El llamado Caso Anaís prosigue su recorrido judicial, tratando de esclarecer la contratación de una familiar de un responsable de Educación en Sevilla que no cumplía los requisitos, en la etapa del Gobierno socialista. El Juzgado de Instrucción nº17 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral, aunque todavía sujeto dicho enjuiciamiento de los 4 acusados a la resolución de sus recursos ante la Audiencia Provincial de Sevilla, para los que la Fiscalía solicita multa e inhabilitación, en distinto grado, e incluso pena de prisión.
El sindicato Ustea, personado en dicha causa como acusación popular, ha asegurado que la Fiscalía ha adoptado las tesis que ha defendido hasta ahora el sindicato a lo largo del procedimiento, e iniciado a resultas de denuncia interpuesta por el sindicato. El 11 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla para llevar a cabo determinados programas educativos.
Dicho convenio establecía que la Consejería de Educación adscribiría durante el curso a cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla. El convenio no establecía que la provisión de los docentes se realizara por el sistema de libre designación, debiéndose en todo momento respetar la normativa vigente y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La Fiscalía defiende que durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, la por entonces Jefa de Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla propuso a la hija del por entonces Jefe del Servicio de Inspección Educativa en el mismo ámbito, para uno de dichos puestos, pese a conocer que la misma no reunía los requisitos necesarios para dicho nombramiento, al no ser funcionaria de carrera docente ni personal interino integrante de alguna bolsa definitiva de trabajo de la Consejería de Educación. Además, a la entonces responsable del SOE (Servicio de Ordenación Educativa) de la Delegación de Sevilla, también se le acusa de haber falsificado dos documentos para pretender justificar la irregularidad de los nombramientos.
El también, por aquellas fechas, Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, y también encausado, procedió presuntamente a inscribir en el sistema integrado de Recursos Humanos dicho nombramiento irregular para el desempeño del citado puesto docente. El día 1 de septiembre de 2014 el, también por aquel entonces, Delegado Territorial en Sevilla de la Consejería de Educación, también acusado, sin hacer comprobación alguna, procedió al nombramiento definitivo de la beneficiada, la cual aceptó dicho nombramiento a sabiendas de que carecía de los requisitos necesarios para ello, defiende Ustea. Las distintas irregularidades dieron lugar a que otras personas inscritas en la bolsa para cubrir puestos de profesorado interino, que se sintieron perjudicadas, interpusieran el correspondiente recurso.
Los hechos, someramente descritos, son para la Fiscalía constitutivos de cuatro delitos de prevaricación del art. 405 y 406 del Código penal y de uno de falsedad en documento público del art. 390.1, 2º y 4°.
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