CSIF denuncia el atasco en la única sede en Cádiz, un despacho en el Edificio San José, y pide refuerzo de recursos humanos y materiales. "Están en condiciones poco dignas y hay una manifiesta falta de personal", advierte.

Las demandas judiciales de afectados por los abusos de las cláusulas suelo colapsan la Justicia. La vía extrajudicial —el arbitraje ideado en enero pasado por el Gobierno— y los juzgados especializados no logran desastacar este conflicto. Solo en la provincia se estima que hay interpuestas más de 1.500 demandas, la cuarta de Andalucía donde se acumulan más reclamaciones por vía judicial. Y todas esas demandas van a parar al Juzgado de Cádiz, en el edificio San José, encargado de todos los casos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios que se registran en la provincia. Allí, como ha denunciado el sindicato CSIF en una nota de prensa, la situación es de "colapso debido a la manifiesta falta de personal". Además, han abundado, "sus instalaciones no son las más adecuadas para atender todas las demandas recibidas, obligando a la plantilla a trabajar en condiciones poco dignas". 

Según explica el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, este órgano judicial especializado en estos asuntos lleva tres meses en funcionamiento, con sólo tres funcionarios en plantilla, ha superado ya la cifra de asuntos que registra un juzgado de primera instancia de la capital en un año, que suele contar con ocho funcionarios (más de 1.500 asuntos). Ante la avalancha, la central sindical ha considerado que el juzgado de cláusulas suelo, que espera recibir un funcionario más en el mes de octubre, debería duplicar su plantilla para poder prestar un servicio ágil y de calidad al ciudadano y evitar que su personal se vea perjudicado por el estrés y la sobrecarga de trabajo que padece.

A partir de lo anterior, ha recordado que ya esta organización sindical se manifestó en contra de la decisión de la puesta en marcha de un juzgado exclusivamente destinado a estos asuntos y así lo ha hecho saber a la Administración de Justicia en diversas ocasiones. El sindicato ha entendido desde el principio que habría sido más efectivo dejar la situación tal y como estaba antes de la puesta en marcha de la medida dictada por el Consejo General del Poder Judicial, cuando se repartían los casos por todos los órganos competentes que hay en los distintos municipios de la provincia: "Se evitaba la acumulación excesiva de casos, el retraso en las tramitaciones y el desplazamiento a la capital de los ciudadanos de otras localidades de la provincia tal y como ocurre ahora".

Asimismo, CSIF ha asegurado que la ubicación de la oficina judicial (el despacho de los tres funcionarios actuales) es del todo "inadecuada y poco digna, pues se trata de la biblioteca del juzgado de San José, que es un cuarto sin ventilación y sin ventanas. Cuando llegue el refuerzo prometido en octubre, la situación se verá empeorada por la falta de espacio". De hecho, ya ha expuesto esta situación en la comisión paritaria (órgano de diálogo entre la Administración y representantes sindicales), pidiendo el cambio urgente de su ubicación a un espacio aceptable para atender tal volumen de trabajo. Del mismo modo, el juez encargado de estos asuntos tiene su despacho en la sala de videoconferencias, de forma que cuando hay videoconferencias, el juez tiene que abandonar su lugar de trabajo. Y por último, al no haber una sala de vistas exclusiva para este juzgado, se teme que cuando se empiecen a celebrar los juicios (en los próximos días), al tener que compartir sala con los demás juzgados de esta sede, se produzcan nuevos retrasos por falta de espacio. Ante todo esto, el sindicato ha manifestado que aguarda a que la Administración resuelva la situación cuanto antes y cumpla con los refuerzos y cambio de ubicación prometidos a los representantes de los trabajadores.

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