La Audiencia Provincial considera que Lorenzo Sánchez se valió de su cargo para adjudicar contratos públicos por valor de 800.000 euros a favor de sus empresas privadas.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha dado a conocer, tras más de seis meses de deliberación, su fallo sobre el conocido como ‘caso uniformes’, que salpicaba a la gestión del anterior equipo de Gobierno de coalición de Roteños Unidos (RRUU) y PP en el Ayuntamiento de Rota, tras la denuncia del PSOE local. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de casación.
Se acusaba al entonces bipartito de la compra de ropa de trabajo para el Consistorio –en la mayoría de casos mediante contratos menores, para sortear la Junta de Gobierno Local- a una red de empresas propiedad del que fuera alcalde, Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales, pese a que está prohibido a los cargos públicos hacer negocios con la administración pública. Entre 2003 y 2008, estas sociedades facturaron al Ayuntamiento cerca de 800.000 euros.
El exalcalde de Roteños Unidos y actual concejal, Lorenzo Sánchez, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por un delito continuado de negociaciones prohibidas y 13 años de inhabilitación por prevaricación continuada. No deberá entrar en la cárcel, al no ser la condena superior a dos años. El fiscal llegó a pedir hasta cinco años de prisión y 12 de inhabilitación por tres delitos: prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad.
Además, Montemayor Laynez, exconcejala por RRUU, ha sido condenada a la misma pena y por los mismos delitos. Y otro exedil de esta formación independiente, Jesús Corrales, a ocho años y seis meses de inhabilitación por delito de prevaricación continuada.
Por su lado, la también exalcaldesa del PP, Eva Corrales, ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cargo público por delito de prevaricación pero ha sido absuelta del cargo de negociaciones prohibidas. Corrales meses atrás era también condenada por el llamado ‘caso horas extras’ a cuatro años y medio de cárcel, por gratificaciones ilegales a un funcionario municipal. Todavía no ha pisado la prisión.
Finalmente, Rosario Pacheco, esposa de Lorenzo Sánchez, e Isidro Martín Bejarano, testaferro de este, han sido condenados como cooperadores necesarios a siete años de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación continuada y a un año de prisión por el delito de negociaciones prohibidas. Y para Ismael Puyana y Sonia Rodríguez, administradores de las empresas investigadas, se imponen seis años de inhabilitación.
La sentencia absuelve, por otro lado, a los entonces concejales de RRUU, Antonio Alcedo, Carmen Laynez; del PP, Juan Antonio Liaño Pazos y Antonio Peña; y a Juan Carlos Utrera, secretario del Ayuntamiento a la fecha de los hechos enjuiciados.
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