagram o TikTok. Cambia el algoritmo, pero no demasiado el plan.

Caralt asegura que existen perfiles y grupos donde circulan los puntos de encuentro y considera que las autoridades deberían utilizar también esa información pública para anticipar las concentraciones. Hay además una diferencia importante respecto a los noventa: buena parte de la noche está organizada con antelación. Los jóvenes compran entradas varios días antes para terrazas y locales y saben dónde terminarán la madrugada. Antes llega la previa.

"Si todo el mundo ha comprado entradas en tal local, alrededor de tal local le va a tocar el botellón, así de claro", explica. Caralt reclama que Policía, Ayuntamiento y establecimientos compartan información que permita prever grandes afluencias. Si un local ha vendido todas sus entradas, argumenta, no resulta demasiado complicado imaginar qué puede suceder unas horas antes en sus alrededores.

Andalucía aprobó el 24 de octubre de 2006 la Ley 7/2006, conocida popularmente como ley antibotellón. Para entonces el fenómeno llevaba años provocando conflictos. La norma reguló las concentraciones para consumir bebidas en espacios abiertos y proporcionó a los ayuntamientos herramientas sancionadoras para actuar ante un problema relacionado ya abiertamente con el ruido, la suciedad y la convivencia.

Veinte años después, Caralt considera que Sevilla no necesita descubrir una nueva solución jurídica. "La ley antibotellón ha demostrado que es eficaz porque no se aplica", afirma. La contradicción es intencionada. Su tesis es que existen herramientas suficientes, pero falta una aplicación continuada que convierta la prohibición en disuasoria. "Si se aplicase la ley cada día, si se aplicase cada fin de semana y hubiese un cuerpo policial suficiente para poder actuar y atajarlo, al final esto desaparecería".

El presidente vecinal cree que las administraciones tienen cierta habilidad para aprobar una norma, presentarla acompañada de una campaña y permitir después que el asunto pierda intensidad. Con el botellón, sostiene, ha ocurrido exactamente eso. Hay multas y actuaciones policiales, pero la continuidad de las concentraciones demuestra, según su interpretación, que no han conseguido alterar suficientemente el comportamiento.

Cuando la solución fue el 'botellódromo'

La respuesta administrativa dejó una de las paradojas más curiosas de esta historia. Mientras se prohibían determinadas concentraciones, se buscaban lugares donde pudieran celebrarse sin molestar a los vecinos. El Charco de la Pava acabó convertido en uno de esos escenarios y llegó a reunir a miles de jóvenes. Sevilla proyectó incluso Seviocio, un espacio juvenil rápidamente bautizado como botellódromo. La filosofía era relativamente sencilla: si no se podía acabar con el botellón, al menos podía sacarse de debajo de las ventanas. Para Caralt, aquello atacaba el lugar y no el problema. "De aquellos polvos, estos lodos", repite al recordar una política que, en su opinión, terminó institucionalizando aquello que pretendía controlar.

En marzo de 2011, una concentración de miles de personas en el Charco de la Pava terminó trágicamente. Francisco Javier Guerrero, de 23 años, murió tras recibir una puñalada durante una reyerta. Después quedaron también toneladas de residuos. Para entonces, hablar del botellón como una simple molestia nocturna resultaba difícil. Hay una factura del botellón que aparece cada mañana sobre el asfalto y otra bastante menos visible. Lipasam, Policía Local, servicios sanitarios, mobiliario urbano, señales arrancadas, vehículos dañados y dispositivos extraordinarios forman parte de un coste que Diego de Caralt considera que Sevilla debería cuantificar.

"Algún día habría que monetizar el coste del botellón en la factura de Lipasam", reclama. Su pregunta parece sencilla: "¿Cuánto cuesta al erario público de Sevilla limpiar estos botellones?". Cada dispositivo extraordinario, argumenta, consume horas de trabajo y recursos que dejan de utilizarse en otras zonas de la ciudad. El alcohol puede salir barato para quien compra una botella en un supermercado; la madrugada completa resulta bastante más cara.

Caralt amplía esa factura al vandalismo sobre vehículos particulares y mobiliario, intervenciones policiales y judiciales, intoxicaciones etílicas y asistencia sanitaria. A medio y largo plazo introduce además las patologías asociadas al abuso continuado del alcohol y las posibles consecuencias laborales. No existe una cifra que permita cargar todo ello en la cuenta de los botellones sevillanos y algunas de esas consecuencias responden a fenómenos mucho más amplios, pero su razonamiento apunta hacia las externalidades: quien bebe paga la botella; buena parte de lo demás se reparte entre todos.

"Se produce entonces una reasignación de recursos. Esto significa que ese dinero deja de estar disponible para financiar otras áreas básicas o enfermedades que no son prevenibles", sostiene. Su pregunta vuelve a dirigirse hacia la política: "¿Es lícito que un Ayuntamiento permita todo esto?".

