Miles de personas se concentraron este sábado en Sanlúcar de Barrameda en una manifestación contra los proyectos de reapertura de las minas de Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en Gerena. La movilización se dirigió contra los vertidos previstos al río Guadalquivir, que las organizaciones convocantes consideran una amenaza grave para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de él, como la pesca y la agricultura, además de para el entorno del Parque Nacional de Doñana.

La protesta se celebró pese a la lluvia bajo el lema No a los vertidos mineros al Guadalquivir y fue impulsada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace. Estas entidades señalaron que la movilización se enmarca en una campaña de denuncia por la falta de protección del río. La convocatoria contó además con el apoyo de varios ayuntamientos de la ribera y la desembocadura del Guadalquivir, entre ellos Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las organizaciones advirtieron de que los vertidos asociados a ambos proyectos mineros podrían tener efectos severos sobre el estuario. Según datos difundidos por Greenpeace, la mina de Los Frailes prevé el vertido de más de 85.000 millones de litros de agua con metales pesados durante 18 años, a través de una conducción cuyo punto de descarga se situaría frente al entorno de La Cartuja en Sevilla. En el caso de Cobre Las Cruces, se contempla un vertido de más de 32.000 millones de litros durante 14 años en la zona de La Algaba.

Los proyectos

Ambos proyectos incluirían, según las entidades, la presencia de metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Las organizaciones alertan de que estos elementos suponen un riesgo tanto para la biodiversidad como para la salud humana, al poder incorporarse a la cadena trófica y afectar a productos pesqueros y agrícolas del Bajo Guadalquivir y del Golfo de Cádiz, donde numerosas especies completan parte de su ciclo reproductivo.

Los colectivos convocantes han recordado además que el estuario del Guadalquivir presenta ya niveles de contaminación por metales pesados vinculados a vertidos anteriores de la mina de Cobre Las Cruces desde 2009. En este sentido, citan un estudio elaborado por universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, en el que se detectó la presencia de plomo por encima de los límites establecidos por la Unión Europea en albures, así como arsénico en niveles próximos al máximo permitido en galeras, especies de consumo habitual en la zona.

Las organizaciones han reclamado la paralización de las autorizaciones mineras mediante una moratoria y la creación de un comité científico independiente que evalúe el impacto ambiental, sanitario y alimentario de los proyectos. También han criticado la actuación de la Junta de Andalucía por la gestión de estos expedientes y por la supuesta falta de transparencia en la información técnica relativa a los vertidos, en un contexto en el que ya existen procedimientos judiciales abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.