Manuel Balber y Jesús Galván, trabajadores cualificados del sector del metal, aseguran que llevan una década sin poder acceder a empleo en la provincia de Cádiz pese a existir carga de trabajo y demanda de personal especializado.
Estos dos trabajadores del metal y padres de familia han llevado a cabo este miércoles una acción de protesta extrema para visibilizar lo que describen como un presunto veto laboral que les impide trabajar en su tierra desde hace una década. Manuel Balber y Jesús Galván, soldadores cualificados, han desplegado una pancarta en una grúa de Navantia San Fernando como recurso desesperado.
"Tras agotar todas las vías posibles, hemos decidido hacer esta acción a título personal, propiciada por la situación en la que nos vemos de exclusión social. Debido a la represión sindical que sufrimos desde hace ya una década, la que nos impide trabajar en nuestra tierra y todo lo que conlleva a nivel familiar", explican en un comunicado. Su exigencia es clara: "Una solución política y que se cumpla la Constitución. ¡Hacer sindicalismo no es delito!"
Trabajadores cualificados 'obligados' a emigrar
Ambos cuentan con formación, experiencia, certificaciones y habilidades técnicas contrastadas en el sector del metal. Sin embargo, aseguran que no pueden acceder a empleo en Cádiz y se ven obligados a desplazarse incluso al extranjero para trabajar, pese a que en la provincia existiría carga de trabajo y demanda de personal especializado.
Su denuncia no se limita a su caso particular. Una recogida de firmas iniciada en Change.org señala que muchos de los afectados permanecen en el anonimato por situaciones que describen como coercitivas, tanto en subcontratas como en grandes empresas tractoras de la zona. Según el comunicado, esta situación no sería un hecho aislado, sino "una práctica prolongada en el tiempo" vinculada a la defensa pública y activa de derechos laborales y colectivos, y cuyo objetivo sería "generar miedo y silencio entre los trabajadores".
Exigen el fin de las "listas negras"
Los promotores de la denuncia consideran que estos hechos vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, la legislación laboral y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad sindical y el principio de igualdad.
Entre las reivindicaciones planteadas figuran el fin inmediato de cualquier veto o represalia laboral, una investigación urgente e independiente de los hechos denunciados y la garantía de igualdad real en el acceso al empleo en la provincia de Cádiz.
El manifiesto concluye con un llamamiento directo a la movilización ciudadana: "Firmar es romper el silencio. Firmar es defender los derechos de toda la clase trabajadora".
