Nueva operación policial en Sevilla contra el cultivo de marihuana. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado varios clanes familiares que, según la investigación, se dedicaban al cultivo de droga en un bloque de pisos que además se encontraba enganchado de manera ilegal al suministro eléctrico. El balance final de la actuación deja 12 detenidos, de los que 8 han ingresado en prisión provisional a la espera de juicio. La intervención se ha desarrollado dentro de la operación Blessed, un dispositivo en el que los agentes llevaron a cabo una amplia labor investigativa para aclarar lo que estaba ocurriendo en este inmueble. Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas permitieron comprobar que todos los inmuebles pertenecientes a un mismo bloque —en el que posteriormente se practicarían los registros— se abastecían de forma ilegal de energía eléctrica para poder mantener activos los cultivos de marihuana.
Ese fue uno de los puntos clave de la investigación. A partir de ahí, los agentes fueron avanzando hasta identificar en ese mismo bloque a distintos clanes familiares vinculados presuntamente a esta actividad. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se puso en marcha un importante operativo policial en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, donde participaron más de 80 agentes. El despliegue culminó con 8 entradas y registros. El resultado fue contundente. La Policía detuvo a 12 personas e intervino más de 1.000 plantas de marihuana, además de hachís, 3 armas de fuego con abundante munición, 1 arma simulada, varias armas blancas y más de 6.000 euros.
La operación, por tanto, no solo se saldó con el desmantelamiento de varios puntos de cultivo en ese bloque, sino también con la incautación de armas y dinero en efectivo. Todo ello en un escenario en el que, según la investigación, el suministro eléctrico se obtenía mediante enganches ilegales, una práctica utilizada presuntamente para sostener la infraestructura necesaria para los cultivos. Los arrestados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial. Tras ello, 8 de ellos ingresaron en prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.