El alcohol ya no tiene tan buena prensa

También ha cambiado el conocimiento sobre el alcohol. Durante décadas sobrevivió la idea de que determinadas cantidades podían incluso resultar beneficiosas para la salud. La evidencia científica reciente ha debilitado considerablemente ese discurso. Una investigación liderada por el Instituto de Salud Carlos III con casi 44.000 participantes concluyó que el consumo de cantidades bajas no reducía el riesgo de mortalidad respecto a quienes bebían ocasionalmente. El organismo recuerda además que no existe un umbral que garantice ausencia de riesgo y sintetiza su recomendación en cuatro palabras: "alcohol, cuanto menos mejor".

El presidente de la asociación de vecinos es más categórico: "Hay que decirlo ya de una vez y repetirlo: el consumo seguro o saludable es el no consumo". Y considera contradictorio intentar transmitir ese mensaje a los adolescentes mientras el alcohol continúa omnipresente en fiestas, celebraciones, acontecimientos deportivos y buena parte del ocio adulto.

Para él, la prevención debería comenzar mucho antes de que aparezcan policías y multas. Reclama educación sobre el alcohol, campañas para las familias, alternativas de ocio y programas específicos para menores sorprendidos bebiendo. El castigo económico, sostiene, puede servir de advertencia; difícilmente explica por sí solo por qué no debería repetirse la conducta.

Treinta años permiten contemplar otra escena. Los jóvenes que hicieron botellón durante los noventa tienen ahora alrededor de cincuenta años. Muchos son padres de adolescentes que salen por las mismas calles y compran las mismas botellas, aunque ahora paguen con el móvil y sepan dónde acabarán la noche antes incluso de salir de casa. Caralt cree que esa responsabilidad familiar debe formar parte de la discusión. Habla de menores que, ante las quejas vecinales, responden reivindicando sus derechos. "Derecho, derecho, derecho", resume. También asegura haber vivido situaciones en las que los padres han salido inmediatamente en defensa de sus hijos sin detenerse primero en las molestias que estaban ocasionando.

Su propuesta pasa por implicar a las familias cuando los infractores sean menores. Defiende programas obligatorios de concienciación sobre alcohol, ruido y convivencia e incluso actividades relacionadas con la limpieza de los espacios afectados. "Que entiendan lo que cuesta al erario público limpiar todo un barrio por su falta de educación", sostiene. La idea no es únicamente que sepan que beber en la calle puede terminar en multa, sino que comprendan quién recoge después los restos de su noche.

Una sensación de impunidad

Caralt utiliza repetidamente una palabra: impunidad. No niega que existan actuaciones policiales o sanciones. Su argumento es que una concentración capaz de permanecer durante horas y reproducirse durante sucesivos fines de semana termina transmitiendo que incumplir la normativa tiene pocas consecuencias. Y ahí deja de mirar exclusivamente a quienes sujetan la botella para señalar a quienes tienen competencias para impedirlo.

"Los políticos que permiten los botellones están prevaricando, así de claro", afirma. La acusación pertenece a Caralt y no responde a una calificación judicial. El presidente vecinal sostiene que deberían exigirse responsabilidades a quienes, conociendo que un barrio sufre reiteradamente problemas de ruido y concentraciones, no destinan los recursos necesarios para evitarlo.

Su asociación presenta propuestas en las juntas municipales, mantiene reuniones y traslada las denuncias a las administraciones. Caralt considera insuficiente ese recorrido cuando posteriormente las concentraciones regresan. "La postura que mantiene el Ayuntamiento en estos casos es dar palmaditas en la espalda", critica. Después de treinta años de legislación, sentencias y dispositivos, sostiene que el problema ya no puede atribuirse al desconocimiento. La crítica alcanza también al modelo de grandes acontecimientos desarrollado por Sevilla. Caralt considera que la ciudad acumula conciertos, eventos y celebraciones que necesitan dispositivos extraordinarios mientras los barrios reclaman más presencia policial. A ello añade una plantilla que considera insuficiente y envejecida, con agentes que pasan progresivamente a segunda actividad.

"El alcalde debe elegir entre contentar al sector hostelero y hotelero, que es el único sector beneficiado por tantos eventos, o la seguridad y tranquilidad de los barrios", sostiene. Su valoración sobre los beneficiarios del modelo es discutible, pero plantea un problema concreto: cómo compatibilizar un calendario creciente de grandes acontecimientos con los servicios ordinarios de seguridad.

Caralt recuerda que durante 2026 ha sido necesario aumentar las partidas destinadas a productividades y gratificaciones extraordinarias del personal municipal. En mayo, el Ayuntamiento aprobó una ampliación de doce millones de euros para este concepto, aunque esa cantidad corresponde al conjunto del personal y no exclusivamente a las horas extraordinarias de la Policía Local de Sevilla. Para el dirigente vecinal, el debate de fondo permanece: si un acontecimiento privado requiere un dispositivo extraordinario, debería asumir económicamente su coste. "Primero los barrios, los distritos y luego los eventos privados", resume.

