Los problemas de conexión vuelven a poner contra las cuerdas a Grazalema. El municipio ha sufrido ya seis cortes de más de 24 horas en lo que va de año y la última incidencia, iniciada el pasado viernes, dejó a la población durante más de 72 horas sin internet ni telefonía en uno de los fines de semana más importantes del verano.

El alcalde, Carlos Javier García, ha reclamado una solución definitiva a Telefónica. Según ha explicado, la compañía "entiende y conoce la problemática" y "está trabajando" para reforzar la línea, pero el regidor exige que esa respuesta "sea ya" y que "se garantice un servicio de calidad". La situación, sostiene, es "insostenible". Incluso plantea una movilización conjunta con otros municipios de la Sierra que padecen problemas similares, entre ellos Villaluenga, Benaocaz, Ubrique y El Bosque.

La avería tuvo un fuerte impacto económico y social. Coincide, además, con agosto, un mes "buenísimo" para Grazalema después de un comienzo de año "muy malo", marcado por las borrascas de febrero que obligaron a mantener desalojada a la población durante 11 días.

Durante el apagón de comunicaciones se vieron afectados los pagos con tarjeta en comercios y establecimientos hosteleros, el acceso a recetas médicas electrónicas y la tramitación de expedientes administrativos en el Ayuntamiento.

Telefónica trasladó al alcalde que la avería tuvo su origen en un corrimiento de tierras entre los kilómetros 2,7 y 3,5 de la carretera entre Grazalema y Ubrique, junto a "un segundo punto de rotura adicional". El servicio quedó completamente restablecido el lunes por la tarde.

Para García resulta "una paradoja" que el municipio disponga de "una excelente conexión de fibra y 5G" pero que esta sea "muy poco resiliente" al depender de una única línea. Por ello plantea crear "una segunda línea de refuerzo o anillo de protección", similar al modelo de respaldo utilizado en la red eléctrica.

El Ayuntamiento ha presentado otra reclamación formal a Telefónica solicitando que aplique de oficio las bonificaciones y devoluciones correspondientes a los usuarios afectados. La petición se suma a mociones aprobadas por el pleno municipal y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y a reuniones con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Consejería de Industria de la Junta.

El PP lleva el problema al Congreso

La controversia ha dado también el salto a Madrid. El diputado del PP por Cádiz Miguel Sastre Uyá ha registrado varias preguntas en el Congreso tras la iniciativa impulsada por el PP de Grazalema-Benamahoma, que ha promovido una campaña en Change.org, recogida de firmas y movilización vecinal.

“Los compañeros del PP de Grazalema-Benamahoma han sabido escuchar la preocupación de los vecinos y han tomado la iniciativa, ante la falta de soluciones eficaces por parte de la interlocución entre el Gobierno y el equipo municipal. Vamos a trasladar esas demandas al Congreso. Queremos sumar esfuerzos y conseguir que esta reivindicación se convierta en una respuesta concreta por parte de la administración competente”, ha señalado Sastre.

El PP quiere conocer las causas técnicas de los cortes, si se han realizado inspecciones para comprobar las obligaciones de continuidad, calidad y seguridad de la red y qué ministerio está liderando la respuesta. También reclama un plan de inversiones con plazos concretos y sistemas de redundancia.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de las telecomunicaciones y exigir al operador una solución estructural. Además, el Estado cuenta, a través de la SEPI, con una participación del 10 % en Telefónica, lo que refuerza su capacidad para impulsar una interlocución efectiva”, afirma Sastre.

El diputado insiste en que “no se trata de buscar culpables por cada avería, sino de evitar que vuelva a producirse” y advierte del impacto que estos problemas tienen sobre el medio rural.

“Si queremos fomentar la vida en el medio rural, fijar población y crear oportunidades, disponer de internet y telefonía de calidad es esencial. Sin conectividad se dificulta la actividad empresarial, el turismo, el trabajo y el acceso a numerosos servicios públicos”, concluye.