Los soldadores Manuel Balber y Jesús Galván, con más de tres décadas de experiencia en el sector del metal, se han convertido en el centro de una denuncia pública por un supuesto veto laboral en los astilleros de la Bahía de Cádiz. Según el sindicato Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), ambos profesionales llevan años sin poder trabajar en factorías de la zona pese a contar con formación, homologaciones y una larga trayectoria profesional.
El origen del conflicto se remonta a más de una década atrás, cuando ambos trabajadores fueron supuestamente vetados inicialmente en la factoría de Dragados tras participar activamente en reivindicaciones laborales dentro del sector naval. Posteriormente, en el verano de 2020, Balber y Galván fueron despedidos de una subcontrata vinculada a Navantia en Puerto Real después de participar en protestas en las que reclamaban mayor carga de trabajo para los astilleros.
Aquella decisión provocó una fuerte reacción entre sus compañeros, que decidieron paralizar durante una semana los astilleros de Navantia en San Fernando y Puerto Real en señal de protesta por los despidos.
El TSJA declaró nulos los despidos
Los trabajadores decidieron recurrir judicialmente su despido y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio la razón. El tribunal consideró que la decisión empresarial era nula, al entender que se trataba de una represalia por su participación en acciones sindicales y reivindicativas.
Sin embargo, pese a esa resolución judicial favorable, ambos no pudieron reincorporarse a sus puestos de trabajo al tratarse de contratos eventuales vinculados a una obra concreta que ya había finalizado.
Desde entonces, según denuncia CTM, ninguna empresa de los astilleros de la Bahía ha vuelto a contratarlos, a pesar de que el sector atraviesa un momento de elevada carga de trabajo. De hecho, aseguran que algunas factorías, como Dragados, han tenido que recurrir a soldadores procedentes del extranjero para cubrir la demanda.
Obligados a buscar trabajo en el extranjero
Para el sindicato, la situación de Balber y Galván no responde a una decisión judicial ni a motivos profesionales, sino a una represalia prolongada en el tiempo por su actividad sindical. “El despido de ambos no fue un hecho puntual, fue una auténtica cadena perpetua”, señalan.
En su opinión, el caso no afecta únicamente a los dos trabajadores, sino que supone un mensaje disuasorio al conjunto del sector para evitar nuevas movilizaciones laborales. CTM considera que se trata de una vulneración de derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho al trabajo, protegidos por la Constitución.
El sindicato sostiene además que la situación ha provocado un fuerte impacto personal y económico en los trabajadores y sus familias, obligándolos a buscar empleo fuera de la provincia e incluso en el extranjero.
Llamamiento a sindicatos y fuerzas políticas
Desde la CTM han hecho un llamamiento a organizaciones sindicales, partidos políticos y colectivos sociales para encontrar una solución que permita que ambos soldadores vuelvan a trabajar en la Bahía de Cádiz.
Aunque reconocen que no existe un consenso sobre las “formas” de abordar el problema, insisten en que no actuar no puede ser una opción. El sindicato ha anunciado que se pone a disposición de todas las organizaciones que quieran colaborar para poner fin a esta situación y lograr que ambos profesionales puedan reincorporarse al sector del metal en su tierra.