"El opio del pueblo"

Caralt reserva sus palabras más duras para la relación entre política, ocio y hostelería. "El vasallaje político en Sevilla al sector hostelero es prácticamente vomitivo. No se actúa con la debida contundencia. Es más, se ensalza el consumo", afirma. Critica también la frecuencia con la que responsables públicos aparecen en establecimientos o actos sociales con bebidas alcohólicas mientras las instituciones desarrollan campañas para prevenir su consumo entre los más jóvenes.

Su interpretación llega todavía más lejos. "Es el opio del pueblo", sostiene al hablar de la tolerancia que, a su juicio, mantienen las administraciones hacia una cultura del ocio estrechamente relacionada con el alcohol.

La expresión pertenece a Caralt y tiene deliberadamente más pólvora que matices. Pero detrás queda una cuestión difícil de esquivar: cómo combatir el consumo de alcohol entre los jóvenes en una sociedad que continúa colocando una copa en el centro de buena parte de sus celebraciones.

El conflicto del Sector Sur tiene además una mirada puesta en el futuro. La AVV Puerto de Sevilla teme que el desarrollo del Distrito Urbano Portuario y el Muelle de Tablada multiplique las concentraciones asociadas al ocio nocturno. Caralt asegura que la asociación ha observado situaciones semejantes coincidiendo con determinados conciertos y señala también el entorno del Jardín de las Delicias, el Muelle de las Delicias y las terrazas próximas al Parque de María Luisa.

"Esta permisividad hará que el botellón aumente en la zona con el desarrollo de las zonas de ocio nocturno en el Muelle de Tablada", pronostica. Su previsión es todavía más pesimista cuando mira al conjunto del proyecto: "Ese es el futuro del Distrito Urbano Portuario: botellones, suciedad, ruido, etcétera, ante la inacción de las autoridades al aplicar las leyes ya existentes".

Es su pronóstico, no una realidad consumada. Pero explica por qué la asociación considera que lo que sucede actualmente no es una simple molestia estacional. Más locales y más público pueden significar también más previas en los espacios cercanos si el comportamiento actual permanece. Y Caralt rechaza una solución que Sevilla ya ensayó hace años: mover el problema. "Nosotros no queremos que el botellón se traslade a otro lugar, sino que queremos que se acabe con él".

Treinta años después

Se puede contar la historia del botellón en Sevilla siguiendo sus escenarios: El Arenal, Reina Mercedes, La Raza, el Charco de la Pava, Cartuja, Viapol, el campo de la Feria, San Bernardo, Los Bermejales, Las Delicias o el Sector Sur. También siguiendo la tecnología: boca a boca, SMS, correo electrónico, Tuenti, WhatsApp, Instagram y TikTok. O las respuestas administrativas: campañas, sentencias, una ley autonómica, sanciones, botellódromos, dispositivos especiales, policías y toneladas de basura retiradas a la mañana siguiente.

Han cambiado las generaciones, los lugares y hasta la música. Aquellos coches con Prodigy atronando en el maletero hace tiempo que desaparecieron de las calles y el teléfono con el que se organizaba una noche cabe ya en un bolsillo con más tecnología de la que entonces tenía cualquier casa. Pero después de treinta años la escena conserva demasiados elementos reconocibles: alguien compra alcohol porque resulta más barato beber fuera, un grupo se reúne antes de entrar en un local, los vecinos llaman por el ruido y, cuando acaba la noche, otros recogen lo que queda.

Caralt teme que el mayor triunfo del botellón sea precisamente ese: haberse convertido en paisaje. "Esto hay que lucharlo, hay que estar todos los días a pico y pala denunciando que esto es una barbaridad, que esto es una lacra", sostiene. Cuando un vecino deja de llamar porque considera que nadie acudirá, cuando cierra la ventana y acepta que esa noche tampoco dormirá, el problema deja de ser excepcional para convertirse en costumbre.

En 1997 unos vecinos de El Arenal acudieron a los tribunales. En 2002 el TSJA reprochó al Ayuntamiento su pasividad. En 2006 Andalucía aprobó una ley específica. Después llegaron macrobotellones, botellódromos, campañas, multas y sucesivas generaciones de jóvenes. En 2026 son los vecinos del Sector Sur quienes vuelven a reclamar presencia policial, descanso y aplicación de unas normas que llevan veinte años escritas.

Sevilla lleva tres décadas intentando resolver el problema del botellón. Tiene legislación, sentencias, experiencia policial y una hemeroteca suficientemente gruesa como para saber qué ocurre cuando se deja crecer. Para Diego de Caralt la explicación es mucho más corta: "No hay voluntad política". Treinta años después ya no quedan aquellos móviles sin Internet, DJ Karpin es un recuerdo generacional y los piercings dejaron hace mucho de escandalizar a nadie. El botellón, en cambio, sigue ahí. Y Sevilla continúa discutiendo qué hacer con él.