Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada contra la autorización administrativa concedida para la explotación de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. En su escrito, cuestionan la validez legal de la concesión minera otorgada a la empresa promotora del proyecto, al considerar que existen deficiencias documentales que, en su opinión, debieron motivar la inadmisión inicial de la solicitud.
Las entidades firmantes del recurso denuncian que se han incumplido procedimientos fundamentales en materia de evaluación ambiental. Entre ellos, destacan la ausencia de una Declaración Ambiental Estratégica vinculada al plan especial de explotación, así como la falta de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada para la planta de beneficio. También critican la aprobación de un vertido al estuario del Guadalquivir, que, según sostienen, no fue evaluado de manera adecuada ni sometido al proceso de participación pública previsto por la normativa.
En el documento remitido a la Junta de Andalucía, las organizaciones ecologistas expresan su preocupación por el uso previsto de la corta minera como depósito de residuos, sin que se haya realizado previamente un análisis de vulnerabilidad ante accidentes graves ni se haya elaborado un plan de emergencia exterior. Recuerdan que esta zona fue escenario de un grave desastre ambiental en 1998, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de extremar las garantías de seguridad.
El recurso se acompaña de cuatro informes técnico-científicos elaborados por investigadores de universidades andaluzas. Uno de los documentos, fechado el 22 de junio de 2025, analiza episodios recientes de contaminación vinculados al recinto minero y sugiere que, tras las lluvias de marzo, se produjeron vertidos al río Agrio. Estos hechos, según los firmantes, evidenciarían deficiencias en el control de emisiones y posibles incumplimientos de la normativa de aguas antes incluso de que se inicie la fase operativa del proyecto.
La contaminación del Guadalquivir
Las organizaciones recuerdan que el estuario del Guadalquivir constituye un ecosistema vulnerable y de gran valor ecológico, que ya presenta altos niveles de contaminación por metales pesados. Subrayan que las características físico-químicas de la zona favorecen la acumulación de contaminantes, por lo que cualquier vertido adicional debería ser evaluado con máxima rigurosidad y siguiendo el principio de precaución.
Ante estos argumentos, las entidades ecologistas instan a la Junta de Andalucía a suspender la autorización impugnada, revisar todo el procedimiento administrativo con las debidas garantías y asegurar que cualquier decisión futura sobre la mina de Aznalcóllar se adopte en cumplimiento de la legalidad vigente y en defensa del medio ambiente y del interés público.
