El secretario general de los socialistas de Bormujos, Jesús Macarro, ha denunciado al Gobierno local por establecer un "copago para el servicio de camas articuladas" en la ayuda a domicilio.
"El actual gobierno de Bormujos, único de la provincia de Sevilla en el que se mantiene un pacto entre PP y VOX, ha aprovechado la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre para aprobar la imposición de un copago para un servicio de alquiler de camas articuladas por 100 euros y grúas por 80 euros al mes, desde el servicio de ayuda a domicilio del Consistorio. Un servicio que durante la anterior legislatura y hasta la fecha venía siendo gratuito, dado el irrisorio coste que el alquiler de dicho material suponía para las arcas municipales”, expresa el edil socialista en esta localidad sevillana.
Según Macarro, el equipo de gobierno "arrasa" con los servicios públicos que durante años han beneficiado a los más necesitados. Para Macarro es un ejercicio de "cinismo y demagogia" que iniciaron en la última campaña electoral, cuando anunciaron una bajada de impuestos y tasas. "Es justamente lo contrario de lo que ahora están haciendo, ocasionando así un perjuicio en la economía doméstica de las familias más vulnerables. Llegando a extremo de recoger que en caso de impago, el ayuntamiento procedería a la retirada de dicho servicio”, dice.
El portavoz del grupo socialista también ha querido incidir “en el exponencial aumento de las tasas de veladores, reguladas por unas ordenanzas municipales aprobadas por el propio equipo de gobierno, hace "apenas dos meses". "Tasas a las que, de manera incomprensible, ellos mismos le han hecho alegaciones después de haberlas aprobado. Lo que en cualquier caso seguirá suponiendo para los hosteleros de Bormujos un incremento de algo más del doble con respecto a lo que venían abonando con las ordenanzas en vigor, a este respecto, durante la anterior legislatura”, denuncia.
Por último, el edil comunica que ha solicitado al gobierno local que deje de "vulnerar el articulo 4.3 de la ley 6/2005 de 8 de Abril que regula la actividad publicitaria en las administraciones públicas de Andalucía”. En esa línea, también ha querido hacerse eco de las numerosas quejas de vecinos y vecinas de la localidad por la utilización que, en el último tiempo, "se está realizando de las cuentas de las redes sociales del ayuntamiento, al censurar y borrar comentarios críticos y quejas de muchos usuarios, llegando incluso a ser bloqueados". "Cuestión que, inclumple el artículo 35.1A de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común al cercenar la libertad y derecho a la libre expresión y acceso a la información. Y los artículos 1 y 12 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”, concluye.