El conflicto por los terrenos de la antigua tabacalera de Altadis en Sevilla entra en una nueva fase. Ecologistas en Acción ha presentado tres recursos contencioso-administrativos ante el TSJA y los juzgados, además de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, para frenar lo que consideran una operación urbanística diseñada con “ingeniería legal” para eludir cesiones públicas obligatorias y maximizar el beneficio privado.
La federación acusa al Ayuntamiento y al promotor de una “miopía urbanística intencionada”, al evitar que el suelo fuera catalogado como Urbano No Consolidado, lo que habría implicado un plan de reforma interior con espacios libres, equipamientos públicos y una ordenación coherente. Según la organización, el proyecto ha “exprimido y sobrepasado” la edificabilidad, aumentando más de un 60% el aprovechamiento desde noviembre de 2022, y evitando la cesión de más de 8.000 m² de techo y 4.000 m² de suelo destinados a dotaciones públicas.
“Todo el diseño responde a una única variable: maximizar los metros cuadrados rentables para el promotor privado”, lamentan. Un barrio ya deficitario en servicios públicos, alertan, ve cómo se sacrifica aún más su capacidad de regeneración.
El impacto llega también al entorno del parque Manuel Ferrand, donde la urbanización de la calle Juan Sebastián Elcano ha eliminado el único acceso peatonal desde la calle Asunción y reducido la zona verde para habilitar solo 16 plazas de aparcamiento. A ello se suma la decisión municipal de destinar la última parcela pública del ámbito a oficinas administrativas. “Los Remedios no necesita más usos administrativos; necesita equipamientos sociales, culturales y deportivos”, subrayan.
El colectivo critica el silencio del Ayuntamiento frente a sus requerimientos, mientras destaca la rapidez judicial para condenar a un vecino que protestó pacíficamente por el deterioro del parque. Ecologistas tuvo además una reciente victoria en el caso Lagoh, donde el TSJA confirmó la nulidad del plan urbanístico, y continúa su ofensiva legal también contra el “mamotreto” del Villamarín, por considerar que lesiona el interés público y presenta “numerosas irregularidades”.
