La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una queja de oficio por los recurrentes cortes en el servicio de telefonía e internet en diez municipios de la Sierra Morena sevillana, que afectan a aproximadamente 13.000 habitantes, con un alto porcentaje de personas mayores. Los cortes se producen durante más de doce horas de manera casi semanal desde principios de 2025, según se señala en el expediente consultado por Europa Press.
La Defensoría ha solicitado información a la operadora responsable del servicio universal de telecomunicaciones para conocer los avances y soluciones que permitan garantizar un servicio adecuado en la zona. La institución subraya la necesidad de mantener un acceso estable a la telefonía e internet, dada su relevancia para la vida diaria de los residentes.
Entre los problemas derivados de los cortes, la Oficina del Defensor destaca la suspensión de servicios esenciales como el uso de cajeros automáticos, pagos con tarjeta en establecimientos, dispensación de medicamentos en farmacias y el sistema de teleasistencia para personas mayores. Asimismo, se señala que la falta de cobertura ha afectado a la atención sanitaria y a servicios de urgencia, incluyendo la suspensión de operaciones en el hospital de Constantina y la interrupción del teléfono de emergencias 112.
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra indicó que algunas interrupciones podrían haber sido causadas por sabotajes, aunque insistió en que, independientemente del origen, es imprescindible garantizar un servicio de telecomunicaciones estable para el desarrollo económico, social y sanitario del municipio.
No es la primera vez
La Defensoría ya había tramitado una queja similar hace algunos años, motivada por la importancia de las telecomunicaciones frente a la despoblación en la comarca. En aquella ocasión, se investigaron las causas de las interrupciones y las medidas previstas por la operadora, que incluían incidencias puntuales, inclemencias meteorológicas, compensaciones a los afectados y el estudio de la construcción de una ruta de transporte alternativa para mejorar la estabilidad del servicio.
En la nueva queja, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicita información sobre los resultados de aquel estudio y considera que la situación afecta al derecho de los ciudadanos a la protección del consumidor y al acceso y uso de las nuevas tecnologías, así como a su participación en la sociedad de la información y el conocimiento, conforme al artículo 34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.